Las audiencias del inicio de los procedimientos penales que se llevan a cabo en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, vinculado a las investigaciones por corrupción y lavado de dinero en los casos Agronitrogenados y Odebrecht, se llevan a cabo en incumplimiento al principio de publicidad que exige la Constitución, pese a la alerta que Transparencia Mexicana y TOJIL realizaron a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lo que pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a la publicidad del caso, y podría implicar violaciones al debido proceso.
Desde la llegada a México del exdirector de Pemex, diversas organizaciones y grupos de periodistas solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal dar acceso a estas audiencias, incluso por videoconferencia.
Sin embargo, el CJF se limitó a informar lo ocurrido en las audiencias a un grupo limitado de periodistas vía chat de Whatsapp mediante cortes de información.
“Este método de información no asegura el principio constitucional de publicidad en materia penal, lo que deja a México como uno de los países en la región que lleva a cabo los procesos penales relacionados con Odebrecht sin el principio de publicidad que el caso amerita”.
Transparencia Mexicana indicó que la emisión de Acuerdo 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal por la que se indica que se reactivarán todas las actividades y plazos del Poder Judicial de la Federación continúa limitando de manera irrazonable la publicidad de las audiencias penales de manera indefinida.