El asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz, juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, no es el primero que se comete en los últimos años en contra de impartidores de justicia.
#Comunicado El PJF, @SCJN y el CJF, lamentamos profundamente el cobarde asesinato del Juez Uriel Villegas y Verónica Barajas, su señora esposa.
— CJF (@CJF_Mx) June 16, 2020
Condenamos y rechazamos enérgicamente los actos de violencia.
Nuestro sincero pésame a familiares, amigos y colegas; descansen en paz pic.twitter.com/SIS92XnFpd
Entre los crímenes registrados en contra de juzgadores se encuentra el de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Toluca.
Giro pasional
De acuerdo con las autoridades del Estado de México, el crimen se cometió el 17 de octubre de 2016 cuando realizaba ejercicio en las calles del fraccionamiento Árbol de la Vida de Metepec, cerca de Toluca.
Después de casi tres años de investigaciones, las autoridades detuvieron a Marisol “N”, y tras presentar evidencias fue vinculada la autoría intelectual del homicidio de su esposo en octubre de 2019.
Otros casos
Otro de los crímenes es el del juez de Juicio Oral y Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial estatal, Ernesto Montoya Garduño, quien fue localizado en la carretera Atlacomulco, Estado de México, el 22 de septiembre de 2018.
En diciembre de ese mismo año fue privado de la vida el juez Abelardo Ibarra en el Fraccionamiento Haciendas del Santuario, al sur de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Entre los crímenes registrados también se encuentra el de René Hilario Nieto, adscrito del Estado de México, quien fue asesinado en agosto de 2006. Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala, magistrados adscritos en Sinaloa, fueron ejecutados en noviembre de 2001, por un comando.
Nulos resultados
En ninguno de los casos, las autoridades han logrado una sentencia en contra de los detenidos, e incluso, en la mayoría de los casos, los criminales siguen en las calles debido a la falta de investigación por parte de los ministerios públicos y policías.
El aumento de las agresiones a los jueces ha llevado al poder judicial a otorgar guardaespaldas y equipos blindados a 91 juzgadores, así como sus familiares. Hasta el año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tenía asignados vehículos blindados, servicios de escoltas; chalecos antibalas, así como teléfonos equipados con botón de pánico.
Entre las entidades donde se tiene asignada la protección a los jueces y sus familiares son: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
El análisis de riesgos del CJF ha llevado a tener diferentes puntos de atención para otorgar la seguridad, entre ellos, están los casos que llevan, principalmente de delincuencia organizada o delitos considerados como graves.