El 10 de marzo, Mayra Sandy Zaragoza -paciente con cáncer de mama, de 42 años de edad- acudió a su cita para tratamiento médico en el Centro Oncológico Internacional (COI), sin saber que esa sería su última cita médica.
Fui con mi oncóloga y tras la consulta me entregó la receta para surtir medicamento por tres meses en la farmacia que ahí se ubica. Allí me informaron que no tenían la cantidad suficiente y me entregaron solo dos cajas, pidiendo que llamara a fin de mes para recoger el resto. Cuando regrese a inicios de abril, me dicen que desde un día antes, recibieron la orden de que ya no aceptaban el Seguro Popular sin informarnos quién les dio la orden
Una noticia como esta para un paciente en tratamiento de cáncer, en medio de una pandemia mundial, no es fácil. Hace un año el panorama era otro. Mayra, tras una mastografía realizada en un centro de salud de la CDMX, fue diagnosticada de su enfermedad. La historia de Nelly Sánchez es la misma; y ambas fueron remitidas desde su centro de salud respetivo y con su cartilla de afiliación al seguro popular, a continuar su tratamiento y atención en COI. Sandra llegó a este Centro en febrero de 2019 mientras que Nelly lo hizo en junio.
COI, ubicado al sur de la ciudad, ofrece atención médica privada en la CDMX, Jalisco y Baja California. Según informa en su página web, es un centro oncológico líder en México y América Latina y asegura, “estamos acreditados por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud para la atención de diferentes tipos de cáncer”.
En enero, vía un chat de la página de Facebook de Mayra con este centro, ella solicitó información general relacionada con su tratamiento médico dado el cambio de Seguro Popular a Insabi. Cita textual, recibió por respuesta, “Por ahora solo atendemos pacientes privados, los que quedaron afiliados por parte del Seguro Popular terminarán su tratamiento”. Y dicho tratamiento, debía durar cinco años conforme la información que recibió en febrero 2019.
Pero eso no cambia el caso de Mayra, Nelly más un grupo de 200 pacientes más que se encuentra en la misma situación y que hoy a temprana hora, se manifestó afuera de Palacio Nacional para exigir una solución.
Recibidos por funcionarios del gobierno federal, el grupo de manifestantes fue canalizados a una entrevista inmediata con Adalberto Santaella, director general de la Coordinación de Entidades Federativas del Insabi. La reunión se celebró al mediodía; la explicación que recibieron del funcionario es que los tratamientos de pacientes con pólizas del Seguro Popular de 2019 estaban ya pagadas; pero que este año, cuando Insabi quiso renegociar el pago de las pólizas correspondientes al 2020, COI se levantó de la mesa de negociación al rechazar el porcentaje de pago por tratamiento que le ofreció el gobierno federal. Como consecuencia, suspendió el tratamiento de los pacientes sin avisar y de bote pronto, pese a que ya estaban pagadas.
Así lo explicó a LSR Eduardo Derbez, hijo de Nelly Sánchez. “En COI comenzamos a notar irregularidades este año, pasaron de la puntualidad para la entrega de la medicina a comenzar a espaciar citas y tratamientos, para luego decirnos a través de la recepcionista que no podían seguir con el tratamiento de nuestros familiares porque el Seguro Popular no les había pagado”, relató.
“Pero si tú quieres hablar con un directivo o enviar un correo electrónico o te plantas afuera de su oficina, nadie te responde. Están escondidos y la recepcionista no es la persona idónea para darnos esa información. En el caso de mi mamá el costo de radioterapias y medicamento era gratuito. Pagar por nuestra cuenta sería un gasto de 15 mil pesos por la radioterapia más mil 500 del medicamento para un mes”, advirtió.
En el caso de Mayra el precio de su medicamento, que alcanza para dos semanas, es de alrededor de 180 pesos, pero en este momento dado la emergencia del coronavirus se encuentra desempleada. El caso de sus compañeras es otro pues hay quienes requieren de un medicamento cuyo costo asciende a 45 mil pesos.
Dado que ninguno de los manifestantes puede ni debe quedarse sin tratamiento, Adalberto Santaella ofreció que todos y cada uno serían canalizados a hospitales públicos para continuar su tratamiento; con el compromiso de que le enviaran una lista de los pacientes y su lugar de ubicación para realizar el puenteo correspondiente.
“En cierta forma salimos satisfechos de esta reunión, pues el compromiso es que en cuanto enviemos esta lista nos canalizaran a un hospital público con una cita ya agendada a la brevedad, pues nuestros familiares no pueden cortar su tratamiento”, señaló Eduardo.
(María José Pardo)