Por primera vez en México, un juez concedió la protección de la justicia federal a una niña de 11 años, en un caso de bullying, contra las omisiones de autoridades de la Secretaría de Educación Públicas (SEP), que toleraron la violencia escolar entre alumnos, y porque no adoptaron las medidas necesarias para proteger la integridad personal de la afectada dentro de la escuela pública en la que estudia.
La directora Regional de Servicios Educativos Centro de la SEP y el supervisor de la Zona Escolar Siete son los señalados como responsables de que se haya expandido el bullying, por lo que están obligados a escuchar a la menor y a informar, mes con mes, las medidas que adopten para salvaguardar su integridad en el plantel escolar.
El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal señaló las medidas cautelares positivas para proteger del acoso escolar a la niña, en el que se pide informar tanto a la familia de la menor como a la del agresor y al conjunto de profesores, y dictó sentencia al resolver el juicio de amparo 1302/2013.
La concesión del amparo a la afectada resuelve:
En primer lugar, se continúe asignando a una persona (mujer) del plantel para que proteja a la menor, de manera discreta, y vigile los espacios comunes de encuentro de la menor con sus compañeros; es decir, durante las entradas, cambios de clase, recreos y almuerzos, con el fin de evitar el acoso escolar.
Segundo, escuchar a la menor, con el fin de que se exprese sobre las medidas que se han tomado, y si es su deseo cambiar de grupo o si han subsistido las agresiones a su persona, e indique qué otras medidas puedan dictarse para que se sienta protegida y en confianza en el centro escolar.
Y, tercero, que las autoridades responsables deberán informar de manera mensual al representante especial de la menor sobre las medidas que se sigan adoptando para salvaguardar la integridad de la niña en el centro de estudios durante todo el año escolar.
Este caso es el primero que se revisa con la vía del juicio de amparo y en el que se sienta un precedente para que las autoridades responsables que no cumplan las sentencias de amparo puedan ser sustituidas de sus cargos y consignadas penalmente por el delito de abuso de autoridad.