NACIÓN

Las 24 pruebas de la FGR que incriminan a Rosario Robles

El juez determinó que deberá permanecer en prisión y la llamó a presentar evidencia de que informó a Meade y Peña Nieto de los desvíos

  • MARCOS MUEDANO
  • 13/08/2019
  • 20:04 hrs
  • Escuchar
Las 24 pruebas de la FGR que incriminan a Rosario Robles
Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, fue vinculada a proceso y recluida. (Especial)

Los datos de prueba fueron contundentes. Rosario Robles ex secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo conocimiento de, por lo menos, 24 contratos y convenios que realizaron ambas dependencias con universidades y sistemas de radio y televisión estatales para causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos durante todo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, la Fiscalía General de la República (FGR) sustentó que, la también exjefa del entonces Gobierno del Distrito Federal, participó en los convenios o acuerdos y no hizo nada para evitar que se continuarán efectuando, e incluso, fue omisa al informar a su superior jerárquico, Enrique Peña Nieto, sobre las irregularidades detectadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).   

En la audiencia en que, Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio de Sedesol y Sedatu, así como internada en el Penal Femenil de Santa Marta Acatitla, por el riesgo a sustraerse de la justicia, los fiscales enlistaron los siete contratos que realizó la Secretaría de Desarrollo Social, así como los 17 que efectuó Sedatu con universidades y sistemas de radio y televisión en los estados de México, Morelos, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas en perjuicio de programas sociales, como la Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa de Pensión de Adultos Mayores.

Los contratos fueron hechos para realizar videos y capsulas informativas de los programas sociales de ambas dependencias, cotejar que los recursos fueran entregados a los beneficiarios, realizar encuestas de satisfacción, así como entregar bienes y utensilios con los que el gobierno federal aseguraba combatir la pobreza en el país y mejorar el desarrollo urbano.

Los argumentos presentados por la Fiscalía indican que los convenios fueron realizados para desviar los recursos a través de un esquema de simulación que iniciaba con la concesión de contratos a través de adjudicaciones directas, con lo que se evitaba licitar los programas y con ello, garantizar un menor costo para el Estado.

Una vez entregados los recursos, los contratistas subarrendaban los trabajos en un 49% o hasta 100% a otras empresas, quienes a su vez entregaban el dinero a particulares, por lo que no existe evidencia de que se hayan realizado los trabajos pagados, e incluso, en algunos casos, se pagó por servicios que ya estaban hechos.

Según los registros de la ASF y de la FGR, el desvío de recursos inició el 15 de febrero de 2013, a través de un contrato entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México relacionado con el Programa de Pensión de Adultos Mayores. La ASF detectó simulación de operaciones, así como pagos injustificados a proveedores por un monto de 21 millones 77 mil 406 pesos

LOS CONTRATISTAS DE ROSARIO

De acuerdo con la lista de documentos exhibidos por los fiscales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue el contratista favorito para desviar recursos del erario público. Con esta institución se llevaron a cabo siete convenios o contratos por más de mil 64 millones 994 mil 512 pesos.

Con las universidades del estado de México llevaron seis contratos.  En la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, dos cada una, respectivamente; mientras que con la Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Intercultural del Estado de México, uno cada uno consecutivamente.

En Quintana Roo fueron tres. Dos con la Universidad Quintanarroense y uno con la Universidad Politécnica de Quintana Roo. En Chipas dos con la Universidad Politécnica de Chiapas

Y uno con la Universidad Autónoma de Chiapas.

Con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y Universidad Politécnica de Tlaxcala, con la Universidad Autónoma de Zacatecas y con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en Hidalgo uno respectivamente.

Además de estos contratos o convenios, también se realizaron tres más con sistemas de radio y televisión en dos estados.  En Hidalgo se efectuaron dos con Radio y Televisión de Hidalgo, ambos durante la administración de Sergio Islas Olvera, y durante el gobierno de Francisco Olvera Ruiz.

El primero se llevó a cabo el 17 de marzo de 2014 por un monto de 353 millones 652 mil 249 pesos. El segundo se realizó el 20 de enero de 2015 por 601 millones 658 mil 806 pesos. Ambos fueron para la contracción de servicios de difusión de radio y televisión que ya estaban hechos.

En Sonora, también se llevó a cabo un contrato con la Televisora de Hermosillo el 19 de abril de 2016 por un monto de 271 millones 981 mil 655 pesos.

EN LA MIRA PEÑA NIETO Y MEADE

Durante la audiencia que se alargó por más de 12 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dejo abierta la posibilidad de iniciar una investigación contra el ex candidato a la presidencia José Antonio Meade Kuribreña,

Al exponer los motivos por los cuales determinó vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga dijo que entre los datos de prueba ofrecidos por la defensa de la ex titular de Sedesol y Sedatu se encontraba una “joya” que da la pauta a la Fiscalía General de la República de abrir un expediente contra Meade.

En la audiencia, la defensa de Robles argumentó como dato de prueba que al momento de dejar la Sedesol, su cliente notificó, a través de un acta de entrega recepción, sobre las observaciones hechas por las ASF, por lo que Meade tenía que llevar a cabo su solventación.

La supuesta notificación fue hecha a través de un documento, el cual no presentó en la audiencia, por lo que el juez Delgadillo, ordenó a Rosario a presentar el oficio ante la Fiscalía General de la República antes del 17 de agosto.

Además, determinó que una vez recibido y analizado por la FGR, la institución debía analizar la posibilidad de iniciar una investigación contra Meade por la omisión en las investigaciones de los contratos a través de los cuales se desviaron los recursos.

En la misma audiencia, el juez consideró que Rosario Robles Berlanga debe presentar el documento de prueba por escrito, en el que notificó a Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades detectadas por la auditoria, ya que no basta con argumentar que lo hizo a través del “teléfono rojo” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como en giras y reuniones con el mandatario. En caso de no hacerlo, Rosario estaría encubriendo al ex presidente Enrique Peña Nieto.

JGM