Mildred del Jesús Can Hernández, Blanca Guadalupe Lizeth Uc Mart, María del Carmen Molina Chablé y Natividad Matías Morales (todas consejeras estatales de Morena en Campeche) pensaron que no pasaría nada por publicar durante cuatro meses en la red social Facebook conversaciones y audios de WhatsApp en contra de Patricia León López, secretaria general del partido en la entidad.
"Eres una mentirosa... Una perla... Eres parte de la mafia que se ha apoderado de Morena… Ustedes son falsificadores de firmas, mienten y traicionan a la militancia", fueron algunos de los mensajes que recibió y que ella expuso ante el Tribunal Electoral donde denunció. "Incitan al odio sobre mi persona, generando de igual forma violencia, ya que provoca una lucha para sacarme del partido denominándome pus", argumentó.
El Tribunal la avaló: "son expresiones que descalifican, ofenden y denigran", dijo. Pero la sanción a las cuatro mujeres consistió en una amonestación pública y su ingreso al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE ¿Fue suficiente?
Hoy, en este registro hay 20 funcionarios públicos (16 hombres y 4 mujeres); pertenecen al ámbito estatal y municipal y realizaron acciones que fueron catalogadas cómo violencia política contra las mujeres. Llama la atención que los estados con mayor número de denuncias son del sur y centro, mientras que en la zona norte sólo se ha documentado un caso. La mitad de estas denuncias son municipales y la otra mitad estatales.
En el contexto del día internacional de la mujer La Silla Rota entrevistó a la consejera electoral Dania Ravel ¿Es este padrón un logro para las mujeres? 20 agresores y agresoras inscritos ¿Qué lectura tiene?, se le pregunta.
"Implica un gran avance porque ya tenemos más criterios y más certeza. Sí son muchos o pocos casos depende la óptica: si lo miramos desde el problema que queremos erradicar, son muchas. Y si miramos desde la óptica del número de denuncias, son pocos", subraya. "No perdamos de vista que esto también constituye un ámbito penal y hay que ver si las autoridades locales tienen sentencias de este tipo", dice, en el sentido de que el INE no asumir toda la responsabilidad del tema. "Hay que mirar que están haciendo esas otras autoridades y cómo están resolviendo esos casos".
Durante su participación en el seminario “Democracia y elecciones en el mundo”, la consejera Carla Humphrey adelantó "por ser un registro público creemos que inhibe la violencia política en razón de género, pero ya veremos los resultados. Desafortunadamente empezó a funcionar el 7 de septiembre y lidera Veracruz con 7 casos”.
EL CASO ALTOTONGA
Ernesto Ruiz Flandes, alcalde por Movimiento Ciudadano, registra en este padrón seis de las siete incidencias que refirió Humprey. Pero a él eso parece no importarle. Medios locales señalan que se ha exhortado al funcionario a cambiar su conducta, lo que no ha ocurrido pues sigue siendo sancionado por la misma acción.
Las denuncias fueron interpuestas por la regidora María Elena Baltazar a quien el alcalde ignora en todo momento como funcionaria pública. Así lo señala la sentencia del Instituto Electoral de Veracruz que determinó que la conducta del Ruiz Flandes era dolosa.
"La obstaculización acreditada y atribuida al presidente municipal, quien ejerce una jerarquía el interior del ayuntamiento respecto de los demás miembros del cabildo, tiende a generar en los ciudadanos de dicho municipio la percepción de que la actora, como mujer, ocupa el cargo de edil de manera formal pero no material. Propicia un demérito generalizado sobre las mujeres que ejercen funciones públicas y un menoscabo sobre la regidora municipal... Las conductas fueron realizadas en un ejercicio abusivo o irregular de sus funciones", determinó.
Si bien el tribunal electoral de Veracruz da vista al instituto electoral del estado para que determine la sanción correspondiente; y la fiscalía local para iniciar una investigación.
Pese a la gravedad general del caso, al alcalde no le preocupa ser parte del registro porque sabe que esto no le impediría llegar a un nuevo cargo público. La consejera Ravel explica las razones.
“El registro fue creado por una sentencia del Tribunal Electoral; y ésta precisó que estar dentro del registro no implica en automático no poder competir por un cargo de elección. Es decir, no tiene efectos constitutivos”, relata.
“En su momento critique la sentencia por esa razón; y explicamos que el hecho de estar dentro del registro, no daba por sentado que una persona no pudiera ser candidato o candidata; aunque sabemos que cometieron un acto de violencia política”. Para que el agresor pueda perder una candidatura se necesita que la sentencia o resolución por la que fue sancionado señale, cita textual, que el agresor no puede participar en una o dos elecciones más.
“El caso Altotonga es paradigmático”, subraya Ravel, “es evidente que a esta persona no le está importando estar en el registro porque vuelve a incurrir en la misma conducta: a una integrante del cabildo no la convoca a sesiones, no le responde escritos, le limita información y el último hecho fue adelantar una sesión 15 minutos para que ella no estuviera presente”, enlistó.
Destacó que este tipo de conductas por sí solas, no podrían llevar a retirarle una candidatura; a menos que en su momento sean valoradas en conjunto como reincidencia en caso de que Ruiz Flandes busque otro cargo de elección popular.
¿ES EL REGISTRO UN “LLAMADO A MISA”?
Ravel reconoce que pese a ciertas limitantes, el registro del INE es un comienzo. "Permitirá que todas las autoridades en el país compartamos esta información y hagamos el análisis correspondiente respecto a si la persona que postula un partido político, cumple con todos los requisitos para que su registro se avale con su candidatura" por lo que exhortó a denunciar. Otra consecuencia inmediata en los electores, dijo, sería con base en una revisión a este padrón público, otorgar o no un voto informado al agresor en caso de buscar una candidatura.
Otro efecto positivo, adelanta, es generar información estadística para entender en qué zonas geográficas se está focalizando la violencia política contra las mujeres en razón de género y en qué momento ¿Cuando son candidatas o en pleno ejercicio del cargo?
"Eso nos ayudará en tres cosas: a ver dónde tenemos que reforzar la capacitación o sensibilización; exhortar a las autoridades locales al desarrollo de políticas públicas al respecto; e impulsar de ser necesario, modificaciones legislativas para atender las problemáticas focalizadas", enlista. “Como mujeres nos permitirá tener mayor información sobre quienes queremos que nos representan en un cargo de elección popular. No debemos tolerar nunca más actos de violencia contra las mujeres”.
(djh)