CIUDAD DE MÉXICO.- El coronel Raúl Castro Aparicio, involucrado en la matanza de Tlatlaya, teme ser detenido y torturado, por lo que solicitó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión arresto o acto privativo de la libertad, así como contra su posible incomunicación y maltrato.
El comandante del 102 Batallón de Infantería inició el proceso aún cuando las autoridades militares y federales negaron que existiera un mandato de captura en su contra, por lo que inicialmente le negaron la suspensión.
La demanda que sigue su curso en el Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, tendría un fallo definitivo el próximo 22 de enero en la audiencia que celebraría la jueza Martha Estréver Escamilla, sin embargo, fue cancelada y diferida hasta nuevo aviso.
Castro fue removido del mando del 102 Batallón de Infantería semanas después de la masacre de 22 civiles.
Testimonios indican que, el 30 de junio, el coronel llegó al lugar de los hechos un par de horas después del enfrentamiento.
Autoridades ministeriales aún no definen si Castro tuvo alguna participación en la alteración de la escena del crimen.
PGR debe entregar información sobre Tlatlaya en diez días
Esta semana se dio a conocer que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), revocó la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR), a entregar la información pericial sobre el caso Tlatlaya, pues no tiene sustento jurídico.
Dijo que esta semana, ante una inconformidad de un solicitante, el organismo al que pertenece, ordenó a la PGR que entregara versiones públicas de los peritajes de la investigación por el caso de Tlatlaya, a lo que la Procuraduría respondió que no serán abiertos.
Ante esta respuesta el comisionado del IFAI, subrayó que ya revocaron el señalamiento de la PGR por lo que la dependencia federal cuenta con 10 días naturales para la entrega de peritajes de la investigación por el caso Tlatlaya.
"Eso significa que dejamos sin efecto la negativa falaz de la PGR, es decir, sin sustento jurídico".
Dijo que el IFAI instruyó así a la dependencia, luego de la respuesta que la PGR dio a un particular en la que le negó los peritajes de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
En entrevista en Radio Fórmula, Acuña subrayó que el IFAI hizo valer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de manera muy oportuna, había dado la categoría a dichos hechos lamentables, de violaciones graves.
Dijo que cuando hay violaciones graves a derechos humanos, las reservas se vuelven inadmisibles, porque en un Estado de Derecho debe de prevalecer, aún en situaciones en las que de manera formal quepa una reserva, debe prevalecer la máxima publicidad como garantía al conocimiento de la población.
Indicó que esperan que la nueva Ley General de Transparencia, resuelva un asunto que está relacionado con la eficacia de las resoluciones.
"Nuestra resolución ya surtió efecto en el sentido que está generando la resonancia que debe de tener, y por supuesto que la PGR, entendemos que bajo un contexto de exigencia social, exigencia critica, debe de reaccionar y debe de entregar en menos de 10 días que es como tenemos ante las normativas que tenemos actualmente".
El comisionado del IFAI aseguró que la PGR no tiene ningún recurso jurídico, "la PGR no puede combatir esta resolución, las resoluciones del IFAI son inatacables y son definitivas. En esto ganamos ya con la reforma constitucional, lo que está pendiente es la ley general que nos va a ayudar a perfeccionar mecanismos para garantizar que se cumpla".
Insistió en que la PGR tiene que entregar la información, "tiene que entregar la información y si no lo hace, que es desgraciadamente lo que pudiera pasar, vamos a tener nosotros que regresar al caso en una cuestión pública y endurecer nuestra exigencia y a señalar incluso ya que su tardanza o su deliberado desafío, desacato, a dale aviso al órgano interno de control para que elabore acciones internas de responsabilidad por desacato".
bvn