Un viejo refrán mexicano reza: “Dios los hace y ellos se juntan”. Ese parece ser el destino en común de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, exlugarteniente del cártel de Los Beltrán Leyva; Emilio Ricardo Lozoya Austin, exsecretario de Petróleos Mexicanos (Pemex); Tarek Abdalá Saad, extesorero de Javier Duarte de Ochoa; José Jorge Balderas, “El JJ”; y ahora, de Rosario Robles Berlanga, testigos colaboradores del gobierno federal quienes aceptaron culpar a otras personas a cambio de ser no ser juzgados u obtener condenas mínimas por los delitos que cometieron.
Documentos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), consultados por La Silla Rota, muestran que, entre enero de 2013 y julio de 2020, mil 991 personas investigadas por diferentes delitos federales, fueron aceptadas en la lista de “testigos colaboradores” en las indagaciones que realizó, o aún, lleva a cabo el Ministerio Público federal.
Los datos consultados por este medio de comunicación, revelan que la figura de “testigo protegido” o criterio de oportunidad, esta última, implementada desde del año 2017, ha sido una constante durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y ahora, de Andrés Manuel López Obrador para tratar de sustentar sus acusaciones. Tan solo, entre enero de 2019 y julio de 2020, la FGR ha pactado 732 criterios de oportunidad.
De acuerdo con los reportes de la extinta PGR, hoy FGR, los beneficios que han obtenido los supuestos criminales al aceptar ser colaboradores, son el pago de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales, alquiler de vivienda, servicio médico, cirugías plásticas, vehículos blindados, así como escoltas, todo con cargo al erario público.
Rosario Robles Berlanga, exsecretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es la más reciente imputada que está por unirse a la figura que ofrece el Sistema de Justicia Penal en México. De acuerdo con fuentes de la FGR, hoy solicitó formar parte de los testigos protegidos.
Robles negocia con la Fiscalía General de la República los beneficios que obtendrá a partir de las pruebas que pueda aportar en contra de exfuncionarios de mayor rango a ella, mientras fue titular de Sedesol y Sedatu, con relación al desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de escuelas de educación pública e instituciones de gobierno. El principal beneficio que busca es salir de la prisión de Santa Marta Acatitla, donde permanece recluida desde el 13 de agosto de 2019.
En este caso la cadena de mando apunta a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, así como de Relaciones Exteriores. Otro posible ex servidor público en la lista, puede ser Enrique Peña Nieto, expresidente de México.
La lista donde se encuentra Rosario Robles, también la integra Emilio Zebadúa González, exOficial Mayor de la Sedesol y Sedatu durante la gestión de Robles Berlanga.
Al acogerse al criterio de oportunidad, Zebadúa presentó una declaración de hechos el pasado 19 de octubre en la que relata cómo se planeó el desvío de recursos de Sedesol y Sedatu para financiar la imagen de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, así como campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México (2015) y presidencial en 2018.
Según la declaración Zebadúa, el desvío de recursos fue planeado por Luis Videgaray Caso y ordenado por Rosario Robles Berlanga.
DEL TESTIGO LOZOYA A “JENNIFER”
Emilio Ricardo Lozoya Austin, extitular de Pemex, quien durante la audiencia del pasado 28 de junio compareció en un hospital privado tomando coca-cola y resguardado por agentes federales, es otro de los testigos colaboradores estrella del gobierno federal.
Lozoya tiene abiertos dos procesos penales por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la venta de Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht.
Otro de los exfuncionarios que forman parte de las personas que protege la FGR, es Tarek Abdalá Saad, extesorero de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Abdalá fue señalado del pago a empresas fantasmas. Su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones por lo que antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, ofreció colaborar como testigo del caso.
El acuerdo para no ser juzgado, por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, fue revelar cómo operaban secretarios y personal inferior de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, entre ellos Tomás Ruiz, Carlos Aguirre, Mauricio Audirac, Fernando Charleston, Gabriel De Antes, Carlos Hernández y Víctor Medina, en el pago a empresas fachadas que se usaron para desviar millones de pesos.
Lozoya y Abdalá tiene una liga en común: integrantes del cártel de Los Beltrán Leyva y de Sinaloa que sirvieron a la extinta Procuraduría General de la República, hoy FGR, para acusar a diferentes personas, entre ellas, mandos del Ejército que hoy están libres.
Durante la gestión de Felipe Calderón Sergio Villarreal Barragán, El Grande, clave “Mateo”; fue uno de los principales colaboradores de la PGR para culpar a múltiples personas y exfuncionarios.
La lista también incluye a José Jorge Balderas, El JJ, con clave “Némesis”; José Luis Vázquez Sánchez, “Paco”; y Édgar Enrique Bayardo del Villar, identificado como “Tigre”. Todos, huéspedes distinguidos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), hoy, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Roberto López Nájera, clave “Jennifer”, fue otro de los trabajadores favoritos del Ministerio Público para presentar acusaciones sin sustento. “Jennifer” acusó a diferentes personas de trabajar para el cártel de Los Beltrán Leyva, entre ellas, a los generales Tomás Ángeles Dauahuare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe Gonzálezy el Mayor Iván Reyna Muñoz.
Uno de los testigos más celebres de la entonces PGR es José Salvador Puga Quintanilla “El Pitufo” quien murió en su celda del penal de Texas, Estados Unidos luego de fugarse de las autoridades mexicanas. “El Pitufo” fue clave para el fallido expediente del “michoacanazo” y para presentar acusaciones contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington, el candidato a Quintana Roo, Greg Sánchez, la Operación Limpieza, las acusaciones contra Javier Herrera Valles y Víctor Gerardo Garay Cadena, ex comisionados de la extinta Policía Federal.
(MJP)