El tiroteo masivo perpetrado por Patrick Crusius el pasado sábado 3 de agosto dejó un saldo de 22 muertos, ocho de ellos mexicanos. Un supuesto manifiesto y sus publicaciones en redes sociales, arrojan que el ataque fue un crimen de odio contra la comunidad hispana, un acto terrorista.
Por ello, desde el domingo 4 de agosto, inmediatamente al día después de los ataques, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que buscaría acciones legales.
En un mensaje el canciller detalló que dichas acciones son por el acceso al arma con la que Crusius perpetró la masacre y seguir el juicio en Estados Unidos pidiendo, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), la extradición de Patrick a México por el delito de terrorismo.
La decisión de Ebrard levantó muchas cejas, muchos aplaudieron, otros más cuestionaron, sin embargo, la pregunta realmente es: ¿México puede o no extraditar al tirador de la masacre en Texas?
La ley en la que se basa el canciller para realizar acciones penales contra Patrick es el artículo 4 del Código Penal Federal, el cual explica que los crímenes cometidos por un extranjero contra mexicanos serán penados en México.
Esta legislación precisa que esto puede suceder siempre y cuando el sospechoso no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió, así como que en ambos países, tanto en México como en el que sucedieron los hechos, el acto que cometió sea ilegal.
Además, el simple protocolo de repatriación de las víctimas debe incluir por ley informes sobre las causas de muerte, mismos que podrían ser utilizados por el Estado Mexicano para este proceso de extradición.
Esto sin mencionar los protocolos internacionales firmados por México y Estados Unidos para combatir el delito, mismos que han derivado en varias extradiciones ganadas por el gobierno estadunidense contra criminales en tierras mexicanas.
En contraste, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, firmada por todos los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la cual México y Estados Unidos son parte, podría descartar posibilidad de la extradición en su artículo 19.
Esta legislación internacional sostiene que, pese a lo señalado en dicha convención, ningún país podría superar la jurisdicción de otra nación para hacer funciones que estén exclusivamente reservadas para dicho país.
Además, la insistencia de Marcelo Ebrard de señalar la masacre como terrorismo podría ser un mayor problema para México, pues aunque lo haya sido, en Estados Unidos los tiroteos masivos no entran como tal.
Esto quizá debido al gran número de tiroteos masivos que se registran en Estados Unidos, tan solo este año se han perpetrado 255 incidentes, según el registro de Gun Violence Archive.
El Estado Mexicano podría tener más argumentos legales para que dicha extradición suceda, sin embargo, todo depende del gobierno estadunidense y experiencias anteriores no parecen alentadoras.
Un claro ejemplo es el de José Antonio Elena Rodríguez, un adolescente mexicano asesinado en octubre del año pasado el agente de la Patrulla Fronteriza Lonnie Swartz.
El menor lanzaba piedras desde el lado mexicano de la frontera, mientras que el agente disparó en su contra desde tierras norteamericanas. Sin embargo, Swartz fue absuelto por la justicia de Estados Unidos y la extradición nunca llegó.
