Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas que propone invalidar la reforma constitucional del 2019 sobre la duración del mandato del actual gobernador de Baja California.
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Ante este panorama, los partidos de oposición demandan a la SCJN invalidar la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco el mandato Jaime Bonilla.
Ángel Ávila, dirigente del PRD, pidió a la Corte invalidar la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución estatal y defender con ello la democracia y a las instituciones.
El perredista pide a los 11 Ministros actuar con independencia, imparcialidad y autonomía este lunes, cuando discutirán la llamada Ley Bonilla.
"Nos enfrentamos ante un atentado a la democracia, por lo que confiamos que la Corte dé la razón a la legalidad", señaló.
El perredista consideró que la ampliación del mandato de Bonilla después del proceso electoral va en detrimento de la vida democrática, del pacto federal y pone en riesgo todas las conquistas ganadas en 30 años de transición democrática.
Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llama a invalidar la ampliación de mandato de Bonilla, ya que avalarlo abriría la puerta al autoritarismo y dejaría un precedente irreparable que quitaría certeza a los procesos electorales.
"Hacemos un llamado a mirar en favor de los bajacalifornianos y de sus derechos políticos, que ya dejaron claro en las urnas su voto para que el Gobernador de Baja California sólo gobierne por dos años", indicó.
El líder albiazul dijo que el sistema electoral está diseñado para garantizar el voto de los ciudadanos, no los caprichos de los gobernantes en turno.
Mientras que Movimiento Ciudadano indicó que la resolución de la SCJN sobre la Ley Bonilla debe reafirmar el orden constitucional y una gubernatura de dos años para Baja California.
La Corte debe ser un muro de contención contra la aspiración antidemocrática de Morena, toda vez que la intención de incrementar en tres años el periodo del actual Gobernador violenta los principios democráticos y la voluntad del pueblo de dicha entidad.
Hoy más que nunca, el tribunal debe hacer valer su autonomía e independencia ante un proceso que vulneró el proceso legislativo al aprobar la reforma constitucional en un solo día, y el proceso electoral al actuar en contra de la voluntad de quienes a través de su voto avalaron un periodo de gobierno de sólo dos años.
Con información de Reforma
(Karla Alva)