Aunque hace unos días el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, explicaba los problemas que ha enfrentado con otros funcionarios de la Cuarta Transformación por defender los proyectos en materia de medio ambiente, este martes en su columna el funcionario federal matizó su discurso.
En un audio que circulo en redes sociales, el titular de Semarnat señaló las discrepancias que ha tenido con Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que esta dependencia está dirigida a los agronegocios y está en contra de la agroecología, por lo que trata de imponer la visión de las grandes corporaciones.
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Este martes Toledo Manzur en su columna en La Jornada, escribe que los acontecimientos ocurridos en los últimos días, confirman lo visualizado anteriormente. Los puntos neurálgicos o contradictorios no sólo en México sino en el mundo siempre terminan en un dilema vital planteado desde la ecología política. Toda acción humana, sean decisiones individuales o familiares, políticas públicas o acuerdos internacionales, o se suman a la defensa de la vida o atentan contra ella. El gobierno de la 4T no es ajeno a esto. Lo que se haga en términos de energía, transporte, agua, urbanismo, salud, alimentos, cultura, siempre tendrá su equivalente ambiental. El bienestar de los mexicanos está íntimamente ligado a lo ambiental, porque todos aquellos males que el neoliberalismo provocó tuvieron a la par procesos de destrucción ecológica.
Por ello, ahora el gobierno de la 4T debe remontar este país injusto, desigual, enfermo, corrupto, patriarcal y con un entorno devastado y una naturaleza dilapidada.
De acuerdo con Toledo el actual gobierno no es anticapitalista, sino antineoliberal, no busca abolir o eliminar las empresas privadas ni busca la estatización total de la economía, sino algo más elemental: la regulación y la aplicación de las leyes.
Ahora busca proteger las selvas, bosques, suelos, biodiversidad, aire limpio, arrecifes, costas y playas; evitar el acaparamiento y mal uso del agua, impulsar ciudades, transporte e industrias limpias, transitar hacia las energías renovables, son algunas de las tareas centrales de la 4T. Nadie, cabal o sensato, se puede oponer a estas nobles acciones.
Sin embargo, una enorme campaña de difamación y desprestigio se orquestó en los últimos meses contra el gobierno de la 4T porque el presidente y un amplio sector de su gabinete decidieron enfrentar un asunto vital para la salud de los mexicanos y su relación con la alimentación y el ambiente.
Este asunto salió a la luz por la pandemia covid-19, México se encuentra con la mayor mortalidad por el virus, esto se debe a la pésima alimentación y a los ambientes contaminados, 67 por ciento de los fallecidos tenía padecimientos como diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión, y casi 80 por ciento de los fallecidos habitaban en alguna de las seis regiones más contaminadas del país.
Ante ello surge la necesidad de modificar el sistema alimentario, la producción, transformación, transporte y consumo, es por eso que la Semarnat, la Secretaría de Salud y el Conacyt, se fue construyendo una iniciativa novedosa que cristalizó en un programa especial que hoy aglutina ocho secretarías de Estado y otras cinco dependencias, y que el presidente respaldó e hizo oficial.
El programa va con todo para regular y, en su caso prohibir un sistema alimentario perverso: herbicidas, fungicidas, insecticidas, cultivos transgénicos, granjas porcícolas y avícolas, comida chatarra, refrescos, monopolios de comercialización y campañas publicitarias falsas.
El programa comenzó con la regulación y prohibición gradual del glifosato y otros 80 plaguicidas, y un etiquetado más riguroso que entrará en vigor en octubre próximo.
kach