El gobierno de México “ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados, perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada”, afirmó Human Rights Watch en su informe anual.
Además, aseguró que en el país existen “restricciones a la libertad de prensa, abusos contra migrantes y límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención médica”.
En el tema de desapariciones forzadas, ONG destaca que “miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas desde que el ex Presidente Felipe Calderón dio inicio a la guerra contra el narcotráfico. Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales”.
Sobre abusos militares e impunidad, la organización menciona que México ha dependido fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a violaciones generalizadas de derechos humanos.
El informe precisa que desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos.
Además, se desconocía el paradero de 42 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. “La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal. El ADN de uno de los 43 estudiantes fue identificado entre los restos que la PGR afirma haber encontrado en el lugar. Más de 80 personas fueron detenidas y acusadas por su presunta participación en estos hechos”.
En el tema de tortura destaca que “es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican durante el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Muchos jueces aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba”.
Y “es habitual que el sistema penal no logre proporcionarle justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen la corrupción, la falta de recursos y de capacitación, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos.”
“Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco ha implementado las medidas de protección dictadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en beneficio del personal de centros de acogida de migrantes, que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y funcionarios”.
Para continuar con el informe lo puedes consultar en su sitio web
Con información de Milenio.
nm