Coches bomba, granadas, así como paquetes o drones cargados con explosivos, son parte de la violencia que los cárteles y organizaciones criminales en México han utilizado contra instituciones de gobierno, la población o contra ellos mismos desde la década de 1990.
La estela de muerte a través del uso de artefactos explosivos se ha utilizado en la Ciudad de México, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, así como en Tamaulipas.
Los ataques no sólo han originado la muerte y lesiones de distintas personas, sino también, han dejado en claro que las organizaciones criminales no tienen reparo de utilizar los explosivos para infundir temor.
Para el especialista en temas de seguridad nacional y terrorismo, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, la explosión de un paquete en Salamanca, Guanajuato que originó la muerte de dos personas, no es un acto de terrorismo y mucho menos narcoterrorismo, es narcoterror.
“Es narcoterror, no narcoterrorismo. Narcoterror es el uso de medios extremos de violencia para alcanzar fines criminales. La gran diferencia con el narcoterrorismo, usa medios extremos de violencia con fines criminales y políticos. Hasta el momento no hemos visto ninguna declaración política o quien se atribuye estos actos de violencia. Si hubiera alguna declaración o intención política que surja de las investigaciones, se puede utilizar el concepto de narcoterrorismo, el cual no existe legalmente”.
El también coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), menciona que, en México, no se tiene registrado un ataque de narcoterrorismo, sólo ataques de narcoterror en los que los grupos criminales buscan infundir violencia.
Terrorismo es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 139 del Código Penal federal. El terrorismo debe tener objetivo político, sino lo tiene, es un acto criminal de extrema violencia. Este atentado en Guanajuato no es terrorismo y mucho menos narcoterrorismo. En años pasados se han registrado distintos ataques, pero los grupos que lo hicieron no buscan un objetivo, como puede ser gobernadores o presidente de México
En entrevista consideró que el ataque en Salamanca debe ser investigado por las autoridades, porque es una realidad que las organizaciones criminales están utilizando métodos criminales que emplean grupos guerrilleros o terroristas en distintas partes del mundo.
Hasta ahora, sin más información debe ser investigado y abordado como un acto criminal de extrema violencia, es narcoterror, no narcoterrorismo y mucho menos terrorismo. Por el momento esto debe ser investigado por la fiscalía de Guanajuato. Es un hecho que debe ser investigado a fondo por las autoridades, porque los grupos criminales están utilizando métodos de otros grupos, entre ellos guerrilleros en Sudamérica o terroristas en otros países.
EL SELLO DEL NARCO EN MÉXICO
En los últimos años se han registrado distintas agresiones contra instituciones de gobierno, autoridades, la población, así como medios de comunicación en los que las organizaciones criminales o cárteles utilizan artefactos explosivos.
Entre los años 2009 y 2015, la extinta Policía Federal registró 104 reportes de bombas colocadas en distintos estados del país, principalmente en Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas. La extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS), registró siete ataques a nivel nacional con bombas entre 2013 y 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene documentado el aseguramiento de siete bombas de fabricación casera entre los años 2010 y 2011 en los estados de Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Jalisco.
Uno de los primeros ataques que se tienen registrados en México fue en el mes de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa, cuando explotaron dos coches bomba en menos de cinco minutos. En el primer ataque se utilizó un vehículo Shadow 1992, el cual fue detonado frente a la casa de un narcotraficante identificado como Miguel Ángel Rico Urrea, “El Chicho Rico”. El segundo ataque fue dirigido a una vivienda ubicada en la calle Cerro de Campana, propiedad de un ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, identificado como Armando Barraza.
En esa década se registró un atentado más. El 10 de junio de 1994 un artefacto explotó frente al hotel Camino Real, en Guadalajara, Jalisco, donde se realizaba una fiesta del cártel de Sinaloa y en la que se encontraba Ismael, “El Mayo” Zambada. El artefacto fue enviado por la familia de Los Arellano Félix y pretendía ser introducido al lugar, sin embargo, detonó cuando se encontraba en un vehículo. Cinco personas murieron y 10 más resultaron heridas.
El 15 de febrero de 2008 un artefacto que pretendía ser entregado al exdirector de la Policía Sectorial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Julio César Sánchez Amaya, estalló sobre la avenida Chapultepec, a unos metros de la institución. El paquete, que fue atribuido al Cártel de Sinaloa, originó la muerte de una persona, así como dos heridos.
Cuatro meses después, en junio, cuatro ex integrantes del Ejército arrojaron dos granadas al estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. La explosión quitó la vida a un policía y dejo dos heridos.
Ese mismo año, mientras se realizaba el festejo del día de la Independencia, en Morelia, Michoacán, integrantes del crimen organizado, identificados como Zetas, lanzaron granadas en la explanada central. El ataque causó la muerte de ocho personas y dejó al menos 130 heridas. Muchas de ellas aún tienen las secuelas del ataque.
Durante la siguiente década los ataques del crimen organizado no pararon. Las agresiones continuaron contra las instituciones de gobierno y la población. Durante este periodo también comenzaron las agresiones contra medios de comunicación.
En abril de 2010 un artefacto explosivo fue lanzado en contra del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas en México. No se reportaron muertos o lesionados.
En julio de 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un coche bomba explotó en el cruce de la avenida 16 de septiembre y la calle Bolivia. El ataque atribuido a la Línea, brazo armado del cártel de Juárez, cobró la vida de cuatro personas, entre ellos un policía federal.
El 27 de agosto de 2010 dos autos con explosivos estallaron en la capital de Tamaulipas. Uno detonó frente a las instalaciones de un medio de comunicación. Sólo se reportaron daños materiales.
Dos meses después, en septiembre, la Policía Federal informó que desactivó y detonó de manera controlada un coche bomba en la localidad en un centro comercial en esa misma ciudad.
El 20 de octubre de ese año, un coche bomba estalló durante una persecución que realizaban soldados en contra del crimen organizado. El artefacto fue detonado cuando el convoy circulaba en la colonia Ladrillera, en el cruce de Revolución y Ricardo Covarrubias. No se reportaron heridos.
Al finalizar 2010, el 17 diciembre, un vehículo explotó frente a la comandancia de Zuazua, Nuevo León. Dos personas resultaron lesionadas.
Al iniciar el mes de enero de 2011, un coche bomba estalló en la comunidad de El Carmen, Tula, Hidalgo. La agresión quitó la vida a un comandante de la Secretaría de Seguridad estatal e hirió a tres más.
Ese mismo mes, se registraron dos ataques con coche bomba a corporaciones de Seguridad Pública de Nuevo León. Uno en Linares y el segundo en San Nicolás de los Garza. Sólo se reportaron daños.
Durante la mañana del 30 de junio de 2012, un auto explotó frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La detonación dejó siete personas heridas.
Los ataques han continuado en los últimos años. Entre ellos se encuentra un coche bomba en las instalaciones de la policía del municipio de Zuzua, Nuevo León en 2015. Dos civiles resultaron lesionados.
Uno de los más recientes es la detonación de un vehículo cargado con explosivos el 8 de marzo de 2020 en Celaya, Guanajuato, frente a un campamento de la Guardia Nacional en Celaya.
En los últimos años se han exhibido los métodos que utiliza el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para activar explosivos con ayuda de drones en contra de autoridades federales, principalmente en Michoacán.
MJP