El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es acusado de usar su guerra contra la corrupción para expulsar a sus oponentes mientras hace la vista gorda ante el comportamiento cuestionable de los aliados.
“Existe una gran contradicción entre lo que prometió el presidente y lo que está sucediendo. Hay una politización de la justicia”, dijo María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
El último incidente se produjo el mes pasado, cuando Eduardo Medina Mora, ex fiscal general renunció como ministro de la Corte Suprema. López Obrador dijo que Medina Mora renunció para concentrarse en una investigación sobre transacciones financieras presuntamente sospechosas.
Meses antes, el ministro había negado las acusaciones de que había transferido grandes sumas de dinero a cuentas bancarias internacionales en su nombre que supuestamente estaban fuera de línea con sus ingresos.
Pero cuando más tarde se supo que sus cuentas bancarias se habían congelado justo antes de renunciar, y se descongelaron inmediatamente después, el gobierno enfrentó reclamos de que estaba manipulando la investigación para expulsar a un oponente político. Medina Mora, quien fue nombrado a la corte por el predecesor del presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI, y se desempeñó como ministro bajo el PAN, niega haber actuado mal.
Se vio que el destino de Medina Mora contrastaba con el tratamiento de Manuel Bartlett, jefe de la compañía estatal de electricidad CFE y un importante aliado del presidente. Se enfrentó a solo una investigación administrativa después de que una investigación de los medios descubriera una serie de propiedades y compañías vinculadas a él y su familia que había omitido de su declaración oficial de ingresos.
López Obrador ha desestimado las acusaciones de los medios contra Bartlett, quien ha negado haber actuado mal, como "un intento de malgastar al nuevo gobierno". El jefe de la CFE dijo que las propiedades y empresas vinculadas a Julia Abdala, su socia de más de 20 años, no eran relevantes para su declaración porque "no tengo esposa ni concubina".
Medina Mora y Bartlett no son las únicas figuras públicas que se enfrentan al escrutinio.
Carlos Romero Deschamps renunció en octubre después de casi tres décadas como poderoso jefe sindical en Pemex, la compañía petrolera estatal de México, luego de ser investigado por presunta corrupción. La investigación se produce cuando López Obrador dice que está tratando de hacer que los sindicatos mexicanos sean más transparentes y responsables. Romero Deschamps niega las acusaciones.
Por el contrario, no ha habido ninguna investigación sobre Yeidckol Polevnsky, jefe del partido gobernante Morena, sobre una exención de impuestos considerable que le fue otorgada y que, según dijo, fue el resultado de un error de su contador.
En otro caso, un juez que había confirmado las demandas legales contra el nuevo proyecto planeado del aeropuerto de Ciudad de México de López Obrador, que está diseñado para reemplazar un centro parcialmente construido de 13 mil millones que el presidente ha descartado, fue puesto bajo investigación por presunta corrupción y suspendido durante seis meses.
En cuestión de días, y con el juez, Jorge Camero, fuera de escena, se negaron los mandatos judiciales restantes, lo que permitió al gobierno continuar con el proyecto.
"Hay un doble estándar: comportarse de cierta manera contra tus oponentes y de una manera muy diferente contra tus aliados", dijo Marco Fernández, de la universidad Tec de Monterrey.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, un grupo de expertos, dijo que el país ahora está presenciando "un ajuste de cuentas" por parte del gobierno mientras demuestra su poder.
Fue el disgusto público generalizado con el injerto en espiral que ganó las elecciones del año pasado de López Obrador. Él dice que ha cumplido con su prioridad número uno al negarse a tolerar la corrupción gubernamental y al hacer que los delitos de corrupción sean delitos graves que conllevan detención automática previa al juicio. Los opositores dicen que su éxito hasta la fecha es difícil de medir.
Graciela Márquez, secretaria de Economía, dijo en una conferencia reciente que le dio a López Obrador 10 de 10 por su progreso y "se ha erradicado la corrupción en el gobierno federal", una afirmación que provocó una oleada de risas incrédulas de la audiencia. .
López Obrador ha negado las sugerencias de que su gobierno está tratando de silenciar a los críticos. "Queremos que todos puedan expresarse, para garantizar el derecho a disentir, eso es lo que estamos buscando", dijo la semana pasada.
Pero algunos analistas dijeron que las acciones del gobierno sugieren lo contrario. "La narrativa política es que la corrupción terminó y, por lo tanto, no deberíamos estar hablando de eso", dijo Manuel Molano, jefe del grupo de expertos del Instituto Mexicano para la Competitividad.
“Lo que estamos viendo. . . es quizás la antesala de un régimen mucho más autoritario que cualquiera que hayamos visto en los últimos 40 años en México".
El artículo original en Financial Times
JGM