Las decisiones que ha tomado el jefe del Ejecutivo Federal, como la suspensión de actividades del aeropuerto de Texcoco, la Ley de Remuneraciones y la cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), se han topado con un obstáculo: los reveses que ha ordenado el Poder Judicial.
A continuación, te decimos tres casos en los que esto ha ocurrido:
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NAICM
Este miércoles, un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó una nueva suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, hasta que se tengan los estudios en materia de seguridad a los que se refieren la Ley de Aeropuertos y su Reglamento.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito también ordenó a las autoridades a conservar las obras construidas en Texcoco, hasta que un Juez de Distrito revise a fondo todos los elementos de prueba que se encuentran en el expediente.
Una de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), misma que comenzó a hacerse realidad al comenzar su gobierno el 1 de diciembre.
En los primeros meses de su sexenio, el gobierno definió que lo construido en Texcoco se convertirá en un parque. De hecho, el director General del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua afirmó el lunes pasado que se inundará la losa de cimentación del NAIM para desarrollar el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco.
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LEY DE REMUNERACIONES
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una suspensión para tener salarios similares a 2018, con la condición de que no rebasen en más del 40% a lo que gana el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite, en enero pasado, una controversia constitucional promovida por el IFT para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2019.
Sin embargo, le negó la suspensión de las disposiciones que prohíben fijar sueldos superiores al Presidente de la República.
Fue la Primera Sala de la Corte que determinó darle la vuelta a la resolución e incluso podría permitir el pago retroactivo de remuneraciones.
La Ley de Remuneraciones fue de las primeras iniciativas a las que el presidente López Obrador dio prioridad al comenzar su sexenio. La legislación fijó un tope salarial que no pueda superar el salario del presidente, es decir 108 mil pesos, lo que fue cuestionado por funcionarios federales al considerar que el ajuste es inconstitucional.
Dicho ajuste aplicaría al Poder Legislativo, el Judicial, dependencias federales, Banxico, TEPJF, INE, CNDH, los tribunales de la Federación y organismos y empresas paraestatales, entre otros.
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Zona Económica Especial (ZEE)
Idealsa, empresa de origen guatemalteco, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación luego de recibir una negativa para obtener un permiso para operar como Administrador Integral de una Zona Económica Especial (ZEE).
En una columna publicada en el diario El Financiero, la periodista Lourdes Mendoza asegura que este será el primer juicio donde se cuestionará la negativa de otorgar un permiso para el desarrollo de las ZEE y se someterá la decisión del Poder Judicial de la Federación a la necesidad e importancia de fomentar el desarrollo económico y social del sureste del país por medio de este tipo de esquemas.
Este juicio, además, se coloca en el contexto de las condiciones migratorias que persisten en el sureste de México y de confirmarse la inconstitucionalidad de la decisión de la autoridad que negó el permiso, podría iniciarse el desarrollo de un proyecto que “traerá aparejada la creación de fuentes de empleo y desarrollo económico en esa región”.
“Ahora resulta que una empresa guatemalteca es la que está luchando por los ideales de AMLO, de sacar adelante el sureste del país, en lugar de la secretaria Graciela Márquez”, se puede leer en el texto de la periodista.
En abril, el presidente informó que el gobierno no apoyará el proyecto de ZEE al considerarlo como un “invento carísimo”. En su lugar, se implementarán los “proyectos de desarrollo”, de acuerdo con fuentes de la oficina de la Presidencia.
El programa fue impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en septiembre de 2017, con el objetivo de impulsar la actividad económica en el sur-sureste de México, en estados rezagados con respecto a los del norte y la región de El Bajío.
Estas zonas eran “áreas delimitadas geográficamente que ofrecen un entorno de negocios excepcional, estimulan la inversión y la actividad económica por medio de un atractivo paquete de incentivos”.
cmo