La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) calificó como un grave retroceso en materia de derechos humanos, como el derecho a la comunicación y a la libre expresión, en un país con una marcada brecha digital, la extinción de los organismos autónomos como lo plantea la iniciativa del senador Ricardo Monreal con la modificar el artículo 28 constitucional.
El 10 de junio, el senador por Morena presentó una iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional con el objetivo de extinguir la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para fusionarlos en un único órgano regulador con el nombre de Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) bajo la premisa de que esto traería ahorros al país.
Al respecto, las organizaciones como Article 19 México y Centroamérica; Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.; Internet Society Chapter Mexico; Ojo de Agua Comunicación; R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales; SocialTIC A.C.; Congreso Nacional de Comunicación Indígena; Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.;Desarrollo Comunitario y Cultural Ma Nguhe, A.C.; Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C.; Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), capítulo México; y la Coordinación de producción de Territorios Radio de la Universidad de Guadalajara (UDG), entre otras más indicaron que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) ocurrida en el 2013, “fue un logro de la presión y lucha social de distintas organizaciones y movimientos de la sociedad civil, entre ellos, la de los pueblos y comunidades indígenas por el reconocimiento al pleno ejercicio de su derecho a la comunicación. Ello ante los abusos y excesos cometidos durante muchos años y que se expresaron especialmente en la llamada Ley Televisa combatida mediante una acción de constitucionalidad, diversas controversias constitucionales y amparos”.
Uno de los resultados centrales de ese proceso fue la creación de un órgano regulador autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas características y atribuciones fueron consultadas y delineadas por especialistas en la materia y representantes de diversas organizaciones y comunidades indígenas.
“La razón de ser del IFT se basa en décadas de abuso de los poderes fácticos en el acaparamiento del espectro radioeléctrico, la violación a derechos de libertad de expresión y la obstaculización de la participación de actores comunitarios e indígenas en la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello se hizo impostergable construir un órgano técnico independiente capaz de regular dichos poderes y velar por los derechos fundamentales a la comunicación de la sociedad mexicana”, advirtieron en documento conjunto.
Debilitaría al Estado; grandes empresas, ganadoras
Afirmaron además que retroceder a través de una reforma que debilite estas barreras para convertirlo en un órgano político basado en un procedimiento de designación por el Ejecutivo Federal y a propuesta del Senado como contempla la iniciativa y no mediante un proceso de selección por instituciones autónomas, “nos llevaría a la lamentable realidad que dio origen a la reforma, es decir, condiciones similares a las de la Ley Televisa”.
Ante ello, afirmaron que los únicos ganadores de esta iniciativa serían las grandes empresas reguladas que siempre se aprovecharon de órganos reguladores débiles dependientes del Ejecutivo.
El gran perdedor sería el Estado, quien al debilitarse frente a los poderes fácticos se quedaría sin ningún tipo de salvaguardas para ejercer su función como garante de la libertad de expresión, la cobertura social y de la competencia y libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones. El Estado lejos de robustecerse, terminaría debilitado
LEE MÁS: Morena propone "megaórgano" que supla a IFT, Cofece y CRE
Críticas a la iniciativa de Monreal
Las organizaciones advirtieron que la iniciativa de Monreal atenta directamente contra derechos fundamentales que particularmente sobre el tema del IFT, señalan a continuación:
1. Viola los principios fundamentales de participación y consulta en el proceso legislativo, al haber sido elaborada a espaldas de los órganos especializados, la academia, concesionarios, organizaciones, comunicadores comunitarios e indígenas y ciudadanía interesada, base esencial de todo gobierno democrático.
2. Pone en riesgo la autonomía e independencia del órgano regulador al eliminar el examen de conocimientos para la elección de sus consejeros y establecer únicamente criterios políticos de elección a través de la única participación del Senado y el Ejecutivo. Particularmente, en este gobierno, el primero ha mostrado amplia subordinación al segundo.
3. Pone en riesgo la autonomía e independencia del órgano regulador al eliminar el examen de conocimientos para la elección de sus consejeros y establecer únicamente criterios políticos de elección a través de la única participación del Senado y el Ejecutivo. Particularmente, en este gobierno, el primero ha mostrado amplia subordinación al segundo.
4. La falta de consideración sobre la autonomía e independencia del INMECOB habilita la posibilidad de hacer un uso instrumentalizado de la administración pública, por parte del Poder Ejecutivo Federal, para socavar manifestaciones asociadas a la libertad de expresión, información y protesta.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Comisiones bancarias, fusión IFT-Cofece-CRE y más buscapiés de Monreal
5. Mina el fortalecimiento técnico y especialización del organismo al incorporarlo a instituciones enfocadas solamente a la competencia económica y no a la vigilancia de derechos fundamentales a la comunicación que la reforma de 2013 buscó atender en la creación de este organismo.
6. La iniciativa viola el derecho a la libertad de trabajo, así como incurre en prácticas anticompetitivas de denegación de trato, al establecer que las consejeras o consejeros y la persona que presida al INMECOB deberán contar, entre otros requisitos, con estudios relacionados con el objeto constitucional del INMECOB no inferiores a Maestría, avalados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Lo anterior implica la pérdida de capacidades y experiencia especializada en cada uno de los sectores que supervisaría el órgano, si es que las personas adecuadas para ocupar estos cargos llevaron sus estudios especializados en el extranjero.
7. La iniciativa no considera las necesidades reales e imperativas en el sector de telecomunicaciones, ni la deuda que permanece con poblaciones históricamente rezagadas y marginadas que no tienen acceso a las herramientas necesarias para el ejercicio de sus derechos.
8. Si bien el IFT no es un órgano infalible, sus fallas radican mayormente en que éste requiere de más facultades regulatorias y recursos para que opere de forma eficiente y así garantizar la implementación de una Política de Cobertura Plena de Telecomunicaciones en México que abarque: (i) información estadística clara, (ii) un sistema ágil y simple de licenciamiento, (iii) habilitar la posibilidad de participar en los programas gubernamentales de cobertura, (iv) mejorar la gobernanza del espectro de uso libre, (v) acceso a fibra, interconexión y peering, (vi) acceso a recursos, (vii) investigación y desarrollo y (viii) fomento a la creación de contenidos locales y una presencia de la pluralidad lingüística y cultural de la nación mexicana en todos los medios de comunicación.
(María José Pardo)