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Multa INE al PT con casi 120 mdp por desvío de recursos de los Cendis

Este viernes, el Instituto Nacional Electoral resolvió el caso, la mayoría de los consejeros consideró que la investigación que se realizó es sólida

Escrito en NACIÓN el

El Instituto Nacional Electoral multó al Partido del Trabajo con 119.8 millones de pesos por desvío de recursos, de los Cendis del partido en Nuevo León, a cuentas bancarias de funcionarios petistas.

En el debate general la mayoría de los consejeros consideró que la investigación que se realizó es sólida.

En su participación el consejero presidente Lorenzo Córdova relató que en los últimos días el PRI envió dos desistimientos por esta queja que interpuso y por la que se originó la investigación.

"El PRI denunció que recursos que llegaron de Nuevo León fueron destinados para fines electorales porque señaló que esos recursos se fueron a las elecciones de Aguascalientes en 2015", dijo.

Subrayó que la investigación no encontró evidencia en ese sentido, aunque contextualizó que por aquellas elecciones el PT conservó su registro como partido nacional ese año. Pero que sí documentó un esquema de financiamiento indebido en 2015, 2016 y 2017.

Y enfatizó que el desistimiento del PRI no significa en automático su sobreseimiento, "lo ha dicho el Tribunal, no nosotros". No obstante, cuando el tricolor fue notificado que ambos desistimientos no procedían, no impugnó éstos.

El representante del PT ante el INE, Pedro Vázquez, aseguró que el tema se utilizó para afectar a su partido y acusó violencia política de género contra las mujeres petistas nombradas en la investigación, refiriéndose indirectamente a la esposa del dirigente nacional Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez.

Cuestionó la investigación de la Comisión de Fiscalización "que no pudo probar cómo el dinero benefició al partido", dijo. Y agregó que tampoco se pudo probar que las cuentas bancarias citadas fueron aperturadas por su partido político.

Afirmó que el dinero sí se utilizó en los Cendis para pagos de empleados, "educadores, psicólogos, pedagogos, afanadores, técnicos, empleados, choferes, cocineras entre otros". Y dijo que con ese dinero también se pagó la alimentación de los niños, material didáctico así como locales y renta de los Cendis.

En su turno, la consejera Carla Humphrey pidió al partido no frivolizar el tema de violencia política de género. "No se trata bajo ningún concepto violencia política de género, con todo respeto pidió no frivolizar un tema tan doloroso para las mujeres del país".

La consejera Dania Ravel le respaldó. "No advierto violencia política de género contra una mujer solo por mencionar un vínculo matrimonial que resulta importante para demostrar la relación que tiene con el partido político que fue denunciado"; y enlistó que por ese hecho no se está generando mermas a derechos políticos, exclusión o discriminación por el solo hecho de ser mujer.

El consejero Uuc-Kib Espadas consideró que la triangulación del dinero es clara, "es evidente su circulación", por lo que propuso que la multa debe basarse en 30 millones de pesos y no 59.9 millones, pues consideró que en el proyecto solo se comprueba el desvío de la primera cifra, no de la segunda. Pero su propuesta fue rechazada.

El consejero Roberto Ruiz difirió pues señaló que "aquí no hay ninguna persona del PT que reconozca que ese dinero se desvío al partido aunque hay personas petistas involucradas"; y dijo que no queda plenamente probado por qué ese dinero habría beneficiado al partido.

LA MULTA

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral plantea sancionar al Partido del Trabajo con 119.8 millones de pesos por desvío de recursos,  pues documento que el gobierno de Nuevo León entregó entre 2015 y 2017 recursos a las estancias infantiles que opera el partido en aquella entidad. Y que, tras una investigación, este dinero llegó al partido.

El tema se encuentra agendado en la orden del día de la sesión que se celebra en estos momentos; sin embargo el representante del partido, Pedro Vázquez, solicitó su retiro para reagendarlo en otra sesión.

La presidenta de esta Comisión, consejera Adriana Favela, afirmó que el tema no puede ser agendado más allá de esta semana. Por unanimidad, los consejeros accedieron a reagendar el tema en la próxima sesión que, tentativamente, se realizaría el viernes.

La investigación hecha por la Comisión se dará en una queja presentada el 14 de noviembre de 2017 por la entonces diputada priista Claudia Pastor, entonces representante del partido ante el INE.

Refiere que el gobierno del Estado de Nuevo León transfirió 100 millones de pesos "para la operación de Centros de Desarrollo Infantil administrados por el Partido del Trabajo, a la cuenta personal de la funcionaria partidista María Guadalupe Rodríguez Martínez, integrante de la comisión coordinadora nacional del partido". Y agrega que ella es esposa de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT.

En resumen la investigación refiere que este dinero fue transferido posteriormente a otras cuentas bancarias privadas de funcionarios del PT por lo que el dinero nunca llegó a su objetivo inicial. "Presumiblemente, ese dinero se utilizó para financiar ilegalmente al PT", plantea el documento, que además hace hincapié que este fue dinero público.

Agrega que el posible financiamiento ilegal ha ocurrido por al menos 5 años, por parte del Poder Ejecutivo de Nuevo León y afirma que esto está prohibido en la Ley General de partidos políticos.

Refiere que aunque se solicitó información en aquel momento a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) se les negó "por tener carácter de reservada". Repitió la solicitud en 2019 pero la respuesta fue la misma.

En febrero de 2020 solicitó información a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o alteración de Moneda, para conocer el estatus de las cuentas bancarias a nombre de Rodríguez que fueron aseguradas.

Explica que en marzo está autoridad respondió que las cuentas sí fueron aseguradas "dentro del período 23 de agosto de 2017 al 10 de septiembre de 2018". Pero dijo que no podía remitir la información porque "el 31 de octubre de 2018 se autorizó el no ejercicio de la acción penal".

La Comisión refiere que en febrero solicitó información del caso a la FGR que a la fecha no ha dado respuesta.

También solicitó información a la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, juzgados varios, la contraloría interna de la Cámara de Diputados y al representante del partido del trabajo ante el INE, entre otros.

Se concluyó que María Guadalupe Rodríguez emitió 123 cheques depositados a la cuenta de Héctor Quiroz García por 59.9 millones de pesos entre 2015 y 2017. En aquel entonces Quiroz García era comisionado político del partido en Aguascalientes.

"Esta autoridad considera necesario determinar el alcance que guarda la relación partidista de los sujetos implicados en el flujo de recursos analizados a lo largo de la presente resolución", señala la comisión de fiscalización y plantea que todas las personas mencionadas tienen una relación jurídica entre sí.

Agrega que el PT argumentó en respuesta que no existen elementos que acrediten "el destino o beneficio de la presunta aportación de ente prohibido". Pero la comisión de fiscalización sostiene lo contrario.

"Esta autoridad concluye que el partido del trabajo efectivamente recibió 59.9 millones de pesos utilizando como interpósita persona a la directora general de dichos centros, María Guadalupe Rodríguez Martínez y Héctor Quiroz García, Durante los ejercicios 2015 2016 y 2017, cantidad que no fue debidamente reportada ni registrada respecto a los ingresos totales durante los ejercicios señalados".

Precisó también que la falta cometida es grave ordinaria y con omisión culposa porque el partido sabía que debía rechazar tales aportaciones.


(Luis Ramos)