El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó esta tarde, en sesión pública, los lineamientos con los que arranca, de manera oficial, la organización de la consulta popular que realizará el 1 de agosto, para determinar si es procedente abrir juicio político a exfuncionarios públicos.
Pese a que el INE promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por no contar con el presupuesto asignado –mil 500 millones de pesos– para organizar la consulta popular, el tema avanza en la parte administrativa.
Durante su intervención, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la controversia sigue su curso judicial en la Suprema Corte, y a pesar de ello, los consejeros electorales deben cumplir la obligación, en la medida que les permita el presupuesto.
“Nadie está obligado a lo imposible, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este derecho se lleve a cabo. Ojalá tengamos una respuesta positiva en los días por venir”, dijo en referencia a un aumento de presupuesto que debe liberar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Córdova detalló que el INE ha mantenido comunicación con funcionarios de esa dependencia, en las últimas semanas, donde se abordó que una reducción de 104 mil casillas a 91 mil, sería una alternativa financiera al problema del presupuesto.
No hemos recibido respuesta formal, por eso los documentos que hoy conoce este consejo están planteando la hipótesis. De sufrir una modificación –porque dependerá de las suficiencias presupuestales– [habría que ver] en qué condiciones se lleva a cabo
En ese contexto, el acuerdo aprobado propone buscar “enfrentar esta consulta con recursos propios”, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, la cual, deberá llevar a cabo “las gestiones administrativas a que haya lugar”.
El acuerdo también precisa que “las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto buscarán el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros para las actividades a realizar”.
Y analiza la posibilidad de implementar un mecanismo de voto electrónico presencial, es decir, a través de la urna electrónica para la recepción de opiniones durante la jornada de consulta popular.
El mismo acuerdo prevé revisar la viabilidad de incluir un periodo de inscripción para los jóvenes que cumplirán 18 años antes 1 de agosto, pero que no alcanzaron a inscribirse para obtener la credencial para votar en la jornada electoral del 6 de junio.
Los lineamientos asignan a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral tomar la planeación de la consulta conforme al plan y calendario aprobados, y señala que la Secretaría Ejecutiva se encargará de las gestiones que se requieren en materia de difusión a nivel nacional.
Lorenzo Córdova destacó que en la misma circunstancia económica se encuentra la consulta de revocación de mandato, agendada para realizarse en marzo de 2022, con el fin de que los ciudadanos decidan si continúa el presidente Andrés Manuel López Obrador en su encargo o no.
“Hay que señalar que todavía no tiene ley reglamentaria y muchos juristas nos preguntamos si el INE podría llevar a cabo un ejercicio que está mandatado en la Constitución, pero que no tiene base legal para su desarrollo”, cuestionó.