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Militares gozan de impunidad ante PGR

Un informe de la WOLA analiza los delitos cometidos por soldados, los casos que han sido investigados y sancionados, así como los que permanecen sin castigo

Escrito en NACIÓN el

La Procuraduría General de la República (PGR) realizó, de 2012 a 2016, 505 investigaciones contra soldados por acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidos contra civiles, de las cuales, sólo 16 terminaron sentencias condenatorias.

Es decir, en cuatro años la PGR sólo tuvo éxito en 3.2% de sus investigaciones.

Esto de acuerdo con un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) llamado “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”.

El documento detalla que mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió mil 835 casos a la PGR en materia de delitos realizados por militares, pues no tenía competencia para investigarlos, la dependencia federal sólo tiene el registro de 84.

Asimismo, la Sedena envió, de 2012 a 2016, 829 casos al Poder Judicial de la Federación (PJF), sin embargo, los jueces sólo aceptaron 314 de las investigaciones.

En los crímenes que los militares cometen contra civiles, el delito rey sigue siendo la tortura con 268 casos de los 505 investigados por la PGR, seguido del abuso de autoridad con 121, desaparición forzada con 37, violencia sexual con 31 y homicidios con 17.

Extorsión, privación ilegal de la libertad, robo y allanamiento de morada, son otros de los delitos que aparecen.

De las 16 sentencias condenatorias realizadas, siete fueron por encubrimiento de violaciones a derechos humanos y destrucción de cadáver; tres por desaparición forzada, tres más por homicidio, dos por lesiones y allanamiento, y una por violación.

El informe cita tres investigaciones civiles de soldados que enfrentan obstáculos.

Caso Tlatlaya: El enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega úbicada en Tlatlaya, Estado de México, durante el cual 22 personas perdieron la vida, de las cuales al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente por los uniformados.

Caso Calera: Desaparición forzada y homicidio de siete jornaleros en Calera, Zacatecas, el 7 de julio de 2015.

Caso Palmarito: Enfrentamiento entre la policía militar y personas presuntamente involucrados en la toma clandestina de gasolina (“huachicoleros”) el 3 de mayo de 2017 en el que resultaron muertos seis civiles y cuatro soldados.

WOLA hace una fuerte crítica a la llamada “Guerra contra el Narcotráfico” iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto: “Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia”.

Para la WOLA, “el fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano”.

El combate a las drogas con el fuerte despliegue de una seguridad militarizada ha provocado, señala el informe, tres principales consecuencias graves:

  • El repunte de la violencia en México y las constantes violaciones a derechos humanos.
  • La diminución de la urgencia y la presión de una reforma policial.
  • La rendición de cuentas prácticamente inexistente.

La WOLA también critica la Ley de Seguridad Interior, asegurando que validaría la participación militar en la seguridad pública, agudizando los problemas que el sistema de justicia mexicano ya tiene.

En su conclusión, el informe recomienda que se realice un plan para que se retira de manera paulatina a las fuerzas militares de las labores de seguridad pública. 

Urge que el gobierno desarrolle un plan de retiro paulatino de los soldados que estén desempeñando tareas de seguridad pública. Este plan debe ir acompañado del fortalecimiento progresivo de la policía civil en una lógica de seguridad ciudadana, de rendición de cuentas y de mecanismos para mejorar las investigaciones civiles de soldados implicados en delitos y violaciones a derechos humanos.

rgg