Pasta de Conchos: la promesa de AMLO que aún no se cumple

Pasta de Conchos: la promesa de AMLO que aún no se cumple

A casi tres años del anuncio del presidente para iniciar y acelerar el proceso, familiares y viudas llegan al año 16 de la tragedia, sin el rescate de cuerpos

NACIÓN
  • MARCO ANTONIO MARTÍNEZ
  • 17/02/2022
  • 09:06 p.m. hrs
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Justicia. No hay otra palabra que defina la gran deuda que dejó la tragedia ocurrida en 2006 en la mina entonces propiedad de Grupo México, Pasta de Conchos, en Santa Rosita, Coahuila.

A pesar del reciente anuncio del gobierno federal sobre los avances de la primera fase del Plan de Reparación y Justicia para la región carbonífera de Coahuila, familiares y viudas de los mineros fallecidos en 2006 en Pasta de Conchos, ven llegar un año más, tres de este gobierno, más 13 acumulados previamente, sin concretar su mayor exigencia: el rescate de los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados aquel día.

Y la cifra continúa subiendo. En 2021 la Organización Familiares Pasta de Conchos (OFPC) documentó el fallecimiento de 11 mineros de la región, por lo que a un día de la tragedia registrada, la organización presentó un nuevo reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno de México por los actos y omisiones en los que ha incurrido.

Este 19 de febrero se cumplen 16 años de la explosión registrada en la mina 8 de esa unidad, por acumulación de gas metano y con efectos trágicos debido a las condiciones de inseguridad para trabajar en su interior. Murieron 65 mineros de los 73 en turno. Sólo dos cuerpos fueron recuperados. Quedaron atrapados 63. Permanecen dentro, desde entonces.

Este sábado familiares de las víctimas liberaron el sitio www.pastadeconchos.org en donde hacen un recuento de los hechos luego de tres lustros sin rescate.

Esa gran deuda, el rescate de sus cuerpos, fue promesa de campaña y compromiso de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada. El 1 de mayo de 2019 el mandatario anunció que comenzarían los trabajos para sacarlos de ahí.

"Es un acto de justicia y es un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo", expresó el primer mandatario. También afirmó que había presupuesto suficiente y que su gobierno estaba dispuesto a pedir perdón.

"El gobierno dejará de ser, por autoritarismo o por omisión, el principal violador de los derechos humanos", dijo entonces López Obrador.

Han transcurrido dos años y nueve meses. En el registro institucional hay un camino de fechas postergadas hasta llegar al anuncio de esta semana, muy cercano a la fecha conmemorativa de la tragedia.

 

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En la reunión realizada el pasado 15 de febrero entre autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Secretaría de Gobernación con familiares de las víctimas de la explosión, se acordó que, como no venía sucediendo, a partir de ahora se informe a todos por igual del proceso que se seguirá.

De acuerdo con los familiares consultados por La Silla Rota, las autoridades les explicaron de manera general el inicio de los trabajos de rescate. La obra, dividida en tres partes, comprende una primera con la construcción de los tiros verticales, la segunda, de construcción de rampas o túneles para acceder a la zona del desastre, y una tercera, con la búsqueda de los cuerpos propiamente.


*Nota aclaratoria al recuadro: El 19 de febrero de 2020, hace dos años, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, habló de pasos y fechas a seguir, tras la concesión de Grupo México al gobierno mexicano, para facilitar las obras de rescate.


"Es algo muy global este tipo de planeación que CFE da a conocer. No hay mucha certeza de que se vayan a cumplir. Ya pasó con la planeación que hicieron desde 2020, que supuestamente en septiembre de 2021 debieron haber comenzado el rescate. Los trabajos para la fecha de este mes, febrero de 2022, ya deberían estar conectando las rampas con los túneles antiguos, ya deberíamos estar en la fase tres y ahorita, prácticamente, no hay nada", cuestiona Elvira Martínez, una de las viudas de Pasta de Conchos.

Martínez destaca que, durante año y medio algunos de los familiares no tuvieron acceso a la información sobre el caso, por lo que, en la reunión del 15 de febrero exigieron ser tomados en cuenta y ser informados de manera constante sobre los avances de los trabajos.


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"Estábamos excluidos desde que CFE fue designada como encargada de darle continuidad a los trabajos, nunca fuimos convocados a una reunión y cuando pedíamos información nos decían que nos dirigiéramos con representantes, para ver si ellos autorizaban que tuviéramos esta información, cosa que no consideramos correcta", dice Martínez a La Silla Rota

A pesar de que las autoridades accedieron a informar a todas las familias sobre lo ocurrido, al día siguiente de la reunión, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, realizó un evento en la mina Pasta de Conchos que transmitió en una publicación en Twitter, donde afirmaba que los trabajos habían iniciado, sin embargo, no todos los familiares estaban enterados.

Además, la construcción de infraestructura como parte de la reparación a las familias, como polideportivos, ha sido decisión de las autoridades sin tomar en cuenta los deseos de las familias.

"La verdad causó mucha molestia. No estamos en contra del deporte, creemos que hacen falta este tipo de áreas para la comunidad, pero que hay más prioridades, necesidades básicas y no se llevó el tema de la manera adecua. Por ejemplo, nosotros aquí en Palau tenemos un sistema de drenaje muy antiguo, el cual está causando muchos problemas", señala Elvira, entre sus cuestionamientos, junto con el tema del urgente desarrollo de políticas públicas para atender la salud de los mineros en la región, que hasta ahora no es especializada por falta de infraestructura y personal médico especializado.

Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos:

Por su parte en entrevista con La Silla Rota, Alejandro Salafranca, director del área de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, confirmó que este 15 de febrero llegó la maquinaria para comenzar a hacer las lumbreras que permitirán el ingreso para el rescate. La CFE prevé que las lumbreras podrían quedar listas en 14 o 15 meses. "De manera casi paralela, en cuanto esté lista la licitación respectiva, unos tres meses, podrían empezar los trabajos para construir las rampas".

"Las lumbreras van a punto fijo y las rampas hacen un recorrido más amplio y largo, pero el objetivo es llegar donde se supone, porque no hay certeza absoluta donde estaban esos hombres dentro de que fallecieron, pero se tiene la bitácora donde se supone estaban".

PROGRAMA DE OBRA CONSTRUCIÓN DE LUMBRERAS EN LA MINA PASTA DE CONCHOS

El funcionario agregó la Secretaría de Gobernación ya hizo el pago de indemnizaciones al 99 por ciento, lo que significa que se han pagado 240 cheques, no sólo a viudas sino también a hijos, y sólo faltan pagar 4 más, a personas que por estar en el extranjero o falta de documentación, no se les han entregado.

Salafranca informó que en materia de vivienda, 34 núcleos familiares ya eligieron la modalidad, si remodelación o casa nueva, y quedan pendientes 31 más, y que, en cuanto al monumento, prevén que esté listo a fines de este año.

Agregó que el costo del proyecto lo asumirá el gobierno federal a través del presupuesto de la CFE, pero no especificó la cantidad. Respecto al retraso de las obras desde el anuncio de hace casi tres años, dijo: "Hubo un trabajo intenso para saber si era técnicamente viable", aunque la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, dijo desde 2020 que sí lo era.

Cortesía: Organización Familia Pasta de Conchos


En cuanto al cumplimiento de que en la región no haya repetición de las condiciones que dieron lugar al trágico accidente, petición de las familias de mineros fallecidos en Pasa de Conchos, el director de Trabajo Digno afirmó que la dependencia tiene oficina en Sabinas y en Múzquiz, así como equipo permanente para vigilar y hacer inspecciones para que se cumpla normatividad. "Los accidentes son responsabilidad de las empresas".

Finalmente, aseguró que la STyPS nunca dejó la coordinación del trabajo. A pesar de que en algún momento del proceso los mismos familiares sabían que pasaba a manos de la CFE.

EN EL CAMBIO... ¿TODO SIGUE IGUAL?

Después de analizar pruebas, en febrero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la razón a las familias y señaló que no se habían determinado hasta entonces las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos ni se habían recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros, además de que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, "es el Estado quien tiene el deber de impulsar el proceso".

En mayo de 2018, las familias peticionarias señalaron que, para llegar a un acuerdo de "solución amistosa" para el litigio internacional, el rescate de los cuerpos que llevan en el interior de la mina 16 años, era una condición previa necesaria. Al 19 de febrero de 2022, esto no habrá sucedido.

"Justicia. Ese es el gran pendiente desde hace 16 años, entendida como un reconocimiento de las víctimas, proporcionar la información necesaria, así como la apertura de las averiguaciones, los expedientes judiciales y el rescate. Todo está igual. Ahora lo que dicen las familias es que afortunadamente el caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que ahí suceda no lo pueden evitar, controlar ni manipular.

"Si deciden que así es como pretenden resolver las cosas, lo que va a suceder es que este gobierno será señalado como los anteriores y cargarán la sentencia. Para mí eso es muy penoso, que un caso que el presidente volvió emblemático tenga como destino una sentencia en la Corte Interamericana", expresa Cristina Auerbach, fundadora de la Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC), en entrevista con La Silla Rota.

Auerbach, quien desde 2006 ha documentado las precarias e ilegales condiciones laborales en las que trabajaban los mineros de Pasta de Conchos, así como la inseguridad que aún prevalece en las instalaciones que hay en gran parte de las minas de Coahuila, vive desde 2009 en la región y ahora es experta en el caso. También acompañó a los familiares en su demanda ante la CIDH contra el Estado mexicano, y donde se dio la razón a las familias.

La activista descarta que vaya a haber una solución amistosa entre los familiares y la Secretaría de Gobernación, tal como pretende el gobierno federal, que permitiría retirar precisamente el caso ante la CIDH, ahora encabezada por Adán Augusto López.

Explica que actualmente Gobernación sólo tiene de interlocutor al grupo conocido como "las viudas", que eran las esposas de los mineros, lo cual está muy bien, reconoce, pero quienes presentaron la demanda ante la CIDH fueron más de mil familiares de los mineros, porque antes que esposos los trabajadores eran padres o hermanos. Y con ellos la secretaría no se ha sentado.

"Ellos hablan del acuerdo que firmaron con las viudas como una solución amistosa, pero eso no es lo que plantea la CIDH, es lo que ellos quisieran", remarca Auerbach.

Detalla que como parte de ese acuerdo están las medidas de no repetición de la tragedia, que implica mejorar las condiciones laborales y de seguridad en las minas, lo que tampoco ha ocurrido:

"Los mineros de la región carbonífera de Coahuila aún continúan con sueldos bajos, y accidentes que acaban con sus vidas o los dejan con discapacidades, debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen.

"Por 2012 morían como 27 mineros al año en ese tipo de minas chicas y se extraían 3.5 millones de toneladas de carbón. Ahora se extraen 1.5 millones y mueren 11 trabajadores; en proporción estamos igual que en tiempos de Felipe Calderón, que tanto les repatea".

La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, prometió medidas de no repetición de las condiciones que causaron la tragedia de Pasta de Conchos, pero el modelo de inspección puesto en marcha por parte de la dependencia no ha evitado los accidentes laborales, reitera Acuerbach.

"Tengo documentos, respuestas de la secretaría diciendo que esos trabajadores no pueden entrar a trabajar y están trabajando. Y se vuelven a accidentar y regresan a inspeccionar y otra vez es lo mismo, así no se puede", critica la directora de la OFPC.

De acuerdo con un recuento de la Fundación Heinrich Boll, en Coahuila, entre 1883 y 2018 sumaban 310 accidentes en minas, con un saldo de 3 mil 103 personas fallecidas, de los cuales 721 fueron ya con presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, el cual actualmente es encabezado por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.

El accidente más reciente es el de la mina Micarán, Múzquiz, el 4 de junio, con 7 víctimas mortales, al parecer por desbordamiento e inundación. El Centro ProDH denunció desde octubre de 2020 las condiciones de la mina, e incluso había avisado a la CFE.

Auerbach se queja además de que ha habido desatención, falta de información y de mando para coordinar las acciones de reparación para los familiares, por parte de las dependencias federales encargadas de hacerlo, como son las secretarías del Trabajo, de Gobernación y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de la paraestatal CFE. Esta última tomó las riendas del rescate desde septiembre de 2020, en sustitución de la STyPS, como parte de un acuerdo firmado por el presidente López Obrador en el que los familiares aceptaban que luego del rescate, la CFE podía usar la mina para autoabastecerse de carbón.

La experta lamenta que desde entonces la CFE no informa ni toma en cuenta a la OFPC sobre cómo marcha el proceso. Se enteran de los avances de manera indirecta. En el anuncio del pasado 15 de febrero, las autoridades involucradas se comprometieron a que eso cambie.

Cuestiona también que no haya un proceso penal por la responsabilidad de la mina que estaba a nombre de Industrial Minera México S.A de C.V., filial de Grupo México, propiedad de German Larrea, por el colapso que acabó con la vida de los mineros, cuando está documentado que había condiciones de inseguridad.

"Uno ve que al final, después de 16 años, 3 partidos políticos y 4 administraciones, los empresarios se avientan de cabeza y caen parados y quien finalmente ordena y manda a los gobiernos son los empresarios, no los gobiernos", reprocha la activista.

-¿Debe investigarse a Grupo México?

-La fiscalía tiene los expedientes cerrados, ahí están y no es decisión del presidente otorgar la inocencia de una persona, sino de los tribunales y él tampoco tiene por qué perdonar porque a él no le hicieron nada, se lo hizo a las familias. No entiendo porque si el Estado asume la responsabilidad, ´bueno, sí también es nuestra culpa´, por qué es su responsabilidad y no de Larrea y del sindicato minero.

"Hay mucha frustración entre las familias, mucho desencanto y decepción. Era muy fácil hacerlo bien con las familias, pero decidieron el peor camino y manera y terminaron haciéndolo de forma autoritaria", dice Cristina Auerbach sobre los trabajos de rescate, en la antesala del decimosexto aniversario.

 

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LOS TRABAJOS

En su informe anual 2020, que fue presentado ante el Senado de la República, la CFE informó que a partir de que se hizo cargo de los trabajos comenzó la realización de los estudios de caracterización del subsuelo para generar la Ingeniería Básica y de Detalle para las obras de acceso y aproximación

A fines del año pasado fue publicada la convocatoria por parte de la CFE para la construcción de lumbreras PCT-1 y PCT-2 en la mina Pasta de Conchos.

De acuerdo con una nota de Proceso del 31 de enero, la licitación fue declarada desierta el 4 de enero pasado. Al concurso se presentaron 5 consorcios, entre ellos el de Prodemex-Proacon, pertenecientes al empresario Olegario Vázquez Aldir.

En el caso de esta empresa, su propuesta fue descalificada debido a que "no cumplía con la descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución".

Pero el 27 de enero fue la CFE la que pidió al consorcio formado por Desarrollo de Terracerías y Proacon México, que forman parte de Prodemex, una solicitud de oferta para otorgarle la adjudicación directa para la construcción de las lumbreras.

La decisión sorprendió a la activista Cristina Auerbach, porque Proacon no tiene experiencia en este tipo de obras, pero además por la forma en que se le dio la adjudicación directa, a una empresa propiedad de uno de los integrantes del consejo asesor empresarial del presidente López Obrador.

Recuerda que cuando la CFE retomó la obra, la paraestatal decidió que no lo haría personal suyo, sino la licitarían y no tomaron en cuenta lo que se había hecho, sino que volvieron a comenzar. Ahora, considera que lo que proponen es faraónico, como para una mina para 30 años, más propio de una obra hecha por ingenieros civiles y no en minerías.

"Resulta terrible ver que el dinero queda entre los mismos, entre los que van a tomar café a Palacio Nacional y ni CFE ni estas dos empresas tiene experiencia en minas de carbón ni en rescate de mineros y como no hay comunicación no sabemos cómo deciden, no sabemos nada", agrega.

También cuestiona la participación de Ingeniería, Asesoría y Consultoría (IACSA). Se trata de una de las empresas que supervisó el tramo colapsado el 3 de mayo pasado de la Línea 12 del Metro, por lo que su director general enfrenta cargos. En el caso del rescate de Pasta de Conchos, IACSA, de manera conjunta con Dominus Soluciones Sustentables, logró, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, tres contratos con la CFE por 7 millones 796 mil 056.76 pesos cada uno, que suman 23 millones 388 mil 170.28 pesos.  


CON INFORMACIÓN DE INGRID SÁNCHEZ