Desde abril de 2017 se quedaron a la espera 18 propuestas que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado para ocupar posiciones como magistrados anticorrupción en salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Estos perfiles fueron objetados por organizaciones civiles y senadores del Partido del Trabajo, ya que a 10 les hallaron vínculos políticos que ponen en riesgo su parcialidad. Aparte es el caso de dos mujeres: María Zaragoza Sigler y Ana Yadira Alarcón Márquez, quienes están afiliadas al PAN.
SACARÁN DE LA CONGELADORA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS ANTICORRUPCIÓN
La tarea de los magistrados anticorrupción será resolver sanciones contra servidores públicos por actos como desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o peculado, entre otros delitos de corrupción con dinero del erario.
El proceso de designación de los polémicos perfiles lo retomarán en los próximos días las comisiones de Hacienda y Justicia, luego que lo turnara Martí Batres, titular de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
Aún existe la posibilidad de que se rechacen y se pidan nuevas opciones, ya que el riesgo de incurrir en conflicto de interés es latente en más candidatos, quienes son cercanos a ministros de la Suprema Corte o de exfuncionarios del sexenio de Felipe Calderón.
Este es el caso de Álvaro Castro Estrada quien trabajó con Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo como subsecretario, así como coordinador de asesores con el ahora expanista y con Alejandro Poiré, quien cerró la administración calderonista como titular de la Segob.
Respecto a Jesús Rojas Ibáñez se sabe que es parte de la gente de confianza desde 2003 de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte, a quien además se le cuestiona que en el máximo tribunal del país labore como contralor su primo Juan Claudio Delgado Ortiz Mena, con un salario mensual libre superior a 150 mil pesos.
Las actividades de Rojas Ibáñez con el ministro Ortiz Mena han sido como secretario de Estudio y Cuenta, o en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) donde lo sucedió como administrador General Jurídico.
María Zaragoza Sigler trabajó con los exsenadores albiazules Fauzi Hamdan y Guillermo Anaya Llamas, mientras que la aspirante Ana Yadira Alarcón Márquez fue suplente de la diputada federal de Acción Nacional, Margarita Saldaña Hernández en la 62 Legislatura.
Situación similar es la de Víctor Mariel Soulé quien estuvo muy activo con Santiago Creel cuando fue titular de la Secretaría de Gobernación con tres posiciones, donde destacó como secretario General del Cisen.
La relación de Verónica Aguilera Orta con el PAN data de las elecciones federales de 2009 y su posición como candidata suplente a diputada federal plurinominal por la Cuarta Circunscripción.
Otro con “lazos azules” es Miguel Guillermo Aragón Lagunas, quien en el sexenio de Vicente Fox perteneció a la coordinación de asesores de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob.
LOS CERCANOS AL PRI
Carlos Antonio Alpízar Salazar contó con el aval del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila como integrante de la terna que propuso para ser fiscal general de la entidad.
Marco Antonio Palacios Ornelas es gente de Julián Olivas Ugalde, militante del PRI que estuvo al frente de la Secretaría de la Función Pública como encargado de despacho.
Por último se liga al Revolucionario Institucional también a Luis Eduardo Iturriaga Velasco, quien ahora se desempeña como vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda, donde su actual titular Norma Alicia Rosas Rodríguez es cercana a Luis Videgaray y José Antonio Meade.
ams