El próximo lunes se concreta el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos y material de curación para el segundo semestre de 2019, en medio de incertidumbre, falta de claridad y preocupaciones de la industria privada, que ve riesgos de que por los bajos precios máximos de referencia, el gobierno busque ahorrar comprando productos que no cumplan con los estándares de calidad de México.
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Después de la licitación LA-012000991-E82-2019 salió con un mes de atraso y de que la junta de aclaraciones se pospuso en tres ocasiones provocando un reajuste en el calendario, el próximo lunes 24 de junio los laboratorios farmacéuticos presentarán sus propuestas a las secretarías de Hacienda y Salud para obtener el contrato de alguna de las más de 3 mil claves que solicita el gobierno. La fecha para dar el fallo es el próximo viernes.
Sin embargo, son muchos los cuestionamientos y las dudas que rodean esta compra que será por 17 mil millones de pesos y en la que participan 25 estados, Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pemex y la Secretaría de Marina.
Esta compra consolidada tiene dos marcadas diferencias con las que se realizaban anteriormente, la primera es que ahora se dejó fuera a los distribuidores y sólo pueden participar las empresas que son dueñas de las patentes de los medicamentos e insumos. La segunda es que es abierta internacional, lo que incumple la Ley de Adquisiciones, que estipula que debe ser en tres etapas: nacional, con los países que México tiene acuerdos económicos y luego para todo el mundo.
Las principales preocupaciones que ha manifestado la industria son sobre los bajos precios máximos de referencia, el corto tiempo para realizar la entrega, la posibilidad de que se entreguen permisos fast track a empresas extranjeras para que puedan contar con los permisos sanitarios, si los nueve almacenes destinados para recibir los productos cuentan con todo lo necesario para resguardar su calidad y cómo se hará la distribución, aunque para ese tema Hacienda ya está preparando una licitación por separado.
Con esta licitación el gobierno busca lograr ahorros, pero la lista de precios máximos de referencia encendió las alertas de algunas empresas, luego de que se diera a conocer que el gobierno quiere comprar un marcapasos en 90.87 pesos y un paquete de 100 jeringas por 0.98 pesos.
En entrevista con LA SILLA ROTA, Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, declara que uno de los peligros que hay en estos precios bajos es que Hacienda esté considerando como referencia medicamentos e insumos que se venden en países que no cuentan con los mismos estándares de calidad y efectividad que tiene México.
“Esos precios de referencia no coinciden con los precios de mercado, incluso a nivel internacional. Entonces, además de la duda de entender cómo fue el método, las fuentes y el criterio para establecer esos precios de referencia, se eleva el nivel de preocupación de que la intención sea provocar un aparente ahorro en los precios de adquisición porque están comparando con medicamentos que tienen un origen en países que tienen órganos reguladores que tienen estándares más bajos de certificación”, advierte.
Destaca que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es un órgano regulador sanitario que cuenta con reconocimiento a nivel internacional por sus altos estándares, sólo después de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, porque tiene procesos y requerimientos robustos para poder hacer las pruebas de bioequivalencia y para obtener registros sanitarios y permisos de importación.
Cuando comparas una medicina que tiene un precio de referencia muy diferente, pues ya estas hablando de que se están considerando medicamentos que no tienen los mismos procesos de calidad ni los mismos niveles de seguridad que se le da a la población, como los que pasa la Cofepris”, enfatiza.
El tema de los precios máximos de referencia lleva a otro posible problema en la licitación, ya que se prevé que algunas de las claves queden desiertas porque a las empresas no les es posible lograr esos costos y porque no se sabe si la fecha de entrega de medicamentos será en los primeros días de julio, como estaba señalado. De ser así, sólo podrían cumplir los laboratorios que tuvieran productos en stock.
Algunas empresas pueden decidir no participar y eso puede provocar que un mayor número de claves queden desiertas. ¿Cuál es el problema? Nuevamente el riesgo de que puedan remitirse las autoridades a comprar un producto de mala calidad o de poca seguridad para la población o que al no poder obtener el medicamento, se exacerbe el problema de desabasto que ya día con día se va acrecentando”, destaca Devlyn.
Esta situación se presenta porque la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, no explicó en ningún momento cómo se realizó la investigación de mercado que se hizo previamente, ni las fuentes ni el criterio que se utilizó para definir los precios de referencia.
A dos días de que se realice la presentación de propuestas y a una semana del fallo, el presidente de la Comisión de Salud del CCE enfatiza que llegan a esa cita con un “clima de incertidumbre, de dudas, de falta de claridad, la cual no abona a que las empresas en lo individual logren entrarle a la compra consolidada, a hacer ofertas que contribuyan a generar ahorros”.
“El entorno que se palpa, que se siente, es de falta de certeza, de cualquier manera el sector privado está eligiendo seguir colaborando y trabajando en equipo con el gobierno, esperando que los plazos que se ofrezcan hacia a delante para las entregas, sean realistas, que toquemos esto con mucha responsabilidad, principalmente porque aunque vamos a trabajar todo para combatir la corrupción y para generar ahorros para el gobierno, tenemos que recordar que en este caso en particular de salud, estamos hablando de personas, de pacientes y de vidas”, enfatiza.