La propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de descentralizar la administración pública federal, y con ello trasladar las secretarías de Estado a diferentes entidades del país, implicaría una serie de desafíos que van desde lograr una adecuada reubicación de oficinas centrales, hasta garantizar la protección de los derechos laborales de quienes tendrían que ser desplazados a otros estados.
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De acuerdo con el estudio “Desconcentración administrativa: desafíos de implementación”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, aunque esta medida podría promover el desarrollo regional y disminuir el costo de la burocracia, la decisión tendrá implicaciones que afectarán la configuración de poder entre la federación y los estados, además de alterar el funcionamiento de las instituciones públicas.
Ante esta advertencia, el IBD definió una serie de temas que tendrán que ser atendidos por el próximo Presidente de la República para lograr la efectiva reubicación de las dependencias federales.
Considerar indicadores económicos y sociodemográficos
El órgano de investigación del Senado, estudió los casos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que fueron trasladados a Aguascalientes y Morelos respectivamente, a consecuencia del sismo de 1985.
Con base en los criterios entonces utilizados, y en los desafíos que en su momento implicó esta mudanza, se determinó que es necesario considerar las necesidades de cada institución, además de evaluar los indicadores económicos y sociodemográficos para revisar si las ciudades en donde se pretenden reubicar son la opción más adecuada.
Hacerlo así, de acuerdo con el IBD, permitiría detectar las necesidades de la organización y de la comunidad en la que se reubicará.
Consultar a los trabajadores; ofrecer estímulos
Asimismo, se resalta la importancia de encuestar a los trabajadores de la administración pública para conocer su disponibilidad de cambiar de residencia, así como para obtener información sobre la composición de sus hogares.
Es recomendable que la planeación incorpore, desde el inicio, a todos los actores que se consideren clave para la ejecución de un proceso de esta naturaleza”, señala el documento elaborado por el área de investigación del Senado.
Se destaca que en el caso del Inegi se realizaron distintas acciones de planeación para la ejecución de esta decisión, incluyendo la firma de un convenio con el gobierno del estado y el gobierno federal, en donde se establecieron los compromisos que cada parte asumiría para llevar a cabo esta reubicación.
Además se ejemplifica que en el caso de Capufe, que al momento de su traslado contaba con mil 400 empleados, las autoridades apoyaron a los trabajadores con recursos extraordinarios para la adquisición de viviendas y la inscripción de sus hijos en escuelas de la entidad. Capufe también creó un fideicomiso para otorgar créditos blandos para la adquisición de viviendas, de forma que fueron vendidas a la mitad de su precio.
Respeto a los derechos laborales
Otro aspecto se relaciona con la protección de los derechos laborales de los trabajadores. En el estudio se destaca la necesidad de valorar la pertinencia, y el costo, que tendrán los casos de aquellos trabajadores que no deseen reubicarse.
Esto incluye analizar y respetar las condiciones contractuales de los trabajadores y el espectro de alternativas que pueden ofrecerse.
En este tema se ilustra con el caso ya documentado de Capufe que concedieron liquidaciones extraordinarias a quienes rechazaron trasladarse. Hubo empleados que optaron por ser liquidados con un bono extra dependiendo de su antigüedad, además de cinco meses de salario extraordinario
Cercanía y buena comunicación con el gobierno estatal
La experiencia documentada en el estudio, elaborado por los investigadores Gris Legorreta y Orozco Rivera, también destaca la importancia de la coordinación intergubernamental e interinstitucional en estos procesos.
Se considera que un factor que puede facilitar la transición de las dependencias federales es la relación entre el gobierno federal y el de la entidad sede, de tal forma que puedan distribuirse entre estos, distintas tareas y sus costos.
Rendición de cuentas
En el estudio “Desconcentración administrativa: desafíos de implementación” también se sugiere la implementación de instrumentos de rendición de cuentas respecto a la ejecución de las acciones a nivel regional; además de establecer mecanismos de monitoreo y supervisión respecto a los modelos utilizados.
fmma