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Napoleón Gómez Urrutia acusa libertinaje en outsourcing ilegal

En entrevista con La Silla Rota, el líder sindical advierte que el outsourcing ilegal ha generado fortunas, le ha hecho daño al erario federal, a trabajadores, al sector salud, de vivienda y a las pensiones

Escrito en NACIÓN el

Las empresas dedicadas al outsourcing ilegal en México “han caído en un libertinaje y han hecho lo que han querido hasta ahora”, operan con demasiada flexibilidad, lo que les ha permitido acumular fortunas a costa de los derechos de los trabajadores y de la evasión fiscal, la cual suma alrededor de 500 mil millones de pesos anuales, denunció el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), señaló que estas empresas violan los derechos de cerca de 8 millones de trabajadores, por lo que recalcó la importancia de que esta actividad sea regulada.

En diciembre pasado las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, aprobaron de forma unánime la iniciativa de ley que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social con el propósito de regular la subcontratación en el país. Se prevé que el dictamen sea discutido en el pleno de la Cámara alta durante el actual periodo de sesiones.

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Para Gómez Urrutia, quien presentó esta iniciativa, la regulación de este sector no puede esperar más. “Lo que yo creo es que ya no se puede detener, ‘ni tapar el sol con un dedo’ porque la realidad es que ha habido muchas injusticias, mucha corrupción y una violación total a los derechos de los trabajadores.”

El senador aclaró que existen dos tipos de outsourcing, está la subcontratación legal, establecida en la legislación laboral desde 2012, que permite la contratación de personal técnico o científico especializado por un determinado periodo de tiempo o trabajadores que desempeñen tareas que “no son la esencia de la actividad principal, por ejemplo, empleados de limpieza o seguridad en una empresa manufacturera”.  

“El problema es el outsourcing ilegal, el que comete evasión fiscal, el que niega los derechos a los trabajadores, el que evade al seguro social, ese es el que queremos regular con esta iniciativa”. Para lograrlo, el dictamen propone, entre otras medidas, la creación de un Centro de Registro y Certificación, que registre de manera obligatoria a estas empresas y vigile su cumplimiento con el pago de impuestos y sus obligaciones patronales, con la finalidad de “evitar esa simulación”, con la que operan actualmente.

La subcontratación ilegal es una práctica recurrente de las grandes empresas en el país. Por citar un ejemplo, “Cemex hoy no tiene trabajadores porque todos están en una empresa de servicios de outsourcing, de subcontratación, con esto a los trabajadores les están quitando sus derechos.”

EL TAMAÑO DEL FENÓMENO OUTSOURCING

Se calcula que hay cerca de 6 mil empresas de “subcontratación abusiva” que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente 21 mil millones de pesos anuales, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que de septiembre a diciembre de 2019, se identificaron mil 200 empresas con posibles esquemas de outsourcing ilegal, en las que laboran cerca 860 mil trabajadores.  

“Es algo muy delicado, porque estamos hablando de fortunas, de muchísimo dinero que se ha hecho de esa manera. La evasión fiscal por todo este concepto de outsourcing se calcula en más de 500 mil millones de pesos por año, solamente al seguro social dejan de contribuir con alrededor de 50 mil millones de pesos anuales”, señaló el líder sindical, con base en datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta situación “tiene que cambiar, es cierto que en otros países existe el outsourcing, pero no éste, ilegal que ha generado estas fortunas, que le ha hecho tanto daño al erario federal, a los trabajadores y, desde luego, a los organismos públicos, de salud, de vivienda, pensiones, etcétera. Por eso, debe regularse, para que las empresas que se quieran dedicar a esto lo hagan de manera legal mediante nuevos mecanismos.

Sin embargo, reconoció, la aprobación del dictamen no será sencilla porque toca intereses económicos importantes. En ello, coincidió con el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien en entrevista con LA SILLA ROTA, refirió que existen “intereses turbios que le ponen piedras al avance de reformas en el Congreso”. 

En general, reiteró, las empresas subcontratistas “han caído en un libertinaje y han hecho lo que han querido hasta ahora”. Por ello, creo que esto es correcto y que los mexicanos estamos muy conscientes de que esto no puede seguir así y hay que seguir luchando, convenciendo con argumentos.”

Para dialogar sobre este tema, la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presidida por Gómez Urrutia, llevará a cabo el Parlamento abierto en materia de subcontratación, el próximo 12 de febrero en el Senado de la República, al que han sido convocados representantes de las cámaras empresariales, empresas subcontratistas, líderes sindicales, académicos y especialistas en derecho laboral.

“Espero que este parlamento sea un foro de diálogo respetuoso, de apertura a las opiniones de todos, si hay algo que contribuya a este dictamen, que ya fue aprobado en comisiones, lo tomaremos en cuenta.”

Sobre este tema, el senador concluyó que pedir sanciones para quienes cometen fraudes no es criminalizar, como han dicho, “el que no pague impuestos aquí y allá comete un delito que puede ser sancionado…  pero los que se registren, se regulen, cumplan con sus obligaciones, no tienen de qué preocuparse”.

Con esta y otras reformas en materia laboral, aprobadas en el último año, se busca “corregir las deformaciones, los vicios que han generado desigualdad, corrupción…”.

SINDICALISMO, SALARIO Y TRABAJADORAS DEL HOGAR: AVANCES

De acuerdo con el legislador, la política laboral en México ha dado “pasos importantes hacia la democracia sindical, hacia la justicia laboral, el derecho de las y los trabajadores al voto libre, personal y secreto para elegir a la organización que quieran pertenecer y a los dirigentes sindicales que ellos quieran elegir y no que se los impongan”.

Se hicieron modificaciones para igualar a los trabajadores del apartado B, del sector público, con los del apartado A, del sector privado, con la finalidad de que puedan elegir a sus dirigentes, cambiar de organización, formar nuevas organizaciones, y no que sean controlados bajo una sola entidad. “Este es el derecho a la libertad sindical”, enunció.

En este sentido, también fue aprobado el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la libertad sindical y a la contratación colectiva, los cuales “habían sido congelados y retrasados por muchísimos años.”

Otro tema que había sido rezagado, al menos durante 60 años, es el reconocimiento de los derechos laborales de las 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, los cuales fueron establecidos en la reforma laboral, de mayo pasado.

Además de los avances alcanzados en este primer año de la LXIV Legislatura, el senador mencionó otras iniciativas que promueve para echar atrás las “concesiones” hechas por los gobiernos panistas a los empresarios en perjuicio de los trabajadores.

La reforma en materia de salarios caídos también es relevante porque “queremos que los juicios sean más dinámicos, ahora con la reforma laboral, va haber jueces de lo laboral, juicios orales, y eso va hacer más expedita la aplicación de la ley. Creo que con esto y con la libertad para elegir a sus dirigentes, las empresas van a tener menos elementos para despedir trabajadores. Es un paso muy importante hacia la democracia sindical y hacia la justicia laboral”, aseveró.

Con estos cambios, “Estamos tratando de reordenar todo el mundo del trabajo en México, porque en los últimos 30 o 40 años o más, se acumularon muchos vicios: concentración de poder sindical en unas cuantas dirigencias, no respeto a los derechos de los trabajadores y muchas injusticias que se han cometido”.

Las modificaciones legales apuntalan a la creación de un nuevo sindicalismo en México, aseguró, en el que los trabajadores tengan la garantía de sus derechos y la capacitación para defenderlos. Para consolidarlo, hay que cambiar la cultura laboral y patronal del país.

Con esta apuesta por la transformación del mundo del trabajo se pretende “dejar atrás vicios, errores, abusos, corrupción y muchas cuestiones que han caracterizado prácticas indebidas de la política laboral del país”, mencionó el senador morenista.