El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, se pronunció por la procuración de los derechos humanos en la discusión de las iniciativas de ley sobre seguridad interior que se discutirán en el congreso mexicano, la cual debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas propias.
“La participación de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”, aseguró González Pérez durante la presentación del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Indicó que la un marco normativo que regule las tareas de las fuerzas armadas no implica la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que México enfrenta.
González Pérez dijo que la emisión de una ley de Seguridad Interior requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente las consecuencias, tanto positivas como negativas, que ha ocasionado la actividad de las fuerzas armadas, y se escuche a la sociedad, a expertos, académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder y a los propios miembros de los institutos armados.
“La seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; las fuerzas armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable”, consideró
El presidente de la CNDH, señaló que el carácter extraordinario de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea.
Informó que en el 2016 la CNDH emitió 72 recomendaciones por violaciones a derechos humanos dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20% frente a lo registrado en 2015.
Las cinco autoridades que fueron destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo fueron el IMSS con 15 casos; la Secretaría de Marina con 7; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad con 6 casos, respectivamente; y la Secretaría de la Defensa Nacional con 5.
Hizo un llamado a generar “un cambio ético en la vida institucional y pública de nuestro país”, en el que se ubique los derechos humanos como eje y parámetro de toda política pública.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el respeto a los derechos fundamentales obliga a la defensa de la democracia y sus instituciones.
"La mejor forma de garantizar la dignidad humana es aplicando la ley, y para que se aplique, México requiere de instituciones fuertes”, afirmó.
El ejecutivo federal expuso que “todos debemos asumir la parte que nos corresponde: poderes, órdenes de gobierno, instituciones, y la sociedad en su conjunto" en la promoción y defensa de los derechos humanos.
mals