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Llega a clamor el repudio a propuesta de contrarreforma judicial de Gertz Manero

Coinciden en mencionar que es una regresión al sistema inquisitorio que se tenía antes de 2008

Escrito en NACIÓN el

Organizaciones de la sociedad civil, académicos y políticos rechazan el proyecto de reformas en justicia penal que intentó presentar la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal al Senado el pasado 15 de enero.

Las diferentes opiniones coinciden en mencionar que es una regresión al sistema inquisitorio que se tenía antes de 2008, cuando se contaba con una justicia basada en las violaciones a derechos humanos y al debido proceso de víctimas y victimarios.

“Lo que pretendían poner, lo que se vio hasta ese momento de los borradores, es una regresión al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es curioso porque se han presentado muchas reformas a la Ley que no han servido de nada, y Gertz vuelve a presentarlas. La reforma que se presentó en 2008 tiene un problema, no se prepararon bien a los operadores, eso es uno de los principales motivos por los cuales no funciona el sistema. Se supone que ya habíamos pasado el tema de la tortura, pero ahora, con estas iniciativas, se abre la puerta de nuevo para obtener pruebas a través de la tortura u otros medios no adecuados”, comentó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

"Esta propuesta fue hecha sin la participación de diálogo de las organizaciones de derechos humanos, ni si quiera hemos tenido acercamiento con el fiscal. La ley que se quiere reformar no fue planteada con el conocimiento de las organizaciones, sino de la propia institución. El fiscal no ha implementado prácticamente nada de lo que está establecido en la ley. Entonces en ¿qué ha trabajado el fiscal?", consideró Edgar Cortez del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia.

"No solo es la Ley Orgánica, sino un paquete de leyes, entre ellos, una Reforma Constitucional. ¿Dónde se presentan las mayores violaciones a derechos humanos?, creo que están en Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley de Justicia Penal para adolescentes, en la de Amparo y en la de Ejecuciones. Lo que se plantea es una figura de pesos y contrapesos para el fiscal. Solo hay un punto que me parece rescatable es la ampliación de la acción penal, pero de ahí, no veo otro punto bueno. Las iniciativas nos regresan al pasado", mencionó Susana Camacho, coordinadora General de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

“Ya se ha comentado que hay pocas capacidades económicas para la fiscalía, sin embargo, se están guiando por lo fácil. Esto implica que las autoridades puedan caer en detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos y al debido proceso. Esto implica que las autoridades puedan realizar detenciones arbitrarias sin investigaciones judiciales previas. También, el realizar cateos a domicilios sin órdenes judiciales, comentó Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad nacional del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede).

 “Un tema importante que quieren cambiar, es que las víctimas no pueden investigar, lo cual es un absurdo, porque la mayor parte de las pruebas las obtienen los familiares de las víctimas. Otro tema importante es que viene una reforma al Poder Judicial, sin el Poder Judicial, lo que me parece absurdo que se quiera hacer sin la Suprema Corte de Justicia Penal y el Consejo de la Judicatura Federal. Esperemos que los próximos días sirvan para replantear las iniciativas. También es importante la participación de especialistas, sociedad civil y de las víctimas”, explica María Elena Morera.

"El fiscal ya tenía que haber entregado un plan de persecución y transición sobre cómo se van a generar los cambios, cómo va a desarrollar planes de investigación. El cambio de Procuraduría a Fiscalía no sirvió de nada, todo sigue igual. No hay un proceso para cambiar a la institución, su funcionamiento y organización. En lugar de corregir esos errores, vamos a cambiar la ley. Esperemos que el fiscal nos informe en qué ha cambiado la institución, cuáles son las mejorías para mejorar la justicia del país. Los documentos que se presentaron son un paradigma regresivo, que nos regresa al sistema inquisitivo que teníamos antes de 2008, darle facultades al Ministerio Público, y no para que haga bien su trabajo, sino para realizar tropelías", dijo Edgar Cortez.

Incluso, los errores que ven los especialistas sobre las iniciativas fueron retomados por medios internacionales, como El País, quien cita a Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal y candidato a doctor por la universidad de Yale:

"Lo mejor es que todavía no se haya presentado. Si esto pasa, es gravísimo, estamos hablando de detener a ciudadanos sin pruebas".

POLÍTICOS SE SUMAN AL RECHAZO

Entre las posturas que se han generado, se encuentran la de senadores de distintos partidos políticos, quienes aseguran que no van a permitir que se regrese a las viejas prácticas de procuración de justicia que han dañado al país.

Durante una mesa de análisis realizada por LA SILA ROTA y El Heraldo de México, Germán Martínez del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Damián Zepeda del Acción Nacional (PAN) y Juan Zepeda de Movimiento Ciudadano (MC) coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe cumplir su palabra y dar la seguridad que demandan los mexicanos.

“No vamos a regresar al sistema penal inquisitivo, en esto de la justicia se necesita eficacia de Estado, orden, seguridad, pero sí atacar el México de libertades que todos hemos construido, tiene razón la oposición en esa preocupación, pero también debemos ayudar al Estado a perseguir el delito y darle seguridad a la gente que es lo que está demandando”, explicó Germán Martínez.

“Un presidente de la República debe de unir a un país y este presidente divide y eso no me parece que sea sano, en término de actitud, el presidente da mal ejemplo, más allá de las ocurrencias y puntadas del presidente, yo quisiera que cumpla su palabra. Nosotros estamos para construir, yo cuando volteo a ver a la 4T de verdad espero que tengan más voces sensatas, me parece que todos queremos cambiar México y a veces tenemos distintos puntos de vista y en esas diferencias hay que encontrar los puntos en común, escucharnos y si ponemos así las cosas yo estoy seguro que vamos a salir adelante, por eso le tengo fe a la Reforma de Justicia", consideró Damián Zepeda.

Mientras que Juan Zepeda asegura que "el presidente tiene que convocar a una reconciliación en partidos de oposición, legisladores y que encontremos la causa en México, creo que es la responsabilidad del presidente. Apoyamos en lo que estamos de acuerdo y votamos en contra de lo que creemos no está correcto para el país, a la oposición nos falta hacer lo que AMLO hizo por mucho tiempo, recorrer las calles, buscar a la ciudadanía, y tampoco podemos ser una oposición que diga no a todo".

AMLO Y GERTZ MANERO PRETENDEN UN RETROCESO EN JUSTICIA: DUNYASKA

La secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Mariana Dunyaska García Rojas, alertó sobre la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República para reformar el sistema de procuración y administración de justicia en México, que de realizarse sería un retroceso jurídico que violarían los derechos humanos de la ciudadanía.

Dentro de este paquete de 9 iniciativas que tiene previsto presentar el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero el 1º de febrero ante el Senado de la República, se considera permitir que cualquier persona pueda ser detenida sin orden judicial, busca extender el arraigo para todos los delitos y aceptar pruebas obtenidas de manera ilegal, sin considerar que sea a través de tortura, fabricación de pruebas o falsificación de testimonios, advirtió.

La legisladora veracruzana indicó que se incorporaría la figura de “presunción de responsabilidad”, en vez de presunción de inocencia, en violación a los derechos humanos, para todas aquellas personas por negarse a algún peritaje lo que daría lugar a presumir ciertos los hechos imputados, lo que dejaría sin efecto el derecho de audiencia.

Dunyaska García Rojas, comentó que también se plantea restituir a las autoridades penitenciarias las facultades para determinar los traslados de reos sin necesidad de requerir para ello de la autorización de un Juez. En tanto se pretende homologar la legislación con un Código Penal Nacional y la incorporación de nuevos delitos para ser aplicados en todos los estados de la República.

Recordó que  reformas constitucionales de 2008 y 2011 crearon un marco para establecer un modelo de justicia que modificó el sistema penal donde se procuraban los derechos humanos de las personas y el cual se ha ido consolidado en el país en estos años, por lo que de hacer cambios medulares en su estructura en unos meses podría diluirse.

Resaltó que de presentarse la propuesta y ésta fuera avalada por el grupo mayoritario de Morena habría un retroceso en la procuración e impartición de justicia en el país, debido a que dichos anteproyectos de estas reformas van en contra de la presunción de inocencia y los derechos humanos.

(Luis Ramos)