La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es una de las principales causas directas de la crisis de derechos humanos que vive México, aseguró el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, ante senadores de la República, al señalar que la Ley de Seguridad Interior que ya aprobó la Cámara de Diputados no es la solución al grave problema de la violencia.
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Lo que se requiere, dijo, no es una Ley de Seguridad Interior, sino una discusión profunda e inclusiva sobre el modelo de seguridad que requiere el país.
Diversas organizaciones de sociedad civil, el Alto Comisionado y representantes de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos se reunieron con senadores integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda y con el director Jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Alejandro Ramos.
Durante tres horas, los legisladores escucharon de viva voz a quienes tienen serias preocupaciones por las posibles implicaciones que puede tener la citada norma, en materia de derechos humanos.
Jan Jarab enfatizó que desde que el gobierno mexicano recurrió a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública, el Alto Comisionado le expresó que era una decisión equivocada porque la lógica militar no debe aplicarse en esas tareas. “La Oficina del Alto Comisionado advirtió que ello podría acarrear mayores violaciones los derechos humanos, y así ha ocurrido”, dijo.
Señaló que el rol de las Fuerzas Armadas debe ser subsidiario y temporal, con una clara ruta de salida y sometido a controles y rendición de cuentas.
El responsable jurídico del Alto Comisionado, Alan García, enumeró las diversas observaciones que el organismo de Naciones Unidas hizo llegar a los senadores, entre las que se encuentran que la minuta de ley es ambigua, no hay claridad en los conceptos, violenta el principio de seguridad y crea incertidumbre jurídica para las propias Fuerzas Armadas.
Afirmó que se somete a la autoridad civil al poder militar y los protocolos de actuación serán los del Ejército.
A su vez, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, comenzó su participación diciendo que no se trata de denostar a las Fuerzas Armadas, pero manifestó que el concepto de seguridad interior es un híbrido que ya ha sido criticado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre sus observaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados mencionó que no establece una temporalidad a las labores de los militares, pues, aunque señala un año, ese plazo puede ser prorrogado; no hay supervisión legislativa ni de los organismos de derechos humanos, y atenta contra la autonomía de los organismos autónomos, entre otros puntos.
María Elena Morera, la organización Ciudadanos por una Causa en Común, destacó que con la propuesta de ley se trastoca el equilibrio de poderes y plantea un problema de institucionalidad. “No nos dejemos engañar, esta propuesta no solo regula a las Fuerzas Armadas sino que afecta el equilibrio político del país”.
Por su parte, Guillermo Silva, asesor del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicó que si bien se valora la actuación de las Fuerzas Armadas para lograr una mayor seguridad, “no es lo deseable. Necesitamos fortalecer las capacidades de las policías y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas”.
Coincidió en que se requiere una revisión real de la política de seguridad “pero una ley en estos términos no es la vía más pertinente ni la más adecuada”.
En su opinión, la ley no contribuye a la certidumbre jurídica que buscan las Fuerzas Armadas porque existe una amplia discrecionalidad que va a generar incertidumbre en su actuación.
Por su parte, el general Alejandro Ramos, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que no se trata de una ley para las Fuerzas Armadas sino para todas las autoridades responsables de la seguridad interior.
Fue enfático al señalar que no se trata de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, sino en seguridad interior y aunque no ofreció una definición de la segunda, dio a entender que la diferencia radica en que la seguridad interior tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada.
Externó una crítica a la política del Estado para enfrentar el problema que plantea esa delincuencia y dio que no ha sido integral pues no se ha atendido la pobreza y el desempleo.
En su opinión, la ley propuesta no afecta derechos humanos ni garantías ni confiere atribuciones adicionales a las Fuerzas Armadas, “por lo que no se requieren controles adicionales”.
Y dijo que, de cualquier forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.
Aseguró que la Ley de Seguridad Interior no es un cheque en blanco para las Fuerzas Armadas y que todas las decisiones que se tomen al respecto deberán estar fundadas y motivadas.
El militar exhortó a hacer una interpretación hermenéutica de la norma, a fin de no llegar a conclusiones equivocadas. Aseguró que se respetarán las protestas sociales pacíficas y que no se intervendrán llamadas sin una orden judicial.
En la reunión estuvieron presentes los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, y de Seguridad Pública, Ernesto Gándara, a quienes no les fue turnada la minuta ni fueron convocados para trabajar en comisiones unidas.