Una nueva investigación sobre el caso Odebrecht revela la transferencia encubierta de otros 13 millones de dólares del llamado "departamento de sobornos" a cuatro empresas mexicanas a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países, como Ecuador y Guatemala.
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Los 13 millones de dólares transferidos por el “departamento de sobornos” por medio de estas intermediarias son distintos a los 10 millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht han confesado que pagaron entre 2012 y 2014 a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
El hallazgo de una trama de corrupción más amplia en México y que salpica a políticos hasta ahora no mencionados es parte de la investigación transfronteriza “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En el centro de esta trama está un despacho de Tamaulipas que sirvió a Odebrecht, y que a la vez sus contadores auxiliaron a operar dos empresas fantasmas utilizadas por el departamento de sobornos de la constructora brasileña.
Durante tres meses, más de 50 periodistas en 10 países entre ellos MCCI revisaron más de 13 mil documentos extraídos de la plataforma secreta de comunicaciones de Odebrecht, conocida como Drousys, en torno a transacciones del departamento de sobornos vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina.
Según ha declarado el fiscal del caso Lava Jato, Orlando Martelo, el sistema encriptado Drousys registraba exclusivamente pagos ilícitos y era utilizado para ocultar sobornos o financiamiento electoral.
Los nuevos documentos revisados por MCCI, hay indicios de que 13 millones de dólares de pagos encubiertos del Departamento de sobornos de Odebrecht transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ligadas entre sí: PLC Servicios, TTG Asociados y Blunderbuss Company de México.
Un modus operandi frecuente del Departamento de Sobornos era simular contratos con empresas para ocultar pagos ilícitos a políticos o financiamiento electoral.
La información de la plataforma no detalla el destinatario final del dinero, pero aporta indicios para ser investigados por las autoridades mexicanas.
Por ejemplo, en la plataforma secreta Drousys, a la que tuvo acceso MCCI, aparecen operaciones reportadas en 2014 por casi 5 millones de dólares que involucran a PLC y poco más de 2 millones de dólares con TTG.
Las operaciones de PLC están ligadas con una obra carretera en Guatemala y las de TTG con una obra hidráulica y un gasoducto en Ecuador, ejecutadas por Odebrecht, según los documentos revisados.
En uno de los mensajes que permanecían encriptados aparece la anotación de una "primera operación" del "programa 2014" por concepto de supuesto pago de CNO (iniciales de Constructora Norberto Odebrecht) a través de PLC por 1 millón 32 mil dólares.
En otro mensaje del mismo sistema secreto aparece una segunda operación con PLC México, esta vez por 1 millón 380 mil dólares.
En el rastreo se localizaron otras dos operaciones que involucran a PLC: una con la anotación "inversión SIGMA" por 920 mil 76 dólares y otra con la descripción "Swift transfer" (transferencia bancaria) por 1 millón 548 mil dólares.
En conjunto, las operaciones financieras con PLC sumaron 4 millones 880 mil dólares.
Algunas de las transferencias de PLC tienen la anotación de Guatemala, país en el que Odebrecht ha confesado que pagó 18 millones de dólares en sobornos para obtener un contrato de 384 millones de dólares para la construcción de una autopista que conectaría con México, la cual dejó inconclusa la empresa brasileña.
En la misma plataforma se localizó un contrato firmado el 13 de mayo de 2013 en el que TTG se comprometió a dar asesoría para preparar y negociar una oferta en la licitación del acueducto Represa La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue asignada meses después a Odebrecht.
En la plataforma Drousys hay, además, registros de transferencias por más de 6 millones de dólares realizadas entre 2009 y 2011 a la empresa fantasma Blunderbuss Company de México, afincada en Poza Rica, Veracruz, a través del departamento de sobornos de Odebrecht.
De estos movimientos ya había dado cuenta MCCI desde 2017, en anteriores reportajes. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han podido determinar quién fue el beneficiario final de ese dinero o presuntos sobornos.
SAT reporta a operadora de sobornos
PLC Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht, están vinculadas entre sí. El dueño de la primera empresa trabaja para la segunda, según consta en las actas inscritas en registros mercantiles.
Aunque PLC Servicios fue creada en el municipio de Naranjos, al norte de Veracruz, su más reciente domicilio fiscal lo reportó en el piso 20 de la torre 2 del conjunto “Oficinas en el Parque”, conocidas como “Torres Moradas”, ubicadas en Rincón de Santa María, en Monterrey.
Antes, en 2014, notificó a las autoridades fiscales que sus instalaciones estaban en el piso 33 de la calle Montecito 38, en la colonia Nápoles, que corresponde a una oficina virtual del edificio del World Trade Center en la Ciudad de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaba desde 2018 a PLC por presunta simulación de operaciones. En septiembre de aquel año, el órgano fiscalizador envió un oficio al representante legal de la empresa para notificarle las irregularidades que habían detectado en una revisión en sus estados contables.
El SAT notificó el 21 de febrero de 2019 su resolución de declarar a PLC Servicios como una empresa con operaciones inexistentes, que equivale a una empresa “fantasma”. Su inclusión en el listado definitivo se dio el pasado 14 de mayo, en una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación.
Creada el 13 de diciembre de 2010, PLC Servicios tenía como accionista y administrador único a Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador, quien desde 2008 ha trabajado como asesor del despacho TTG Asociados, también ligada con Odebrecht.
Vínculo Odebrecht-Duarte
TTG Asociados es una firma de abogados fiscalistas asentada en Tampico la que, según su sitio en internet, fue creada a principios de 1975. Su fundador es el contador José Luis Terán Álvarez, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST), perteneciente a la red de universidades Anáhuac.
Tiene un despacho filial, de nombre García Terán & Torres Asociados, el cual realizaba trabajos de auditoría y administración para Odebrecht, en la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa, que en 2013 impulsó con el gobierno del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Odebrecht y Duarte habían creado esa sociedad el 19 de abril de 2013 para construir una central hidroeléctrica que sería alimentada por el agua una presa. El proyecto incluía un acueducto que abastecería de agua a la capital veracruzana. El exgobernador (actualmente preso por corrupción) se había comprometido a aportar a esa empresa 355 millones de pesos de fondos públicos. La obra está suspendida por protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca del río Los Pescados.
kach