Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgara la víspera la Ley de Seguridad Interior, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que esta legislación es constitucional, mientras que la representación en México de Amnistía Internacional (AI) la calificó de un grave retroceso.
En entrevista en Radio Fórmula, Sales Heredia detalló que aún falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indique si se apega plenamente a la Constitución de nuestro país.
El funcionario federal remarcó que desde su punto de vista la legislación no tiene visos de inconstitucionalidad.
Subrayó que es falso que como resultado de estas nuevas reglas, ahora se puedan catear domicilios sin órdenes previas o espionaje.
Afirmó que la Ley de Seguridad Interior retoma las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, así como de defensores de derechos humanos.
“Estamos convencidos de que está apegada a la Constitución, nosotros creemos que no hay ningún problema”, apuntó.
Finalmente, indicó que esta ley no implica la violación de los derechos fundamentales de los mexicanos y negó que militarice al país, sin embargo, admitió que algunos temas pueden trabajarse independientemente a la legislación.
Esto dice Amnistía Internacional
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, declaró que “es lamentable que el Presidente haya decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior a pesar de las múltiples evidencias en su contra y negándose a escuchar a organismos internacionales de derechos humanos que han advertido de las graves consecuencias de la presencia de las fuerzas armadas en las calles”.
Remarcó que esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”.
Aseguró que “Enrique Peña Nieto ha perdido la oportunidad de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos, emitiendo una ley que los pone en grave peligro”.
lrc