En los últimos años el Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha visto envuelto en casos de corrupción que han originado la destitución de jueces y magistrados de distrito y hasta la renuncia de Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), investigado por lavado de dinero. Una investigación que sigue en el limbo.
El caso más reciente es el de la juez y el del secretario de acuerdos del Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, María del Socorro Castillo Sánchez y Marco Aurelio González Romero, por el fallo que permitió la no vinculación a proceso de José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, identificado por el gobierno federal como líder de Guerreros Unidos y pieza clave en el caso Ayotzinapa.
Según la FGR, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) tiene datos de prueba (audios) en los que personas ligadas a “El Mochomo”, dialogaron con trabajadores del juzgado para la liberación del capo.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel
Documentos del PJF consultados por La Silla Rota mencionan que entre los años 2015 y 2019 se emitieron dos mil 11 sanciones en contra de empleados del PJF por delitos que van desde el enriquecimiento ilícito, corrupción, nepotismo, sexuales, administrativos, así como omisión en la declaración patrimonial, entre otros.
Entre los funcionarios que se han hecho acreedores a una sanción, la cual implica amonestaciones administrativas hasta la separación del cargo, se encuentran 88 jueces y magistrados quienes, a través de sus sentencias, se beneficiaron y favorecieron a integrantes de los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva, Los Cuinis, Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta llegar a casineros, gaseros, importación de automoviles o el caso “Porky”.
Una de las sanciones más recientes es la del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, exmagistrado del Sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Jalisco. A Avelar, identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es acusado de lavar de dinero para el CJNG y Los Cuinis. Avelar ordenó en la libertad de Francisco Aguilar Santana, “Juan Pistolas” y de Rubén Oseguera González, “El Menchito”. Esta persona está recluida en el Penal de El Altiplano por el delito de enriquecimiento ilícito.
Avelar.
Otro de los impartidores de justicia es el exmagistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien permitió la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, “El Chapito”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán; de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, así como su pareja sentimental. Luna Altamirano fue separado de cargo.
El juez “Porky”, Anuar González Hemadi, quien en 2017 emitió un amparo que protegía a uno de los cuatro jóvenes acusados de violar a una menor, también fue destituido por corrupción y actuar en contra de constancias y por errores inexcusables en un caso de pederastia en contra de una menor.
También se encuentra Ricardo Hiram Barbosa Alanís, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, ligado a un grupo de casineros; el juez de Distrito, Efraín Cázares López, quien liberó a funcionarios implicados en el llamado “Michoacanazo” y quien además concedió un amparo al exdiputado federal del Partido de la Revolución Democratica (PRD), Julio César Godoy Toscano; Felipe Consuelo Soto, relacionado con el caso Oceanografía.
El juez de Baja California, Alfonso Javier Flores Padilla; Jorge Figueroa Cacho de Jalisco. Francisco Martín Hernández Zaragoza, titular del Sexto Distrito en Materia Penal del estado de Jalisco; Francisco Ramos Silva, extitular del Juzgado Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Luis Armando Jerezano Treviño de Torreón, “el juez casinero”, acusado de recibir dinero y lavar dinero para José Rojas Cardona, el “Zar de los casinos”.
La magistrada María del Carmen Torres Medina, acusada por el abuso laboral en contra de nueve empleados “cuando se desempeñaba como integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo en Chilpancingo, Guerrero”.
(María José Pardo)