Una vez se expresa desde instancias internacionales preocupación por una legislación mexicana, ahora se trata del dictamen de la Ley de Publicidad Oficial que se debate en el Senado de la República.
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Así lo expresaron los relatores especiales para la libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes llamaron a autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
Les preocupa especialmente, indicaron, que el proyecto de ley propuesto “deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
“Miembros del Gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”, manifestaron.
La aprobación de esta ley tiene como fecha límite el 30 de abril, como indica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un comunicado conjunto Edison Lanza, de la CIDH, y David Kaye, de la ONU, manifestaron que “nos preocupa que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
Los relatores agregaron que “es esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo”.
Destacaron que en la nueva legislación se debe prohibir con claridad que la publicidad oficial se utilice con fines electorales o partidarios para infringir la libertad de los medios.
Asimismo, señalaron que en la minuta no se establece un sistema efectivo de rendición de cuentas en caso de que la norma sea incumplida.
“Valoramos las nuevas discusiones en el Senado y exhortamos a los legisladores llevar a cabo una red evaluación de la legislación propuesta realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil”, concluyeron.
En una decisión que los relatores calificaron de “histórica”, el pasado 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de México ordenó al Congreso que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
La legislación propuesta presentada al Congreso procura cumplir con esta orden, indicaron.
De acuerdo con la información disponible, añadieron Lanza y Kaye, la Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de abril, en un proceso caracterizado por “la falta de consulta significativa” con la sociedad civil y otros actores interesados.
El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios.
(Con información de EFE)
lrc