El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que no habrá regresión en materia judicial, luego de que se saliera a la luz la propuesta de Reforma Judicial tan criticada por expertos, legisladores y diputados, misma que señala nueve iniciativas (Reforma Constitucional y ocho leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía).
En la Mesa de Análisis de LA SILLA ROTA-El Heraldo de México, Monreal aseguró que esos borradores filtrados no tienen validez, pues son eso, filtración de documentos no oficiales y que hasta que se presenten en la Cámara tendrán la validez para el inicio de todo el proceso legislativo.
Yo no les concedo ninguna certeza, ni tampoco les concedo ninguna validez hasta que se presenten las iniciativas formalmente en alguna de las Cámaras que es cuando ya iniciará el proceso formal de análisis, discusión, dictamen y aprobación de las mismas
“Mientras no se presenten estamos discutiendo ociosidades, documentos que aun cuando existan no tienen validez jurídica, y se debe a borradores, filtraciones indebidas con el interés de lastimar alguna institución”, agregó.
A pesar de todo lo que ha detonado este tema, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado afirmó que no quiere entrar en debate sobre posibles escenarios, pues prefiere tener la certeza jurídica.
Respecto a que el fiscal Alejandro Gertz en días anteriores se haya deslindado de ser el autor intelectual de esos documentos, Monreal dijo no ser “adivino” para saber quien se tomó la molestia de redactar esos documentos, por lo que no quiere entrar en detalles. Sin embargo, el senador prevé que a inicios de febrero se presenten las iniciativas.
Las iniciativas no se presentarán el primero de febrero, sino en el trayecto de la semana o de los primeros días de febrero. Se presentarán dos paquetes, uno de procuración de justicia y otro de administración de justicia que tiene que ver más con el poder judicial
“Una vez que se presenten, empieza el proceso formal, pero mientras no nos presenten nada estamos hablando a la nada, en el vacío parlamentario”, siguió Monreal con su explicación.
En términos de regresión, el también senador aseguró que no debería haber ninguna regresión, pues en Morena no aprobarán ninguna regresión ni ninguna violación de derechos fundamentales.
En Morena somos un grupo plural pero la mayoría no avalaría ninguna regresión jurídica ni constitucional en esta materia
“Hay garantía de que se va a escuchar a la sociedad, a los expertos, y no se va a atentar contra lo ganado en justicia en México. Tendrá que cambiarse lo que se requiera, para hacer más eficaz el combate al crimen a la delincuencia, pero no vamos a recurrir en regresiones”, añadió.
Expertos ven riesgos
Durante la Mesa de Opinión El Heraldo de México-La Silla Rota, bajo la conducción de Alfredo González y Jorge Ramos, con el tema “¿Regresiva, la reforma judicial en ciernes?, Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que la propuesta de reforma al sistema de justicia tomó por sorpresa a la Suprema Corte, porque ni siquiera los consultaron, a pesar de que presuntamente contenía una propuesta para crear jueces especializados que juzgarían a otros jueces, pero éstos dependerían del Senado.
Édgar Cortez.
“Nosotros formamos parte la Fiscalía Que Sirva, el colectivo estuvo buscando el diálogo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, fue complicado y finalmente nos recibió en mayo. Ya desde entonces y en distintos momentos había dicho que iba presentar esta reforma, eso quiere decir que tenía claro eso y sabemos que tiene un equipo trabando en eso. Pero el fiscal Gertz Manero representa a esa generación de abogados de viejo cuño, acostumbrados a la tortura. Eso es el fondo, representa esa idea que ser eficiente es poder cometer cualquier tropelía”, agregó.
Dijo que en términos formales no hay una iniciativa de reforma al sistema de justicia, que lo que se buscaba en 2008 con sistema penal acusatorio, era elevar la calidad de investigación del Ministerio Público y policías, con jueces de control, con debate entre las partes y un juez que tomara una determinación.
“Qué fue lo que logramos, fortalecimiento del Poder Judicial, con jueces de control y jueces orales, pero falló en las fiscalías. Y actualmente no se está proponiendo fortalecer, sino disminuir los requisitos a los ministerios públicos y policía para la investigación. Y nadie dice nada de fortalecer a la defensa pública”, explicó.
Dijo tomarle la palabra a Ricardo Monreal para una Parlamento Abierto, pero que no les vean la cara como ocurrió en otros casos, como en la designación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Jaime Rochín, abogado, académico en la Ibero, el ITAM y ex presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que el sistema de justicia en México no ha funcionado en los últimos 50 años.
“Existe tortura, desapariciones arbitrarias, simulación de justicia. A partir de 2006 vino un problema que aceleró el problema que es la inseguridad, la guerra contra el narcotráfico, esa posición de militarizar el país trajo un aumento de la violencia y la inseguridad, viene la reforma de justicia del 2008 y algunos han atribuido la inseguridad a partir de la reforma. El problema está en la política de Estado de militarizar el país, de la violencia un estilo de gobernar”, agregó
Dijo que el sistema penal acusatorio apenas tiene 3 años funcionando, y no es el momento de echarlo para atrás, y regresar al pasado, al 68. “Si la reforma al sistema de justicia fuera una calle sería Felipe Calderón esquina con Díaz Ordaz. La misma violencia con un sistema de tortura, sí resulta de mucha gravedad, pero al mismo tiempo una oportunidad para impulsar una reforma con pleno respeto a los derechos humanos”, añadió.
Consideró gravísimo, contrario a todo anunciado, la propuesta de generalizar el arraigo.
“Fue una figura que institucionaliza la detención arbitraria, fuera de las garantías. Felipe Calderón en su momento institucionalizó su legalidad, sólo para casos de delincuencia organizada. Si los borradores son ciertos va a ser para cualquier delito, a cualquier sospechoso lo pueden arraigar 40 días. Parecería que es una legalización de la flojera, las ganas de no investigar, y lo que tenemos que hacer es fortalecer la investigación seria”, dijo.
Opinó que en la actual legislatura hay una acción contraria al sistema de justicia, al aumentarse la lista de delitos graves.
“En sí mismo lograr que la prisión preventiva se aumente en lugar de disminuir es contrario al sistema penal acusatorio y presunción de inocencia. Hay gente en la legislatura que no le gusta el sistema de justicia penal acusatorio, y sí están buscando revertirlo. Si se consulta a los expertos de manera que se pueda lograr un sistema de justicia respetuoso de los principios internacionales de derechos humanos, se abre una oportunidad para lograr ahora sí un reforma de justicia que sea humanista”, concluyó.
La historia
El 15 de enero, se esperaba que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), presentaran reformas radicales al sistema de impartición de justicia penal, sin embargo, sólo hicieron puntualizaciones sobre su contenido en una reunión con la Jucopo del Senado.
Scherer y Gertz Manero planteaban cambios radicales al modelo que se probó durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que está vigente desde 2016.
De acuerdo a datos de La Jornada y de un documento obtenido por La Silla Rota, las reformas preveían lo siguiente:
-Jueces y magistrados serán designados por el Senado, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el de administrarlos determinando el número y competencia territorial de sus funciones y no tendrán conexión con el Consejo de la Judicatura como ahora ocurre.
-El periodo de sus encargos bajará de 15 a 9 años.
-El arraigo se aplicará para todos los delitos y no sólo para los casos de delincuencia organizada, aunque sólo durará un periodo de 40 días.
-La desaparición de los jueces de control en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación y la eliminación de las audiencias iniciales.
-Se prevé que el mismo juez que conozca de la investigación sea quien dicte sentencia.
-Vuelven obligatorio el trabajo penitenciario como un requisito para el otorgamiento de las figuras de preliberación y reducción de penas.
-La aprobación de un Código Penal nacional y una ley nacional de cultura y justicia cívica.
-Proponen que sea obligatorio el trabajo comunitario.
-La autoridad administrativa estará facultada para aplicar sanciones si se cometen infracciones en materia de justicia cívica y de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales únicamente consistirán en la reparación del daño, amonestación, trabajo a favor de la comunidad, multa o arresto hasta por 36 horas.
Estos son algunos de los cambios propuestos en las iniciativas propuestas para reformar los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122.
Dentro de las reformas al artículo 16, se plantea que en casos de urgencia o flagrancia el Ministerio Público y policía realicen la retención y que el juez de manera inmediata determine la legalidad de dicho acto, y que en el caso de la medida cautelar de arraigo aplicará para todos los delitos.
La medida del arraigo ampliará su plazo de 40 a 80 días sólo en investigaciones de delincuencia organizada, delitos por hechos de corrupción o aquellos delitos en los que se considere requieren una cantidad significativa de actos de investigación.
También resalta que se propone que la víctima u ofendido de un delito podrán solicitar a la autoridad judicial la autorización para que la autoridad ministerial practique cateos, medida que era exclusiva del agente del Ministerio Público.
La presentación se aplazó para el 1 de febrero.
Ante este aplazamiento de la presentación de las iniciativas, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, consideró a través de Twitter que fue razonable frenar la presentación de las nuevas leyes, pues –dijo- los que elementos de los documentos que circularon en redes, eran claramente inconstitucionales o inconvencionales.
Fue razonable que se haya pospuesto la presentación de las iniciativas de reforma penal. Muchos de los elementos de los documentos que circularon en redes, eran claramente inconstitucionales o inconvencionales.— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) January 15, 2020
Un día después, Germán Martínez de Morena, Damián Zepeda del PAN y Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano coincidieron en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe de cumplir su palabra y dar la seguridad que demandan los mexicanos.
En la mesa de discusión LA SILLA ROTA-EL HERALDO DE MÉXICO del 16 de enero donde participaron los tres políticos, Germán Martínez Cázares, actual senador y exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó su inconformidad con la Reforma Judicial, al asegurar que la 4T debe atacar el México de libertades para perseguir el delito y dar la seguridad que demanda la gente.
“No vamos a regresar al sistema penal inquisitivo, en esto de la justicia se necesita eficacia de Estado, orden, seguridad, pero sí atacar el México de libertades que todos hemos construido, tiene razón la oposición en esa preocupación pero también debemos ayudar al Estado a perseguir el delito y darle seguridad a la gente que es lo que está demandando”, advirtió Germán Martínez.
En respuesta, representando a la oposición, los senadores Damián Zepeda y Juan Zepeda defendieron su postura ante la forma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pues al hablar sobre los temas que más le preocupan a los mexicanos, como lo es el tema de seguridad, de salud y sobre todo de economía, Damián Zepeda sólo le pidió al presidente de México que deje de dividir al país y que cumpla todas las promesas que le hizo a México en su campaña electoral, misma que la llevó a ganar, para que de esta manera la oposición pueda apoyar lo que está correcto.
También organizaciones de la sociedad civil, académicos y políticos rechazaron el proyecto de reformas en justicia penal que intentó presentar la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal al Senado el pasado 15 de enero.
Las diferentes opiniones coinciden en mencionar que es una regresión al sistema inquisitorio que se tenía antes de 2008, cuando se contaba con una justicia basada en las violaciones a derechos humanos y al debido proceso de víctimas y victimarios.
"Lo que pretendían poner, lo que se vio hasta ese momento de los borradores, es una regresión al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es curioso porque se han presentado muchas reformas a la Ley que no han servido de nada, y Gertz vuelve a presentarlas. La reforma que se presentó en 2008 tiene un problema, no se prepararon bien a los operadores, eso es uno de los principales motivos por los cuales no funciona el sistema. Se supone que ya habíamos pasado el tema de la tortura, pero ahora, con estas iniciativas, se abre la puerta de nuevo para obtener pruebas a través de la tortura u otros medios no adecuados", comentó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.
Una semana después, la Fiscalía General de la República (FGR) se deslindó del proyecto de nueve iniciativas (Reforma Constitucional y ocho Leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía) que intentó ser presentado la semana ante el Senado, al afirmar que, nunca fue suscrito por el titular de la institución.
(María José Pardo)