En mi cabeza no cabe que un padre de familia reciba dinero porque: “¿Sabes qué?, ya está perdido tu hijo, pero no lo encuentro, pero te voy a dar tantos millones de pesos y no hay ningún problema”, y que el padre se compre un carro del año o unos zapatos con un dedo del hijo o con el estómago del hijo o con los ojos del hijo”
Testimonio de un padre de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en "Yo sólo quería que amaneciera"
Hace unos días, el Fiscal General de la República señaló tajantemente: "se acabó la verdad histórica", en referencia a la teoría que sostuvo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa.
¿En qué consistía la supuesta “verdad histórica”? El 27 de enero de 2015, el entones Procurador, Jesús Murillo Karam, presentó públicamente sus “conclusiones” sobre el paradero de los 43 jóvenes señalando que éstos: “fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan (en Cocula). En ese orden, esta es la verdad histórica de los hechos”. Según la especie, lo anterior fue obra de un grupo delictivo denominado Guerreros Unidos. La expresión usada ("verdad histórica") junto con el “ya me cansé”, que Murillo Karam pronunció en noviembre de 2014 al final de una conferencia de prensa, fueron la gota que derramó el vaso y precipitó que dejara la institución en febrero de 2015.
Murillo se fue, pero la “verdad histórica” se instaló y defendió con uñas y dientes por parte del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia.
Esta conclusión fue siempre rechazada por los padres y madres de los 43 jóvenes y no pudo ser sostenida científicamente, especialmente a partir de las investigaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes señalaron: “no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero. Ese evento, tal y como ha sido descrito, no pasó".
Como titular, en ese entonces, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pude acercarme al dolor de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de los heridos y fallecidos; asimismo, seguí de cerca y no sin admiración su lucha por encontrar a sus familiares y compañeros, lo cual representa un ejemplo de la dignidad y ciudadanía que hacen tanta falta para cambiar a México, reconstruir su tejido social y recuperar la solidaridad perdida en medio de tanta violencia, criminalidad, corrupción e impunidad.
Entre los aspectos más admirables de la lucha de estos padres y madres se encuentra la exigencia de justicia y verdad como condición para cualquier acercamiento con la autoridad, sea cual sea. Por esta razón, no fue fácil para la CEAV avanzar en el acompañamiento a los familiares ya que sostenían --y con razón-- que no hay reparación posible sin verdad y justicia. Lo que ellos querían en ese momento --y quieren aún-- es que les entreguen a sus hijos y saber con certeza que fue lo que pasó.
En dicho sentido, el GIEI recomendó a la CEAV elaborar un diagnóstico que diera cuenta de los daños psicosociales, tanto a nivel individual como colectivo, que habían sufrido las víctimas directas y sus familiares a propósito de estos hechos, incluyendo los derivados de la revictimización y criminalización por parte de las autoridades. Así pues, este diagnóstico debía ser la base para iniciar un proceso de reparación integral. Ese fue también el sentido en que se pronunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el ejercicio de mi responsabilidad pública, me pareció oportuno que fueran los representantes de las víctimas (Centro PRODH y FUNDAR), quienes hicieran el diagnóstico, dada la cercanía y confianza que generaban en ellas. Aceptaron, pero con la condición de no ser financiados por el Estado.
El resultado de este diagnóstico se plasmó en un pequeño libro al que se llamó Yo sólo quería que amaneciera. De tal forma, el Centro PRODH y FUNDAR, en representación de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, plantearon a la CEAV y a la Secretaría de Gobernación (Segob) que se firmara un acuerdo donde el Estado mexicano se comprometiera a que dicho texto fuera la base del proceso de reparación, tal como lo solicitaron el GIEI y la CNDH.
Lamentablemente, los cambios en enero de 2018 al interior de la Secretaría de Gobernación generaron la negativa absoluta de dicha secretaría a firmar el acuerdo y aceptar el texto de marras. La razón que se adujo fue que en “Yo sólo quería que amaneciera” se exigía “el reconocimiento oficial de los daños producidos en los familiares por la difusión de la versión oficial sin suficientes pruebas científicas" y que esto representaba "una medida simbólica fundamental para empezar a reparar la relación rota con el Estado”. Todo ello implicaba, obviamente, aceptar la falta de consistencia científica de la llamada “verdad histórica”.
El arruinamiento de los acuerdos colocó en estado crítico la interlocución de la CEAV con las víctimas y sus representantes, pues fue esta última, como una institución de gobierno, quien había solicitado y presentado el diagnóstico que ahora desconocía otra parte del mismo gobierno.
El conflicto escaló al grado de llegar a las sesiones de la CIDH. En sesión pública, los padres, madres y sus representantes solicitaron que el Estado mexicano se comprometiera a que “Yo sólo quería que amaneciera” fuera la base del proceso de reparación integral, con lo que yo, como titular de la CEAV, estaba de acuerdo, pero no así la Segob y la cancillería. La anterior disputa llegó al extremo de querer impedir mi intervención en la sesión y, como insistiera en el ejercicio de mi responsabilidad, un funcionario del gobierno intentó quitarme la tarjeta que contenía el guión que yo seguiría. Como no tuvo éxito en su faena, provocó una sonrisa por parte de los comisionados de la CIDH.
No obstante, la posición oficial del Estado mexicano se mantuvo, con el consecuente rompimiento entre las víctimas y el gobierno.
Ante el anuncio del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que se cayó la "verdad histórica", me surge la duda sobre si la presente administración llegará hasta el fondo de las investigaciones y asumirá todas las consecuencias que se desprendan de ello, incluyendo fincar responsabilidades a quienes se mostraron incompetentes u omisos.
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