CONGRESO

Los matices en la elección del nuevo Fiscal General

Diversas iniciativas se han presentado para reponer el proceso de elección del primer Fiscal General, pero no todas se conforman con la eliminación del pase
Los matices en la elección del nuevo Fiscal GeneralLos matices en la elección del nuevo Fiscal General. (Tomada de la web)

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Diversas son las iniciativas que se han presentado en el Congreso para reformar la Constitución y reponer el proceso de selección del primer Fiscal General de la República, pero no todas apuestan solo por la eliminación del pase automático de la PGR a la nueva Fiscalía, como lo propuso el presidente Enrique Peña Nieto o el PRI; hay otras que apuestan a una amplia auscultación de perfiles que sean totalmente apartidistas e independientes e, incluso, algunas buscan la reducción del periodo en el cargo.

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Desde noviembre de 2016 a la fecha, se han presentado al menos cuatro iniciativas de reforma al artículo Décimo Sexto Transitorio constitucional y/o al artículo 102 de la Carta Magna para reponer el proceso de elección del primer fiscal general de la república, sin embargo, en el preámbulo de la discusión sobre este tema en la Cámara de Diputados, no se tiene certidumbre sobre cuál de los proyectos alcanzaría mayores consensos, pues si  bien abordan el mismo tema, todas tendrían diferente alcance.

EPN-PRI buscan eliminar pase automático sin vetar al actual procurador

En el caso de las iniciativas presentadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto y por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, se busca eliminar el pase automático del titular de la PGR a la nueva Fiscalía pero sin impedirle al actual procurador general que sea considerado entre una lista de 10 candidatos a ocupar el cargo.

Los proyectos presentados en noviembre del 2016 y el pasado 7 de septiembre, respectivamente, se presentaron en los mismos términos y consideran una sencilla modificación constitucional para determinar que en la elección del primer Fiscal General de la República como en el caso de sus sucesores, el Senado de la República debe elaborar con el aval de las dos terceras partes de sus integrantes, una lista de diez candidatos a ocupar el cargo que será enviada al Ejecutivo federal para que a su vez reduzca la lista a tres perfiles, de los cuales por mayoría calificada se designará a quien ocupe el cargo.

Sin embargo añaden que "el Procurador General de la República que se encuentre en funciones continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación".

PRD pretende abrir proceso de designación a la sociedad civil

Otra iniciativa presentada por el PRD en el Senado sobre este tema, se basa en la apertura del proceso de selección del fiscal general para garantizar la activa participación de la sociedad civil.

De acuerdo con el texto del proyecto presentado en noviembre del 2016 en el Senado que reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio para "recuperar la certeza en la investidura del fiscal" es necesaria una "amplia auscultación a la sociedad", por lo que sugiere que en la lista de candidatos se incluyan perfiles propuestos por instituciones de educación superior, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general y a través de un procedimiento público.

A diferencia de las iniciativas del PRI y del Ejecutivo Federal, este  proyecto que fue presentado por el PRD cuando estaba bajo el liderazgo de Miguel Barbosa (ahora legislador del PT), busca ampliar los criterios de selección de candidatos para garantizar que sea un proceso abierto y transparente.

PRD y PAN se centran en la evaluación de los perfiles

Adicionalmente a la propuesta antes mencionada, se presentó en abril de este año una iniciativa de reforma suscrita por senadoras del PRD como Angélica de la Peña Gómez y su entonces compañera de partido Dolores Padierna, así como por la panista, María del Pilar Ortega.

Se trató de una iniciativa muy similar a la promovida hace casi un año por el senador Miguel Barbosa Huerta, que pretende hacer de la elección del fiscal un proceso abierto y transparente, pero se centra principalmente en establecer la participación de la sociedad civil no solo en sugerir perfiles, sino en evaluar a los que se incluyan en una lista de 10.

Textualmente se establece que "el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, la cual deberá integrarse mediante un proceso transparente y público, con participación de la sociedad civil que evalúe la idoneidad para el cargo.

ONG van por perfil independiente y reducción del periodo en el cargo

Por otra parte, la iniciativa que incluye el mayor número de reformas tanto al artículo 102 constitucional como al Décimo Sexto Transitorio, es la que presentó hace una semana los organismos de la sociedad civil concentrados en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, entre los que se integran Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para las organizaciones no solo es importante eliminar el pase automático de la PGR a la Fiscalía, sino garantizar un perfil con independencia política, electo por concurso público, y solo para cumplir con una encomienda de seis y no de nueve años como actualmente contempla la ley. 

A diferencia de cualquier otra propuesta, este proyecto busca garantizar la independencia política del próximo fiscal general, al considerar que no puede ocupar este cargo quien haya sido registrado como candidato, haya desempeñado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación, o algún cargo de dirección o representación nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación. 

Asimismo, proponen reducir de 9 a 6 años el periodo de ocupación del cargo, el cual sería improrrogable; y determina que el periodo de gestión iniciaría el 1 de octubre cuando el titular del Poder Ejecutivo inicie su quinto año de gobierno, con el fin de blindar el nombramiento del fiscal general de la influencia que pudiera ejercer el presidente de la república en turno. 


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