José Antonio Meade, precandidato presidencial por la coalición “Todos por México” que encabeza el PRI, se reunió este lunes con militantes de Guerrero entidad gobernada por Héctor Astudillo Flores cuyas imposiciones en dependencias gubernamentales ha despertado el encono social.
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Desde 2015 cuando el partido tricolor recuperó una entidad bastión del PRD, favorecido por la crisis política y social que generó la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, el mandatario guerrerense ha sido acusado, por partidos de oposición y por activistas de diversos sectores, de imponer a funcionarios estatales en dependencias clave como el Instituto Electoral local, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e incluso en áreas de seguridad pública.
Héctor Astudillo llegó al gobierno estatal arropado por el entonces dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz y el senador René Juárez Cisneros, ex gobernador y hasta hace unos días subsecretario de Gobernación. Este hecho resultó en una fractura interna donde el grupo político del ex mandatario Rubén Figueroa Alcocer, acusó imposiciones del tricolor nacional.
Nombramientos a modo y nepotismo
Uno de los primeros nombramientos “a modo” del que se le responsabilizó al gobernador Héctor Astudillo Flores fue el de su primo Raúl Vega Astudillo como funcionario en la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG).
Al primo del mandatario se le acusó públicamente de beneficiarse de la venta de plazas cuando fue subcoordinador de Servicios Educativos en el año 2003. A pesar de los señalamientos de presuntos actos de corrupción en su contra, Raúl Vega fue nombrado coordinador de la Unidad de Nómina de Honorarios, de Estímulos y Compensaciones de la SEG.
Un mes después Astudillo Flores hizo una segunda designación que también se vio envuelta en la polémica. Nombró a su amigo Roberto Álvarez Heredia como vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), conformado por representantes del Ejército, Marina, la Secretaría de Gobernación y áreas encargadas de la Seguridad Pública.
Está decisión fue cuestionada debido a la falta de experiencia de Álvarez Heredia en la materia, sin embargo su nuevo cargo fue pactado por Astudillo en una reunión del gabinete de seguridad federal que se celebro en el puerto de Acapulco encabezada por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El control de la dirigencia estatal
Para enero de 2017 con el aval del gobernador Héctor Astudillo, Heriberto Huicochea Vázquez y Gabriela Bernal Reséndiz tomaron protesta como dirigente y secretaria del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI para el periodo 2017-2021.
Este acto fue considerado por sectores priistas como una “imposición” por lo que incluso cuestionaban la validez de los nombramientos. De acuerdo con versiones de los inconformes, la designación se habría hecho tras un acuerdo entre el gobernador guerrerense y el ex mandatario René Juárez Cisneros.
Un grupo de militantes encabezado por Lucas Molina quien buscaba una dirigencia municipal, denunció que no hubo una abierta convocatoria para este proceso y tampoco se tomó en cuenta a la militancia. “Debió abrirse un proceso democrático la convocatoria debió darse a conocer el día 19 de diciembre, y no lo hicieron, nadie sabía que iba haber registros de candidatos es un proceso amañado, van en sentido de fracturar cualquier proceso democrático, fue una clara imposición”, denunció.
Designaciones en instituciones electorales y de justicia
En octubre de 2017, pese a la impugnación del PAN, PRD, PT, Morena y Movimiento Ciudadano, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) nombraron a Cinthya Citlali Díaz Fuentes como presidenta provisional del órgano colegiado.
Este nombramiento también fue considerado una imposición por parte del partido en el gobierno. Representantes de diferentes partidos políticos denunciaron un “albazo” de los consejeros, a quienes acusaron de “imponer” a Cinthya Citlali Díaz Fuentes por instrucciones de la ex presidenta del IEPC, Marisela Reyes Reyes, quien renunció al cargo tras confirmarse que incurrió en actos de nepotismo.
Posteriormente, en noviembre del mismo año, el Congreso local aprobó el nombramiento de Paulino Jaimes Bernardino como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Para trabajadores del Poder Judicial del estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo detrás del nombramiento. Al mandatario le acusó de imponer de manera ilegal como magistrado al quien se desempeñaba como asesor de la presidenta del Congreso local, Flor Añorve Ocampo.
En el pasado, Jaimes Bernardino había sido destituido de un cargo por sus vínculos partidistas. En noviembre de 2014 dejó su cargo como magistrado electoral por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras considerarlo “inelegible” debido a que ocupaba un cargo partidista.
La resolución del TEPJF argumentó que cuando el Senado designó a Jaimes Bernardino como magistrado electoral de Guerrero, se desempeñaba al mismo tiempo como secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Municipal del PRI en Taxco, razón por la cual le fue revocado el nombramiento.