Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, presentó una iniciativa para reformar los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal para que los delitos cometidos en territorio extranjero contra mexicanos sean penados en México, en apego a las leyes federales.
De acuerdo con la propuesta, se deben cumplir tres requisitos para que un extranjero pueda ser juzgado en México:
1. Que el acusado se encuentre en la República;
2. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, y
3. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República.
La iniciativa establece una mayor penalidad para este delito al aumentar en cinco años tanto el mínimo como el máximo de pena de prisión.
Añade en los artículos mencionados “la conducta consistente en coaccionar a la población o a una parte de ella como un elemento de la conducta que no se contempla actualmente en nuestra legislación, a diferencia del exterior, como se da en el Código de los Estados Unidos de América”.
Se adiciona una fracción IV del artículo 148 Bis, a efecto de que se contemple que los actos de preparación de un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio extranjero, se castigue también cuando esta conducta se efectúa en contra de la población de origen mexicano o un sector de ella”, se puede leer en la iniciativa.
“Se adiciona una nueva fracción tercera al artículo 139 para establecer la punibilidad para quien realice alguna de las conductas a que se refieren las fracciones anteriores por motivos de orden político, racial, religioso, social, odio, discriminación o de supremacía”.
Propone que “en lo relativo a la punibilidad de conductas realizadas en el extranjero se estará a lo previsto en los artículos 2 y 4 de este Código, así como a los tratados internacionales de los que México sea parte”.
También busca adicionar una fracción al actual segundo párrafo del artículo 139 y tres fracciones a un nuevo párrafo del artículo 148 Bis para aumentar la pena en casos de que, además:
- Se ocasione pérdida de la vida o daño en la integridad física de persona menor de edad o mujer embarazada;
- El delito sea cometido por la condición de migrante de la víctima;
- Se propale discurso basado en la supremacía, xenofobia o en el odio racial que incite a la discriminación, desprecio o violencia moral o física por cualquier medio apto para su difusión pública, o
- Se acredite la pertenencia del infractor a organización que promueva la discriminación racial o la xenofobia e incite a cualquiera de ellas
La iniciativa plantea una pena mínima de cinco años y la máxima de diez años para quien encubra a un terrorista, “teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad”.
Según datos presentados por Monreal, la Southern Poverty Law Center identificó mil 20 grupos de odio en EU “desarrollando operaciones y diseminando su nociva ideología radical, amparados bajo las leyes que protegen el derecho a la libre expresión”. De dichos grupos, 16 promueven de forma explícita una ideología antiinmigrante, 148 de nacionalismo blanco, 63 racistas skinhead y 112 neonazis.
De acuerdo con datos del FBI y el Departamento de Justicia de EU, presentados en la iniciativa, entre 2014 y 2017 han ido al alza el número de crímenes en contra de la comunidad latina; han crecido un 42%.
cmo