Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, informó que promoverán un proyecto de controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia determine la invalidez de las modificaciones a las leyes locales hechas por el Congreso de Tamaulipas, para blindar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de un posible desafuero.
Nosotros lo estamos promoviendo. Es una controversia, cosas de cajón que la Cámara tiene que presentar cada vez que alguien legisla para desconocer alguna de las facultades que la Constitución le confiere y que este es el caso
“El congreso del estado hizo una reforma a un ordenamiento interno que pretende desconocer la capacidad de la Cámara de Diputados como facultad exclusiva declarar la procedencia de la acción penal contra servidores públicos por la presunta comisión de delitos federales, no delitos del orden local”, detalló en entrevista.
En la Junta de Coordinación Política de San Lázaro se discute el tema de la controversia constitucional, este lunes. El borrador del documento, del cual La Silla Rota posee una copia, promueve como acto de invalidez “el acuerdo por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.
PROYECTO DE DECLARACIO´N DE PROCEDENCIA TAMAULIPAS V1 by La Silla Rota on Scribd
El viernes, la Sección Instructora llevó a cabo la primera diligencia para el desahogo de los testimonios del caso de desafuero del gobernador, en la que su abogado, Alonso Aguilar Zinser, encaró los datos proporcionados por el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.
Ambos funcionarios afirmaron desconocer el contenido de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República en contra del gobernador panista, por supuesto desvío de recursos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La defensa argumentó “ser víctima de un ataque político con fines electorales, orquestado desde Palacio Nacional”.
García Cabeza de Vaca respondió en un video, difundido en su cuenta de Twitter, que en dicha sesión se violó su derecho al debido proceso, así como la secrecía de información personal y familiar.
Después de la Jucopo, al pleno
Pablo Gómez señaló que será la Corte será quien resuelva sobre las reformas hechas por el Congreso estatal. Aunque el documento aún se discute en la Junta de Coordinación Política, Gómez aseguró que la propuesta avanzará “por el voto mayoritario del bloque de la 4T”.
“Después el tema se irá a la presidencia de la Mesa Directiva para que se ponga en tema a consideración del pleno, quién escuchará la opinión del director jurídico de la Cámara, Género Vázquez. Y una vez que se apruebe con el voto del pleno, se va la Corte”, dijo.
Pese a que el primero de abril comienza el puente de Semana Santa, el también vicecoordinador de Morena confió en que este tema quede aprobado antes de esa fecha.
¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO?
La controversia constitucional, que alistan los diputados federales, sostiene que el congreso tamaulipeco violó siete artículos de la Constitución federal, pues reformó la ley local para establecer que, entre sus facultades, está “promover aisladamente, sin la anuencia o participación de la otra cámara, una controversia en defensa del pacto federal”.
El documento que se discute en la Jucopo de San Lázaro defiende que “la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, sí o no lugar a proceder contra el inculpado”
Y subraya que, tras este procedimiento en la Cámara de Diputados, el papel del congreso local se limita a “que ponga el inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
CONGRESO DE TAMAULIPAS RECHAZA QUE REGLAS CONSTITUYEN BLINDAJE PARA GOBERNADOR
El Congreso de Tamaulipas rechazó que el acuerdo para establecer las reglas de procedimiento de homologación para el desafuero constituya un blindaje para el Ejecutivo Estatal.
En un comunicado, el Congreso del Estado estableció que las reglas para el desafuero únicamente fijan las las bases procedimentales que permitan a la legislatura local ejercer la competencia que sobre este asunto le confiere la Constitución, para que en observancia a esa potestad resuelva lo conducente.
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado señaló que el acuerdo adoptado quedó debidamente fundado y explicado que su propósito fue el de establecer las reglas internas para el procedimiento de homologación al que se sujetará dicho asunto una vez que lo remita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"Lejos de ser un blindaje, genera certeza y transparencia para los involucrados, entre ellos la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y es con el único fin de que el Congreso del Estado lleve a cabo sus facultades constitucionales", indicó.
El próximo miércoles habrá sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado y seguramente este asunta de la controversia constitucional que contempla plantear la Cámara de Diputados será abordado.