La Secretaría de la Función Pública identificó anomalías financieras durante las gestiones del ex procurador Raúl Cervantes Andrade y el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, por un monto de 34 millones 634 mil 931 pesos.
Los resultados se obtuvieron luego de cinco auditorías realizadas a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios General de la FGR. Las fiscalizaciones revelaron diferentes irregularidades, entre ellas, el pago de servicios de mantenimiento al edificio ubicado en Paseo de la Reforma 211-213 a pesar de que fue inhabilitado en 2017 por los sismos registrados en septiembre del mismo año.
La primera de las auditorias determinó que el ex director de Mantenimiento a Inmuebles, Juan Carlos Zamora Rodríguez realizó el contrato PGR/AD/SERV/003-7/2018 con la empresa Smart Filter Technologies, S.A. de C.V por un millón 795 mil 106 pesos para el servicio de instalación y mantenimiento de equipos de especializados para la potabilización de agua en diferentes sedes de la institución, a pesar de que la empresa no contaba con los requerimientos para llevar a cabo el convenio.
“Se exceptuó de celebrar el procedimiento de licitación pública a la empresa Smart Filter Technologies, aún y cuando no se acredita entre otros aspectos: la capacidad de respuesta, solvencia técnica y económica, historial de cumplimiento de contratos con otras instancias del sector público, antigüedad, etc.; toda vez que, el mencionado prestador de servicios no se encuentra incluido en el Registro Nacional; así mismo, el servicio de instalación y mantenimiento contratado no guarda relación con el objeto del gasto establecido en la partida 35701”
La segunda auditoria determinó que en 2018 se llevaron a cabo los contratos PGR/IIMTP/CN/ADQ/001-8/2018 y PGR/IIMTP/CN/ADQ/001-8/2018 para adquirir 18 mil 974 bienes de material eléctrico y electrónico por un costo de 2 millones 840 mil 399 pesos.
Sin embargo, la Dirección de Mantenimiento a Inmuebles no acreditó que el destino final de los insumos adquiridos corresponda con las peticiones hechas por las áreas donde se destinaría el material.
“Se adquirieron 18,974 bienes de material eléctrico y electrónico, sin que se acredite que el destino final de los insumos adquiridos corresponda con las solicitudes efectuadas por las áreas usuarias y/o los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los inmuebles”.
Conceden contratos de mantenimientos para edificio sede de FGR por 5 años
La tercera auditoría practicada a la FGR determinó que se adjudicaron indebidamente los contratos PGR/CN/ARBI/002/2018 y PGR/CN/ARBI/013/2018 con las empresas Corporativo Redondel S.A de C.V y Rouz Bienes Raíces S.A de C.V por un monto de 19 millones 407 mil 766 pesos para el mantenimiento de los inmuebles ubicados en Privada Río Pilcomaya 169, sede de la Dirección General Profesional de Servicio de Carrera y el de Avenida de los Insurgentes 20, donde se ubican las instalaciones centrales de la institución
“De la conciliación a los entregables denominados ‘Solicitud de mantenimiento general’ y ‘Mantenimiento Preventivo’, no se desprende constancia alguna que acredite que la Dirección General recibió mensualmente la totalidad de los servicios contratados y por los cuales se pagó a favor de Corporativo Redondel S.A de C.V y Rouz Bienes Raíces S.A de C.V de la cantidad de $19, 407,766.12, por lo que no se justifica la obligación de haber generado los pagos progresivos al prestador de servicio”.
Además de estos servicios, los contratos de cinco años, incluyen el mantenimiento preventivo al sistema de control de acceso y al sistema de CCTV, a pesar de que ambos equipos fueron adquiridos en 2018 y cuentan con un año de garantía.
Pagan mantenimiento de elevadores inservibles
Otra de las auditorías realizadas, revela que a través de los contratos PGR/AD/CN/SERV/002-2/2018 y PGR/INMTP/CN/SERV/005-4/2018, también, aprobados por Juan Carlos Zamora Rodríguez, se llevaron a cabo injustificados de mantenimiento de siete elevadores por un monto de 708 mil 980 pesos.
Además, se realizaron pagos en exceso por 38 mil 377 pesos por concepto de 15 fletes, así como pagos duplicados por concepto de mantenimiento a elevadores de las instalaciones del Órgano Interno de Control de la FGR por un monto de 148 mil 577 pesos”.
“Del mismo modo, no se acreditó que la institución devengó la cantidad de $1,243,395.51 por concepto de servicios de mantenimiento correctivo, toda vez que no se documentó que las horas laboradas por los técnicos especializados, fueran las que efectivamente brindó el servicio”.
Los supuestos gastos de mantenimiento a inmuebles de la institución, también incluyeron el de elevadores del edificio que fuera sede la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ubicados en Avenida Paseo de la Reforma.
Los “trabajos” según se llevaron a cabo a pesar de que el edificio fue deshabitado por los daños que originaron los sismos de septiembre de 2017.
“Se realizó mantenimiento preventivo bimestral a los elevadores del inmueble ubicado en Paseo de la Reforma 211-213 por la cantidad total de $247,950; aún y cuando dicho inmueble dejo de ser útil para la institución desde el ejercicio 2017, omitiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 fracción X de la Ley General de Bienes Nacional, el cual establece que los inmuebles federales o áreas no utilizadas deberán ser entregados dentro de los cuatro meses siguientes a su desocupación”.
Erogan 6 millones sin contar con contrato
La última de las auditorias detectó pagos injustificados por 8 millones 880 mil pesos por concepto de pago de agua y mantenimiento. El primero de ellos fue por un monto de 2 millones 256 mil pesos 308 pesos por concepto de 400 pipas a pesar de que no se requería el suministro del agua.
El segundo es por un monto de 6 millones 224 mil pesos 528 pesos, el cual fue la contratación de servicio, sin que se precise cuál fue.
“La Dirección General ejerció la cantidad de $2,656,308.89 por concepto del suministro de agua mediante 400 pipas, sin que dicho servicio se encuentre establecido en el anexo del contrato y/0 guarde relación con los servicio de mantenimiento a inmuebles; asimismo, se contrajeron compromisos de pago por la cantidad de “6,224,528.98, sin que se suscribiera el contrato y/o convenio modificatorio que justifique la obligación de realizar el pago”.
JGM