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PAN-PRD-MC: cinco ejes de su agenda legislativa

En 15 iniciativas buscan un nuevo régimen, combate a la corrupción, seguridad y justicia, control del gasto, austeridad y mejora salarial, y blindaje electoral

Escrito en NACIÓN el

A unos días de registrar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron una agenda legislativa común con diversos temas que consideran prioritarios para el último año de la actual Legislatura.

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La plataforma presentada en la Cámara de Diputados por los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consta de 15 iniciativas que se dividen en grandes ejes, entre los que destacan: “Hacia un nuevo Régimen”, “Combate a la Corrupción y la Impunidad”, “Seguridad y Justicia”, “Control del gasto, austeridad y mejora salarial” y “Blindaje Electoral”.

La Silla Rota te explica en que consiste cada uno de los ejes que durante el siguiente año impulsarán juntos la izquierda y la derecha.

Hacia un nuevo régimen

Como parte de la transición hacia un nuevo régimen de gobierno, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano promoverán diversas iniciativas que buscan cambios en la manera de gobernar desde todos los niveles, así como recuperar la confianza ciudadana hacia la clase política.

Esta primer plataforma incluye la iniciativa para expedir una Ley Federal de Gobiernos de Coalición, para abrir la posibilidad de que varios partidos políticos estén representados en un proyecto de gobierno independientemente de quien lo encabece.

Fundamentalmente, se busca garantizar una mayor representatividad entre fuerzas políticas, así como una activa participación de estas en la implementación de políticas públicas a nivel federal y estatal, así como acuerdos que faciliten la aprobación de iniciativas y reformas a nivel legislativo.

Otra iniciativa tiene que ver con la eliminación del fuero constitucional que actualmente ofrece inmunidad procesal bajo la motivación “de proteger el ejercicio del cargo”, al presidente de la república, gobernadores, senadores, diputados, así como a otros servidores públicos contemplados en la Constitución, quienes no pueden ser detenidos o presos sin previa autorización de la Cámara de Diputados.

Desde la óptica de los partidos que integran el “Frente Ciudadano por México” el fuero o se ha convertido en un incentivo constante para la corrupción y la impunidad, de ahí que busquen su derogación.

Combate a la corrupción y a la impunidad

La iniciativa eje en materia de combate a la corrupción y la impunidad, es la eliminación del pase automático del actual procurador a la Fiscalía General de la República, a través de la reforma al artículo 102 constitucional y Décimo Sexto transitorio.

Sin embargo no es la única propuesta relativa al tema, la alianza entre PAN, PRD y MC, va también por la Ley de la Fiscalía General de la República con el fin de garantizar plena autonomía a este órgano de nueva creación.

Del mismo modo anunciaron que trabajarán en los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción bajo principios de máxima transparencia y mediante una consulta pública abierta, buscando perfiles sin militancia partidista, particularmente para el Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Además buscan reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de fortalecer y transparentar los procedimientos de contratación, para evitar casos de corrupción.

Seguridad y Justicia

La relación aliancista buscará retomar en la Cámara de Diputados la minuta ya aprobada por el Senado de la República para establecer el mando mixto policial, proyecto que derivó de la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre del 2014 tras la desaparición de los 43 normalistas de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa.

El proyecto que retomarán autoriza la intervención de las fuerzas federales de seguridad, en estados y municipios que hayan sido infiltrados por la delincuencia organizada, y faculta a los gobernadores a asumir de manera temporal el mando de las instituciones policiacas en casos de fuerza mayor en los estados, que autoriza la intervención de las fuerzas federales de seguridad, en estados y municipios que hayan sido infiltrados por la delincuencia organizada, y faculta a los gobernadores a asumir de manera temporal el mando de las instituciones policiacas en casos de fuerza mayor.

Control del gasto, austeridad y mejora salarial

En pleno análisis y eventual discusión del Paquete Económico que fue entregado la semana pasada a la Cámara de Diputados, el frente aliancista anunció que pugnará por una asignación presupuestal bajo criterios de austeridad, proporcionalidad, equidad, transparencia y atención de prioridades regionales.

Del mismo modo advirtieron que garantizarán un presupuesto equitativo para los gobiernos estatales y municipales emanados de partidos políticos de oposición, incluyendo los distintos fondos de aplicación estatal y municipal.

Asimismo, plantean modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar el seguro de gastos médicos privados para funcionarios públicos, lo cual podría generar un ahorro de hasta tres mil 500 millones de pesos en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos públicos autónomos.

A este paquete se adiciona la promoción de una política de mejora salarial suficiente para permitir al trabajador satisfacer las necesidades de su familia en el orden material, social y cultural; así como una revisión integral del sistema de pensiones, a fin de garantizar un retiro digno para los trabajadores.

Blindaje Electoral

El Frente Amplio Ciudadano anunció que presentará una propuesta de ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que determine de manera clara las condiciones en las que se aplicarán los programas sociales durante los periodos electorales.

Como parte de este blindaje buscan las suspensión temporal de altas y bajas de beneficiarios en los padrones de los programas sociales durante los periodos de campaña; la publicación de la lista de beneficiarios por estado de todos los programas sociales registrados previo al inicio de las campañas electorales; así como la publicación de un calendario de entrega de los apoyos que derivan de cada programa social.

Asimismo, promoverán la suspensión de eventos masivos, reuniones y asambleas de operación de los programas sociales con los beneficiarios durante los periodos de campaña.

Relativo a este eje, también se busca la prohibición de crear programas sociales o sistemas de entrega de apoyos por parte del gobierno, durante los periodos de campaña.