Diputados aprobaron en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit en materia del outsourcing o subcontratación laboral en la administración pública y en el sector privado.
Luego de siete horas de discusión y tras desechar 42 propuestas de modificación, se dio luz verde a la nueva legislación en materia de outsourcing, por lo que la Mesa Directiva de San Lázaro remitió este proyecto al Senado de la República.
En lo particular, 284 diputados votaron a favor, 108 en contra y 17 abstenciones con un único ajuste al dictamen avalado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda. Se trata de ampliar la prohibición de la subcontratación de personal a las entidades del sector público.
En lo general, y sólo con el voto del PAN en contra, el dictamen que avala una nueva regulación a la subcontratación laboral, conocida como outsourcing, para limitarla a que se utilice sólo en los casos donde ésta no es el objeto principal de las empresas.
Durante la sesión ordinaria, los diputados panistas defendieron que con las limitaciones al uso del outsourcing “se perderán empleos” y se obligará a las empresas a erogar en montos que no tienen previstos, por lo que muchas podrían limitar sus contrataciones.
En defensa del dictamen, los diputados del PRI y del PT aseguraron que el outsourcing ha precarizado los empleos y, lejos de generarlos, solo ha provocado que grandes empresas incumplan con la Ley Federal del Trabajo y el pago de sus impuestos.
El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, calificó la práctica de la subcontratación como “inhumana e indigna”, incluso, admitió que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador “se queda corta”, con la reforma que merecen los trabajadores mexicanos.
El diputado José Elías Lixa, del PAN, solicitó que presentara el impacto presupuestal de la reforma, pues aseguró que no se contaba con éste. En respuesta, el diputado Pablo Gómez, de Morena, entregó a la Mesa Directiva el informe de impacto financiero, que está listo desde 2020, donde se indica que “no implicaría gasto público”.
El pleno de la Cámara de Diputados votó este martes por la propuesta para regular la subcontratación de empleados a través de la figura de outsourcing. Los últimos cambios a la iniciativa se hicieron en acuerdo con sindicatos y la iniciativa privada, y señalan que no habrá cambios en el pago de utilidades a los trabajadores, pero ponen un tope máximo de tres meses.
OUTSOURCING EN MÉXICO, DIPUTADOS AVALAN DICTAMEN EN COMISIONES
Las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión social, aprobaron por 50 votos el dictamen del outsourcing, que regula la figura de la subcontratación en el trabajo. Sólo hubo 10 votos en contra.
En entrevista con La Silla Rota, la presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Patricia Terrazas, explicó que, hasta el momento, no han recibido observaciones de ningún partido, “porque en esto se juegan más de 5 millones de empleos”.
La propuesta se analizó desde noviembre, cuando el Senado envió la minuta a la Cámara de Diputados, y se discutió con consenso de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y Hacienda.
El proyecto modifica cinco leyes y un código: la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, Impuesto sobre la Renta, al Valor Agregado; y el Código Fiscal de la federación.
Después de dos acuerdos, firmados entre sindicatos, patrones y el presidente Andrés Manuel López Obrador –uno en diciembre 2020 y otro la semana pasada–, destacan tres puntos relevantes de la reforma: crear un padrón público de las empresas que utilizan la subcontratación regulada, dar un plazo de tres meses para que el resto de los empleados pasen a formar parte de la nómina oficial y un nuevo cálculo en el reparto de utilidades.
“En este momento de recesión económica, lo importante es mantener las fuentes de empleo, lo importante es que las empresas no solo tengan la obligación, sino también la posibilidad, de hacer frente a las obligaciones.
“Es interés del empresario y de los trabajadores, pues recordemos que en las mesas de trabajo que se realizaron en enero también participaron sindicatos y representantes de los trabajadores. Lo importante es que la gente tenga trabajo y un ingreso en su casa”, dijo Terrazas.
LA NUEVA FÓRMULA
Hace un año, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, habló de las pérdidas fiscales que representa al erario la no regulación en materia de subcontratación y el papel que juegan en este tema las empresas calificadas como “factureras”: el manejo a discreción de 200 mil millones de pesos anuales.
Otros datos, aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalaron que, mientras en 2004 la cifra de empleados subcontratados fue de 1.3 millones, en 2019 la cifra se había cuatriplicó a 4.6 millones.
Desde el inicio de la discusión de la propuesta de reforma, la reacción del sector empresarial fue proponer mesas de diálogo. En estas señalaron que fue “difícil sobrevivir al 2020, en términos económicos, tras las pérdidas causadas por el confinamiento derivado del coronavirus”. Aunado a ello, hablaron de su molestia por no recibir apoyos económicos lo que causó la quiebra de miles de negocios.
En enero, los empresarios propusieron eliminar el reparto de utilidades, pero la Secretaría del Trabajo rechazó la propuesta. En las dos mesas de diálogo que sostuvieron con la secretaria Luisa María Alcalde, ella aseguró que el reparto de utilidades a los trabajadores se mantendría al 10% como marca la ley y agregó que el tema no estaba sujeto a discusión.
Inicialmente, se perfiló que la iniciativa debía ser aprobada en febrero, pero el tema quedó congelado frente a la discusión de otra iniciativa presidencial, la de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Ahora, a 17 días de que concluya el último periodo de sesiones de la 64 Legislatura, Morena retoma el tema para agilizar su votación.
Frente al nuevo dictamen, que topa el reparto de utilidades a tres meses, la bancada del PRD en el Congreso aseguró que se afectará a los trabajadores.
“Se modificar el concepto original del reparto de utilidades, que era calculado con base en el número de días trabajados por cada empleado en el año, independientemente de su salario. Y ahora se calculará basado solo en los últimos tres meses de trabajo, es un retroceso”, advirtió su coordinadora, Verónica Juárez.
El dictamen consensado por la mayoría de las fuerzas políticas señala en la página 47 esta modificación.
“El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”, precisa.
Otra modificación se refiere a aquellos empresarios que no permitan que las autoridades del trabajo realicen inspecciones en sus plantas. Ahora, antes de aplicar una multa en automático, se le otorgará al patrón el derecho para una comparecencia.
También advierte que quién utilice la subcontratación “sin contar con el registro correspondiente, se le impondrá una multa de 2000 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización”.
LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN
El dictamen que regula la subcontratación de empleados vía outsourcing fue aprobado por 50 votos a favor y diez en contra, por todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados dentro de las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social. Se prevé que la discusión en el pleno legislativo inicie a las 18 horas.
Pese a que inicialmente se dijo que el contenido del mismo estaba consensado, no fue así. Por eso a las 13 horas ambas comisiones debieron decretar un receso de dos horas frente a la falta de consenso entre algunos partidos por diferencias en lo particular.
El punto en cuestión fue el tope máximo al reparto de utilidades. El legislador priista y líder minero Carlos Pavón señaló que esta es una reforma más recaudatoria, que benéfica para los trabajadores; según sus cálculos, la hacienda pública recibirá con esta nueva modificación un 30% de utilidad del impuesto para la Secretaría de Hacienda.
Cuestionó la reducción del pago de utilidades por considerarlo un despojo; señaló que trabajadores de su sector recibirían este año de manera individual entre 70 mil y 130 mil pesos por PTU "y ustedes nos lo van a rebajar a 3 meses”. Propuso una modificación al dictamen para realizar una subdivisión de empleados con el fin de clasificar cuales pueden recibir reparto de utilidades bajo la vieja fórmula; y cuáles bajo el nuevo tope.
"Se bien que el presidente le urge decir algo el primero de mayo y es esto. Y a su partido le urge que esto así sea, pero es la prisa del presidente, no del Congreso", dijo.
El partido del Trabajo solicitó agregar un artículo transitorio para precisar que los empleos en materia de seguridad y limpieza, queden blindados de la figura del outsourcing.
Mientras que la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que se requiere precisar el tipo de servicios especializados que sí se regirán por la subcontratación regulada. La legisladora Martha Zamudio preciso que el tema no puede quedar al libre albedrío de la Secretaría del Trabajo. También sugirió eliminar del dictamen la entregar informes trimestrales de las empresas, "es una sobre regulación", acusó.
Tras la negociación lo único que se incluyó en el dictamen es la prohibición de subcontratación en el gobierno federal; pero se permitió hacerlo bajo la figura de “contratación de servicios especializados”.