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¿Parlamento Abierto o simulación?

Además de la desorganización, destacó la participación de expertos del sector salud que parecieron desconocer lo establecido en la Convención sobre derechos PCD

Escrito en NACIÓN el

Todo comenzó y siguió mal. El “Parlamento Abierto” prometido desde el jueves pasado por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de diputados, Miroslava García, resultó ser, como mínimo, un evento mal organizado donde un gran número de especialistas de la comunidad de personas con discapacidad y la sociedad civil no pudieron entrar porque “su micrófono” no se abría, contrario a todos los representantes de la Secretaría de Salud.

Comencemos por lo previo: aunque el Parlamento fue anunciado el 5 de noviembre fue hasta el domingo 8 cuando se abrió un portal donde debían de registrarse todos aquellos que querían ser ponentes en cuatro mesas. Ese mismo día tenían que mandar una ponencia para cinco minutos y sus datos personales con una identificación oficial.

Otro punto: la plataforma no era accesible a lectores de pantalla. Fue anunciado en varias horas: en la página a las 14:20; en Twitter, a las 15 horas. Y sólo se difundió el mismo día.

Psiquiatra tras psiquiatra

Si no fue intencional, parecía. En la mesa 1 no pudieron hablar ni Margarita Garfias (aunque estaba en línea desde las 14:20) tampoco Carlos Ríos Espinosa, investigador senior de Human Rights Watch ni Tina Minkowitz, presidente del Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, quien es considerada una de las madres de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tampoco pudieron entrar Amalia Gamio, quien pertenece a la Comisión sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en Ginebra. Con decirles que Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Salud tampoco pudo entrar. Lo llamó una “farsa” y ofreció una disculpa.

Tampoco pudo acceder al Parlamento Abierto la también diputada perredista Verónica Juárez Piña:

Aunque sí pudieron entrar Víctor Lizama, Ángel Ferrer, quienes trabajan en Documenta, y también Ilse Gutiérrez -aunque solo con audio- de parte de Sin Colectivo, casi todos los demás ponentes fueron médicos psiquiatras de la Secretaría de Salud que avalaron la iniciativa.

Fue Víctor Lizama, quien también pertenece a #Sincolectivo, un grupo de expertos por experiencia usuarios de salud mental, el primero que se refirió a que lo que vimos no puede ser considerado un parlamento abierto y menos a una consulta: ”Esto no es un parlamento abierto, no es accesible para personas con discapacidad. Llamamos a la Cámara de diputados a hacer una verdadera consulta, a hacerlo bien, de otra manera, la agrupación Sin Colectivo no va a acompañar ni a avalar una reforma que vaya en contra de las personas con discapacidad”.

La presentación de las mesas se hacía, muchas veces, sin presentar a la persona que hablaría por sus credenciales o cargo, sólo con nombre y hubo declaraciones lamentables (por su falta de visión sobre derechos humanos de personas con discapacidad), conceptos erróneos y lenguaje caduco. Incluso citaban a la OMS con una perspectiva distinta a la actual que califica a la salud mental como un “bienestar físico, mental y social y no solamente a la ausencia de afecciones o enfermedades”.

También algunas presentaciones simplemente no se veían vía las transmisiones abiertas en Youtube o bien a través de la página de Facebook del Canal del Congreso.

Diversos psiquiatras llamaron a no “estigmatizar” el internamiento involuntario. Aceptaron que internan a personas contra su voluntad cuando así lo piden las familias. Incluso a personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, la doctora Osiris Pasarán, del hospital psiquiátrico más grande de México, el Fray Bernardino de Sahagún, que llamó a la institución en la que trabaja un “hospital moderno”, admitió que cada año hay 2 mil 600 internamientos forzados.

Había doctores que -disculpen la falta de nombres, pero no había identificadores ni tampoco un intérprete en Lengua de Señas Mexicana- se atrevió a decir que la discapacidad no cambia y que las “personas que tienen trastornos mentales no son discapacitados”.

Otro hizo referencia, a que las personas con “retraso mental” tienen mayor riesgo de caer en adicciones y aseguró que los trastornos mentales así como las adicciones son, ambas, “enfermedades del cerebro”.

Aunque algunos psiquiatras lo ignoran, desde el 2012 fecha en que nuestro país ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a las personas con alguna condición de salud mental se les considera una persona con discapacidad. Ergo, deben de ser escuchadas en esta ley y en todas las que los involucren como marca dicha Convención en sus obligaciones.

Lisbeth Brizuela, de Disability Rights International, habló de lo encontrado en su pasado informe en hospitales psiquiátricos y que publicamos en Yo También. Hizo un llamado a hacer una verdadera consulta: “Este espacio representa una simulación de parlamento abierto. Requerimos una consulta abierta que contemple a personas usuarias de salud mental, personas detenidas en instituciones que no pueden alzar su voz”. Lo hizo ver muy claramente este tuit de En Primera Persona, también una organización de personas con discapacidad psicosocial que llamó al ejercicio de “parlamento abierto” un “monólogo” de la Secretaría de Salud.

Un foro la próxima semana

Las diputadas Tagle y Juárez Piña, al cierre de esta nota, se ofrecieron a hacer un foro sobre Salud Mental para la semana que entra, en principio el 17 de noviembre. Ojalá y ese sí esté bien organizado y la sociedad civil experta en estos temas así como, sobre todo, personas con discapacidad psicosocial puedan participar y que sean escuchados y escuchadas por los y las legisladoras. Sólo así se podría hacer un capítulo nuevo de Salud Mental acorde a las necesidades y con base a derechos humanos.