Un primer paso por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador para eliminar la corrupción a niveles gubernamentales es que se ejecuten cada vez menos adjudicaciones directas, o por “dedazo”, en los contratos públicos de las distintas dependencias federales, considera Raúl Olmos, autor del libro “El saqueo corporativo” (2020, Penguin Random House), al recordar que en lo que va del sexenio este tipo de contratos han sido los que han prevalecido, incluso con compras de insumos médicos para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Así lo aseguró en entrevista para La Silla Rota, el ganador al Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas 2019, quien en su libro se refiere a la adjudicación directa, como “un procedimiento discrecional que se presta a arreglos entre funcionarios y proveedores”.
Empresas fantasma, prestanombres, sobornos ocultos en paraísos fiscales, triangulación financiera, sobrecostos en obras y servicios, colusión de contratistas para simular competencia, son los mecanismos ilegales que han hecho que la corrupción se enraizara en México, detalla Olmos.
Resalta que México ocupa el tercer lugar en corrupción corporativa, según los casos de multinacionales que han sido sancionadas por violaciones a la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero entre 2010 y 2019. Es decir, nuestra nación empata con Rusia y se encuentran detrás de China (primer lugar) y Brasil (segundo).
En la reciente publicación editorial, el periodista hace un recorrido por distintos casos que han hecho que la corrupción, a través de este tipo de contratos públicos directos, se haya arraigado en sectores como el energético, farmacéutico y salud, estos dos últimos con consecuencias directas contra el bienestar de la población, y a los que se ha tenido que enfrentar el actual gobierno federal.
ADJUDICACIONES DIRECTAS EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD
Tres de cada cuatro contratos que otorgó el gobierno federal en 2019, se entregaron por adjudicación directa y no por licitación, muestran datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); mientras que hasta el 14 de abril de 2020, se registraron 39,808 contratos, de los cuales, 76.2% se entregaron sin llevarse a cabo una licitación abierta.
La licitación pública, por su parte sólo ha sido utilizada en 7,015 ocasiones (17.6% del total). Por el contrario, si excluimos a las dependencias del decreto por el covid-19, el porcentaje sube a 81.7%.
En la Ciudad de México, de acuerdo con datos abiertos puestos a disposición por el gobierno capitalino, se detalla que de los 781 contratos adjudicados debido a la atención del coronavirus Sars-CoV2, solamente 1 ha sido asignado luego de una licitación pública.
Las cinco empresas a las que más contratos se les han asignado "por dedazo" en la CDMX concentran el 27.6% del total de contratos entre el 28 de febrero y lo que va del mes de octubre.
LAS TRES EPIDEMIAS
La llegada de la pandemia del coronavirus a México agravó una epidemia con emergencia declarada en el país desde 2016: la obesidad y el sobrepeso.
“Las dos epidemias se han agravado con una peste que, desde hace décadas, ha infestado todos los ámbitos de nuestra sociedad: la corrupción”, escribe Olmos y recuerda que las primeras víctimas de la covid-19 “fueron, a la vez, víctimas de la epidemia de obesidad y diabetes”.
En entrevista, el también ganador del Premio Nacional de Periodismo (2009) y diversos galardones, asegura que este agravamiento se debió a una combinación de los estragos de la corrupción y la obesidad, con la falta de la implementación de medidas políticas adecuadas para frenar la propagación de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.
RECURSOS PARA ATENDER LA PANDEMIA
Al declarar la emergencia sanitaria por la covid-19, el presiente López Obrador aseguró que los recursos ahorrados por el gobierno a través de una serie de medidas de austeridad republicana se destinarían a la atención de la pandemia. Una de esas medidas es la reciente aprobación de la eliminación de 109 fideicomisos y fondos públicos para el presupuesto del próximo año.
Para garantizar que esto ocurra, Olmos asegura que debe haber una vigilancia activa por parte de periodistas, medios de comunicación y la sociedad en general.
CORRUPCIÓN DAÑA A LA SALUD
A raíz del cambio incluido dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el que se alarga hasta 30 años el periodo de vigencia sobre la patente por parte de una farmacéutica desarrolladora de algún medicamento, Olmos advierte el agravamiento de prácticas y argucias que algunas empresas utilizan para extender sus licencias, como el argumentar que acaban de descubrir nuevas propiedades del activo.
El cierre del mercado y el encarecimiento de las medicinas son algunas de las consecuencias de este tipo de prácticas, que a su vez provocan el desabasto de medicamentos.
Otra mala práctica detectada por parte de grandes empresas, es la elusión de impuestos por parte de las refresqueras, lo que le permite obtener concesiones sobre el agua, incluso en localidades con gran escasez del vital líquido. Tan solo Coca-Cola, Pepsi y Danone acumulan casi 260 concesiones para la extracción de agua para el embotellamiento de bebidas gasificadas y agua.
Olmos recoge que la Universidad de Yale señala que cada mexicano consume 163 litros de refresco al año en promedio. Este es uno de los factores que han agravado la epidemia de obesidad en México.
(djh)