A diferencia del 2019, el gobierno federal determinó que el presupuesto en materia de ingresos ascienda a 6,096 mil millones de pesos, es decir, un incremento del 0.8 por ciento, con respecto al presupuesto de 2019. En la carta que el presidente López Obrador envío a la cámara baja (adjunta al paquete presupuestal) precisa que el sello del mismo es “realista y responsable”, pero con el fin de “erradicar la corrupción y la frivolidad”.
Así, en cuanto a ramos administrativos, la oficina de la presidencia tendrá un gasto de 918,577,842 miles de millones de pesos, siendo uno de los cinco rubros con menor presupuesto asignado pues en orden descendente, le siguen Tribunales Agrarios con 850,645,718; Comisión Reguladora de Energía, 252,881,468; Comisión Nacional de Hidrocarburos, 219,761,549; y Consejería Jurídica con 144,775,940.
La línea general económica del PEF señala no aumentar los impuestos ya existentes, no plantear nuevos gravámenes e incrementar la recaudación real. Con los miles de millones de pesos que se recauden, advierte el presidente, se priorizará el gasto social, en seguridad y sector energético, mientras que en los ramos administrativos hay “una disminución, en términos reales, de 2.6 por ciento respecto de lo aprobado en el ejercicio anterior”.
En ese sentido el capítulo II para las disposiciones en austeridad y disciplina presupuestaria, prohíbe gastos excesivos u onerosos incluida la remodelación de oficinas o compra de vehículos que no estén justificados. No autoriza la creación de nuevas plazas laborales ni estructuras orgánicas; permite aumentos salariales sujetos a aprobación y marca remuneraciones totales anuales autorizadas, según los anexos 23 del paquete presupuestal. Recomienda además eficiencia en la adquisición y arrendamiento de inmuebles, entre otros.
En materia salarial el anexo 23.1.1 señala que el sueldo máximo que podrá ganar un secretario de Estado al mes, asciende a 139 mil 979 pesos (111 mil 785 de sueldo, más 28 mil 94 en prestaciones); mientras que un subsecretario tendría un sueldo máximo de 138 mil 845, lo que significaría una diferencia de poco más de mil pesos entre uno y otro. En cuanto al salario neto mensual del presidente este ascenderá a 111 mil 990, es decir, 3 mil 334 pesos más que lo que gana este año.
En materia de comunicación, el PEF estipula que los poderes Legislativo y Judicial deberán ceñirse a la Ley General de Comunicación Social. “En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente, se sujetarán a la política de comunicación social del Gobierno Federal que formule la Oficina de la Presidencia de la República, con la intervención de la secretaría de Gobernación”, precisa.
Por ramo administrativo destacan que la secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra por encima de Gobernación pues contaría con un presupuesto de 8,723,637,695 miles de millones, mientras que la segunda asciende a 5 mil 804 millones 530 mil 229 pesos. Pero la dependencia que enarbola el combate a la corrupción, la secretaría de la Función Pública, contaría con menores recursos, 1,461,399,636 miles de millones; aunque esto significa más de lo que gastará la oficina presidencial. Cabe mencionar que en ninguno de estos cuatro ramos administrativos se permite la creación de nuevas plazas, por lo que se entiende que seguirán funcionando con el mismo personal con que a la fecha labora.
Tijera presupuestal
Pero es de destacar que en comparación con 2019, estas dependencias sufrieron importantes recortes. El más drástico es Segob que para este año ejerció para este año 60 mil 697 millones 282 mil 583 pesos, mientras que en 2020 será un promedio de 55 mil millones de pesos menos.
La SRE tuvo este año 8 mil 532 millones 283 mil 876 pesos, pero su recorte ascendió a 2 mil 727 millones menos, es decir, casi la tercera parte.
Mientras que la secretaría de la Función Pública, en comparación con este año, tuvo un incremento importante, casi del 50 por ciento, pues pasó de 901 millones 819 mil 393 pesos a mil 461 millones 399 mil 636 pesos.
Los migrantes
Siendo este sector uno de más sensibles en este año tras el endurecimiento de la política migratoria norteamericana; y el desarrollo de planes de colaboración con Centroamérica para frenar esta problemática; el PEF señala que a la atención de esta población (a través de la SRE) contaría con apenas 75 millones de pesos, estipulados dentro del anexo 11 (programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable).
Por otro lado se destinarían mayores recursos para la: atención, protección, servicios y asistencia consulares (un promedio de 134 mdp); actividades de apoyo administrativo (4,000,000); así como la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral (1,000,000 pesos).
Reconstrucción del tejido social
El anexo 19 marca uno de los programas más importantes para el combate a la violencia en el país y la reconstrucción del tejido social. Aquí se asignaron un total de 588,631,820 millones de pesos que serían distribuidos de la siguiente manera, en orden descendente. Atención y violencia contra las mujeres, 267,632,570. Protección de los derechos humanos y prevención de la discriminación 160,663,290.
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 53,684,050. Mientras que el rubro Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México (que se refiere a las acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos) no fue prioridad pues solo se le destinaron 41,534,124 pesos.
Desaparecidos ¿sin presupuesto?
Es de llamar la atención que el rubro de “Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, señalado en el anexo 26 como uno de los principales programas de la Segob, no cuenta en el documento del PEF de 149 páginas, con una asignación presupuestal pues no se precisa el monto que se le asignará en el año próximo.
Inclusión de CDMX
El PEF que envía el gobierno federal a través de la secretaría de Hacienda, destaca además la inclusión de la CDMX como entidad dentro de la distribución de recursos en materia de seguridad; en este caso el artículo 8 señala un subsidio de tres mil mdp “para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función”. Y precisa que éste deberá aplicarse según los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
fmma