Luego de 15 años de litigio, el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia deberá cumplir con el pago de casi 55 millones de dólares que presuntamente desvió del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) hace 15 años.
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De acuerdo con Javier Villarreal, miembro de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos de México (UNASIM), este laudo, emitido por la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ya no puede ser impugnado como ocurrió en 2018.
Comentó en entrevista con El Economista que “este es el último tramo de un proceso que ha sido muy largo, y en donde, incluso, compañeros con derecho a ese dinero ya han fallecido. Esperamos que ahora sí se dé cumplimiento de manera inmediata a este laudo”.
Cabe recordar que el fideicomiso se formó en 2005 por la venta de Mexicana de Cananea, pero se desintegró, según consta en el expediente, por Napoleón Gómez Urrutia, quien después de haber realizado dos huelgas en contra de Grupo México, recibió alrededor de 55 millones de dólares, a través del fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat.
La historia de este litigio tiene lugar desde el 2006, cuando se presentó la primera denuncia sobre el manejo irregular del dinero que obtuvo el sindicato en el 2004, como parte de un acuerdo con la empresa minera Mexicana de Cananea, perteneciente a Grupo México, pero que nunca se distribuyó entre los trabajadores.
Aun cuando el Sindicato Minero realizó múltiples explicaciones sobre la utilización de los recursos, también es cierto que en la entonces Procuraduría General de la República (ahora, FGR), en el 2010 realizaba una investigación sobre la ruta de escape de una parte de los 55 millones de dólares del sindicato.
A partir de entonces, se conformó la Cooperativa Veta de Planta que agrupa a casi 10,000 trabajadores afectados por la malversación del millonario fondo minero, quienes han reclamado la devolución del Fideicomiso.
El Sindicato ha sostenido ser el propietario de los recursos y, por otro lado, los trabajadores han reclamado que les corresponde la entrega de los mismos. Un grupo de los trabajadores fueron a juicio por no haber recibido cantidad alguna y otros por haber recibido solo una parte.
Después de 15 años de litigio los tribunales de amparo han sostenido que los recursos son propiedad de los trabajadores.
“La JFCA en el laudo recién emitido da cumplimiento a los lineamientos establecidos por los tribunales de amparo a los que está obligada a sujetarse, de no hacerlo así, incurriría en responsabilidad penal y administrativa. Cabe destacar que de los 2,998 trabajadores demandantes, 708 obtuvieron laudo a su favor para recibir el pago completo y 389 el complemento, que corresponde al pago de las diferencias”, indicó la JFCA en un comunicado.
Con respecto a los 1,901 restantes, continuó, el sindicato fue absuelto debido a que los demandantes no acreditaron relación laboral, no ofrecieron pruebas en su defensa, o bien, sus demandas estaban prescritas.
Con respecto a la responsabilidad solidaria del dirigente sindical, este punto también fue definido por el Tribunal de amparo en la ejecutoria 910/2018, por lo que “invitamos al Sindicato a conducirse en un plano de verdad y con apego a la legalidad”.
Nota Aclaratoria Jfca 12-04-21 by La Silla Rota on Scribd
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