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Se defiende México por Ayotzinapa y Ley de Seguridad en la ONU

“México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”

Escrito en NACIÓN el

El gobierno mexicano se defendió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sus acciones ante el caso Ayotzinapa, así como por la implementación de la Ley de Seguridad Interior.

Esto durante su comparecencia en la Tercera Revisión en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.

“México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, dijo en Ginebra, Suiza, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Aseguró que el gobierno mexicano recoge las observaciones que se realizan sobre el actual del Estado en materia de derechos humanos.

La comparecencia de la comisión mexicana ante la ONU duró alrededor de tres horas y media.

Los miembros del consejo, conducido por Vojislav Suc, señalaron sus preocupaciones en materia de derechos humanos: las agresiones contra defensores y periodistas, violaciones a los derechos de personas migrantes, discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad, trata de personas y violencia contra las mujeres.

Rafael Avante, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), salió a defender a la Ley de Seguridad Interior, criticada por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Sobre la legislación dijo que abre la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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Avante sostuvo que la Guía de la Organización de Estados Americanos (OEA) avala el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, siempre y cuando con excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, principios que atiende la Ley de Seguridad Interior.

“En síntesis, la Ley de Seguridad Interior respeta los criterios emitidos en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no obstante, el Presidente de la República se abstendrá a emitir cualquier declaratoria sustentada en esta ley hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva y se pronuncie sobre la constitucionalidad y respeto a los derechos humanos de este lineamiento”

Sobre el éxodo de migrantes en tierras mexicanas, Avante dijo que “en México nadie es ilegal”, ratificando a los miembros de la caravana migrante su hospitalidad y solidaridad.

Rafael Avante prometió que se reforzarán los mecanismos oficiales existentes para la defensa y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Por su parte, Ricardo Sánchez, fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), defendió el manejo del gobierno mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Se ha dado cabal cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana y 98% de las recomendaciones emitidas por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han sido cumplidas”

Roberto Cabrera Alfaro, comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, reportó el registro de 37 mil 435 personas desaparecidas y que el pasado 16 de enero entró en vigor la ley general en la materia.

Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informó que las cifras que se reportan en la actualidad han puesto en el Estado en México frente a la necesidad de poner a las víctimas en el centro de una política integral. Aseguró que la CEAV ha trabajado en brindarles apoyo y garantías de no repetición, así como la reparación del daño.

Resaltó que el Registro Nacional de Víctimas tiene actualmente 19 mil 911 personas, 48% por daño directo y 52% indirectas, 62% son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Además, puntualizó que ha ofrecido atención integral a 14 mil 896 personas y se ha procurado la reparación del daño a  mil 424 víctimas, 281 directas  y mil 143 indirectas, con una erogación de 43 millones de dólares.

Kenia López Rabadán (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, informó sobre las diversas reformas a distintas leyes aprobadas por el Congreso, pero admitió que persisten retos. “En México entero vivimos tiempos críticos en materia de derechos humanos”, expuso.

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Organizaciones civiles aglutinadas en el #ColectivoEPUmx convocó al Gobierno federal electo, a través de la cancillería, a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones del Examen Periódico Universal.

En un comunicado, el colectivo apuntó que impunidad, violencia contra personas defensoras y periodistas, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niñez, seguridad y justicia, principales preocupaciones internacionales.

También resaltó que diversos países recomiendan la creación de una Fiscalía General autónoma e independiente y un Mecanismo contra la Impunidad.

Las organizaciones señalaron que “durante la administración de Enrique Peña Nieto, se ha constatado la utilidad de este examen para aportar datos objetivos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México”.

Con información de EFE

rgg