Al anunciar su salida de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, para competir por la gubernatura de Sonora, deja una estela de 65 mil 580 víctimas de homicidio violento y feminicidio, lo que equivale a 98 muertes cada 24 horas, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.
La inseguridad que deja a su paso Alfonso Durazo incluye 15 mil 939 víctimas de extorsión, lo que equivale a 23.79 cada 24 horas, así como dos mil 588 de secuestro, cuatro cada día.
¿QUIÉNES SUENAN PARA SUSTITUIRLO?
De acuerdo con fuentes de la SSPC, la persona de mayor nombre en los pasillos para asumir el cargo de Durazo, es el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, quien ha operado en la institución durante el último mes y ha respondido al solucionar diferentes problemas, entre ellos, las manifestaciones de elementos de la extinta Policía Federal.
El segundo es Manuel de Jesús Espino Barrientos. Comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF). El tercero es Leonel Cota Montaño, titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
EL INICIO DE SEXENIO MÁS VIOLENTO
Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionan que este es el inicio más violento en un sexenio en materia de seguridad. Los datos revelan que Durazo deja 63 mil 792 muertes por homicidio y mil 788 por feminicidio.
Especialistas en temas de seguridad nacional, comentaron que la salida de Durazo para inclinarse por un proyecto político no es lo adecuado, y menos cuando el país enfrenta un tema de inseguridad, principalmente ocasionado por las muertes violentas, objetivo que no se logró reducir.
“Llama la atención que haya una preferencia por un proyecto político personal, por encima de uno de problemas de la agenda nacional, que es la seguridad pública. No es que, ser secretario de Turismo sea menos importante que el de seguridad, pero el impacto en la conducción de uno de los problemas primordiales del país llama la atención. El cambio va a generar reestructura y problemas laborales e incertidumbre en la institución, y lo peor es que se la salida se presenta con datos muy malos en materia de seguridad”, comentó Javier Oliva, especialista en seguridad nacional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Representa la primera parte de este gobierno en materia de seguridad con claroscuros. Primero, logró, gracias al apoyo de la 4T, la mayor reforma a los cuerpos de seguridad federales. Dos es la creación de la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal. Dos logros políticos. Sin embargo, eran muy aventuradas sus predicciones de bajar la violencia al año de gestiones. En 2020 seguirá estando en los mismos niveles de delitos, principalmente de homicidio”, explicó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
“No se bajaron los índices de violencia a pesar de que tuvo suficiente tiempo. Lo que pasa es que improvisar funcionarios es muy riesgoso, y más en la seguridad. Para mi Durazo no tenía el perfil y una preparación adecuada. Estamos viendo los resultados de esa improvisación”, consideró Javier Oliva.
“El objetivo principal, de reducir los homicidios, no se logró. Hay una caída marginal en 2020, principalmente por la pandemia, pero todo parece indicar que puede ser uno de los años de mayor violencia e inseguridad. El gran error de Durazo y del presidente, es asumir la responsabilidad de los homicidios, cuando le corresponde a los estados”, refiere Gerardo Rodríguez.
SUCESOS QUE MARCARON SU PASO POR SEGURIDAD
Durante los 22 meses en los que Alfonso Durazo fue el titular de la SSPC se registraron diferentes eventos que marcaron la cobertura mediática. El más importante fue la liberación de Ovidio Guzmán López, el 17 de octubre en el municipio de Culiacán, Sinaloa durante un operativo que lo dirigió el gabinete de seguridad nacional.
La fallida captura fue coordinada por los titulares del Ejército, Marina, así como Alfonso Durazo Montaño. Los escollos del secretario al momento de presumir una reducción de los homicidios incluyen los múltiples asesinatos registrados en el Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz, la de nueve integrantes de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora, así como el de 24 de personas en un centro de adicciones en Irapuato, Guanajuato. Dos más perdieron la vida días después.
Otro caso es el del 3 de diciembre de 2018, cuando ocho policías de Fuerza Única Regional (FRG) Jalisco, fueron emboscados por un comando en el municipio La Huerta. Un día después, en Esperanza Puebla, siete civiles fueron ejecutados.
El 14 de octubre de 2019, 13 elementos de la policía estatal en Aguililla, Michoacán, fueron asesinados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La madrugada del 9 de marzo, 15 personas que se encontraban en el interior del bar “La Playa Men’s Club”, en Salamanca, Guanajuato fueron asesinadas por sujetos con los rostros cubiertos. El 6 de enero hombres armados ingresaron al bar Las Virginias, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo y mataron a siete personas.