El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) considera que la compra de insumos por parte del gobierno de México para atender la pandemia de covid-19 ha sido opaca y discrecional, al identificar que más de 1,100 millones de pesos gastados no cuentan con información suficiente sobre los bienes y servicios adquiridos, las cantidades requeridas y los precios unitarios de los procesos de adquisición.
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“En un país donde las emergencias y desastres naturales ocurren cada año, es fundamental contar con procesos de compra pública eficientes y transparentes. Sin embargo, la ausencia de mecanismos extraordinarios no permite monitorear el destino de los bienes adquiridos de manera oportuna. México no cuenta con un protocolo homologado para realizar contrataciones al momento de responder a una emergencia”, expone el IMCO a través de un comunicado.
El instituto resalta que en el marco de la crisis sanitaria el gobierno federal emitió un decreto que declara acciones extraordinarias para la covid-19, en la que se contempla la compra rápida de medicamento y equipo requerido por pacientes del nuevo coronavirus, pero advierte que la medida “conlleva riesgos de corrupción que no deben de ser ignorados”.
En el análisis se tomaron en cuenta compras realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (Ssa).
"La crisis sanitaria que enfrenta el país demuestra la importancia de realizar procesos de compras públicas abiertos y transparentes durante una emergencia", resalta el IMCO
Compras públicas durante la pandemia
- El gasto ejercido por las dependencias de salud es significativamente menor en comparación con el de 2019. A pesar de enfrentar una de las mayores crisis de salud en la historia, de enero a junio, el IMSS gastó 13 mil millones de pesos menos que durante el mismo periodo del año pasado.
- La falta de protocolos de contratación en emergencias no permite identificar compras de preparación para la pandemia. No es posible identificar las compras de insumos necesarios para la atención de la covid-19 durante los meses de enero y febrero, vitales para prepararse para la emergencia.
- La opacidad y falta de información. Gran parte de las compras analizadas incumplen con los requisitos mínimos de transparencia establecidos en la ley. El 26% del monto adjudicado en el año, directamente por el IMSS, carece de un fundamento legal que avale su ejecución. Más de 700 millones de pesos gastados por el instituto no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos.
- Anomalías y posibles casos de sobreprecio. El ISSSTE y la Sedena han adquirido equipo médico especializado por parte de empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud. El ISSSTE ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar.
- La imposibilidad de rastrear las compras realizadas por el Insabi. No hay un solo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por el Insabi. La distribución de millones de piezas de material y equipo médico, así como la ejecución de programas de inversión de más de 9 mil millones de pesos, se han realizado en total opacidad.
- La falta de información detallada. En Compranet no es posible distinguir entre las compras de emergencia y las destinadas a las actividades normales de las dependencias.
Para cada dependencia, aclara el Instituto, se analizaron los tiempos y montos de contratación, grado de transparencia, proveedores, condiciones y precios de los bienes adquiridos para la emergencia, lo que permitió identificar tendencias y patrones preocupantes que dificultan el monitoreo y vigilancia de los recursos públicos.
Recomendaciones
-Por ello, el IMCO propone crear lineamientos y protocolos de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia que sirvan para:
-Regular y llevar a cabo procesos claros para la contratación y ejecución de compras de emergencia.
-Crear contratos marco para evitar proveedores sin experiencia o capacidad de cumplimiento.
-Implementar mecanismos extraordinarios y herramientas digitales de monitoreo, revisión y auditoría.
-Garantizar la total transparencia de la documentación del proceso completo de compra pública.
-Actualizar constantemente las plataformas de contrataciones y auditorías en tiempo real.
(djh)