Los alumnos de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) estaban ilusionados que con el cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, habría más recursos para su escuela y tendrían claridad sobre la validez de sus estudios.
Su ilusión estaba basada en que la escuela nació en 2015 de la asociación civil Movimiento de Regeneración Nacional que se sustentaba con presupuesto de aportaciones de diputados de Morena y el año pasado comenzó el procedimiento de transición para formar parte del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, uno de los proyectos educativos más importantes del gobierno.
Sin embargo, a mediados del año pasado comenzaron a verse cambios en la Ponciano Arriaga, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de México, que hicieron sonar las alarmas de los alumnos.
En nombre de la austeridad republicana, comenzó a faltar el papel de baño y las autoridades apelaron a los alumnos para que ellos lo pusieran. La administración despidió al guardia que vigilaba la escuela, por lo que se registraron robos en los que se llevaron proyectores y bicicletas. Los alumnos volvieron a entrarle al quite y unos que sabían de herrería pusieron barrotes para proteger las instalaciones, aseguraron estudiantes de guardia.
“La situación se ha ido deteriorando desde el material que ocupamos en la escuela, los equipos, la biblioteca no está completa. Desde que hicimos este cambio la chica que manejaba la biblioteca y era especialista en ello se fue, cualquier persona tomaba el cargo de la biblioteca. No teníamos trabajadores que hicieran la limpieza, los alumnos nos tuvimos que organizar. No había seguridad, las credenciales debimos cooperarnos para entregar el material y que se nos diera una para ingresar. Aparte de este tipo de situaciones la plantilla de los maestros disminuyó”, explicó a La Silla Rota Vanessa, de sexto trimestre.
“Hay salones con 60 alumnos, tuvimos que tomar clases en el auditorio, se hizo una sobrepoblación en esta escuela, el inmueble no da para todos los estudiantes, por lo tanto la atención hacia los estudiantes fue disminuyendo y nos debimos ver en la penosa necesidad de poner de nuestros bolsillos para traer jabón, hacer la limpieza y en dado momento turnarnos para resguardar la entrada. Ya no teníamos seguridad, se robaron equipo y bicicletas y nos estuvieron arriesgando a que nos asaltaran dentro del inmueble”, recordó.
Como parte de la integración de la escuela a las 100 universidades del Bienestar Benito Juárez que forma parte del proyecto de gobierno de López Obrador, se comenzaron a gestar cambios en los planes de estudio. Renunció el anterior director y fue designada Verónica Castro Flores en su lugar.
Con la llegada de la nueva directiva comenzó a ser despedido personal administrativo y a los profesores se les empezó a exigir acudir 38 horas a la semana, lo que ya no le convino a algunos porque además esas horas tenían que dividirlas en tres turnos, por lo que había horas muertas, explicaron otros alumnos entrevistados por La Silla Rota.
Otro tema que causó inconformidad en la planta académica es que modificaron el reglamento y a diferencia de muchas escuelas y universidades, se decidió acabar con la libertad de cátedra y los maestros, con especialidades en derecho, terminaron como todólogos y dar clases de otras especialidades que no dominaban, dijo por su parte la profesora Mónica Flores.
“Derecho internacional es mi especialidad pero ahora quieren que seamos todólogos, ahora doy derecho constitucional y teoría de Estado”, agregó la profesora.
La gota que derramó el vaso fue la visita que hizo la coordinadora de Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, el pasado 17 de febrero a la escuela. Ese día coincidió el despido de dos trabajadores con la visita de Sosa y los estudiantes aprovecharon para plantearle sus inquietudes. Además, ese día una compañera tuvo problemas respiratorios y no había una enfermería para atenderla.
La ex titular de Desarrollo Social capitalina en el gobierno de López Obrador en la ciudad de México se refirió a los estudiantes como “rechazados”, según un video grabado por ellos mismos y disponible en Comunidad Universitaria de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga.
“Que hemos abierto una opción educativa para estudiantes rechazados de otras opciones educativas y hemos hecho todo lo posible para que no se interrumpan las actividades independientemente de los problemas administrativos que se han ido presentando. Partiendo de ahí podemos decir como quiera la escuela se pudo haber cerrado el año pasado, el antepasado, no se cerró y se ha hecho un esfuerzo para que se siga trabajando”, les dijo la funcionaria durante su visita ese lunes.
También les pidió valorar que “a pesar de los pesares” se resolvieron los problemas de los planes de estudio, en relación a las becas y que no se estableciera un límite de edad para recibirlas.
“¿Hasta ahí voy bien?”, agregó mientras carraspeaba. Explicó que el programa de Universidades para el Bienestar es una institución nueva que “estaba asumiendo toda la historia de una institución vieja donde estaba una buena parte de ustedes, no todos”, añadió.
“Hay que hacer un procedimiento que tiene que ver con cómo lo que teníamos antes puede continuar y proseguir los estudios quienes tienen que concluirlos y cuáles son las nuevas normas que tenemos para todo el programa. Eso causa dificultades y seguramente incomprensión”, justificó.
Reconoció que lo primero que intentaron es que el personal administrativo sea “la menor cantidad posible”, según se desprende del video.
Los estudiantes afirmaron que las respuestas de Sosa a las inquietudes de ellos no los satisfacieron y que se lo dijeron y ella lo que hizo fue irse junto con la directora del plantel, Verónica Castro y simplemente abandonaron la escuela, con unas cajas que se llevaron. Desde entonces están en paro.
SIN CERTEZA
La Escuela se encuentra en Luis González Obregón 9, en el corazón del Centro Histórico, frente a la Secretaría de Educación Pública. Las instalaciones de la EDPA forman parte de lo que fue la casa del escritor guanajuatense. Es un edificio de 4 pisos, con un pequeño patio donde los estudiantes aprovechan la luz matinal para desayunar. Los que se quedan de guardia lo hacen en el auditorio, donde hay instaladas unas casas de campaña para pernoctar.
Desde el 15 de mayo de 2019 la situación ya pintaba complicada. El profesor Ismael Cano envió una carta a La Jornada donde explicó que no había dirección, ni consejo académico ni coordinación y que para dar su clase fueron los propios estudiantes los que le proporcionaron plumín y borrador. Él mismo no había recibido pago alguno por su trabajo, aseguraba en la misiva.
Sosa le contestó en las páginas de El Correo Ilustrado, de La Jornada. Admitió que había una transición larga y le dijo que ya debía haber concluido la entrega de documentos para integrar la EDPA al programa de Universidades para el Bienestar.
También se refirió a las becas y que ya estaban inscritos al programa respectivo y prometió que esa misma semana se regularizarían los pagos.
Pero los alumnos entrevistados aseguraron que no todos estaban inscritos en las becas y que parte de la plantilla de 70 maestros dejó la escuela por falta de pagos.
Los estudiantes compartieron sus inquietudes con La Silla Rota mientras desayunaban con materias primas obtenidas de donaciones de organizaciones sociales, como gente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundada por López Obrador cuando gobernó la capital.
“La universidad está pasando por un proceso de precarización como lo llaman en el gobierno y como lo menciona la señorita Raquel Sosa. No tenemos una certeza jurídica de que estemos respaldados con nuestras matrículas y por ende tampoco tenemos certeza para poder titularnos. Tanto nosotros como los que van a salir en el próximo ciclo y nosotros solicitamos que se nos respalde con base en esto y tener una postura fija y certera de la situación por parte de las autoridades correspondientes”, exigió Jessica Fernanda Avilés, de tercer trimestre.
Adicional al pliego petitorio y el punto de tener la certeza de su titulación, pidieron que no se les criminalice, ya que el 25 de febrero Sosa emitió un comunicado a título personal donde difunde los nombres de 31 de los paristas y los acusa de haber cerrado de manera violenta.
Demandamos a quienes cerraron de manera violenta las instalaciones de la escuela a que las devuelvan pacíficamente a las autoridades de la sede y del programa ya que no solo afectan el derecho del resto de los estudiantes a continuar con sus estudios sino que ponen en entredicho los principios fundamentales del derecho
Pero uno de los alumnos, Rodrigo muestra que la escuela está en orden e incluso ellos colocaron sellos en los salones y áreas administrativas para evitar que cualquiera pase y haga daño. Reiteró que fueron las autoridades las que abandonaron el plantel.
Otros puntos de su pliego son tener seguridad para el personal administrativo despedido injustificadamente, y que no se reprima a los profesores que también han sido violentados
“Queremos educación digna, no pedimos cosas fuera de lo común”, concluyó uno de los alumnos.
La página de la Escuela tiene publicado su último boletín el 24 de mayo de 2019, donde se refiere a la inquietud de los estudiantes por el nuevo plan de estudios y da a conocer que habrá sesiones informativas para cada generación, de las cuatro que convivían en la escuela.
La Silla Rota buscó a Raquel Sosa pero no pudo comunicarse con ella.
(María José Pardo)