Gobierno Federal

Las veces que México rechazó informes internacionales

Por lo menos en cuatro ocasiones el gobierno federal ha rechazado las conclusiones de diversos reportes sobre violencia, seguridad y Derechos Humanos

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 10/05/2017 07:01 p.m.

Las veces que México rechazó informes internacionalesSede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto tomada de la web.

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Luego de que México fue catalogado como el segundo país más letal del mundo por un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), junto con la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado en conjunto en el que señalan que dicho ranking no tiene sustento.

Las dependencias federales aseguran que en el informe “utiliza cifras cuyo origen se desconoce y refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas, y aplica términos jurídicos de manera equivocada”.

En el reporte señala que en México existe un “conflicto armado (no internacional)”, sobre ello la Cancillería y la Segob señalan dicha postura como incorrecta.

“La existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país. En este sentido, el reporte buscar dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, que no son comparables ni medibles entre sí”, detallan las instancias federales.

El IISS subraya que Siria registró un total de 50 mil muertos como producto de la guerra civil que se vive en ese país, mientras que en México se hizo un conteo de 23 mil pérdidas de vidas humanas.

Sobre esto, la postura oficial dice que el número de homicidios a nivel nacional en 2016 aún no ha sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que se desconoce el origen de la cifra utilizada en el reporte.

Sin embargo, dicha dependencia detalló que en 2015 hubo 20 mil 525 homicidios en México, una cifra no muy lejana a la detallada en el informe.

Esta no es la primera ver que autoridades mexicanas, en particular la SRE, rechaza informes o posturas de carácter internacional que exponen la situación en materia de seguridad y derechos humanos en el país.

“En México la tortura no es generalizada”, SRE a la ONU

En 2015, el relator el Relator Especial contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, presentó su informe anual de actividades, en el que hizo referencia de su visita a México en 2014 y de su informe especial, en el que advirtió que en el país la tortura era generalizada al momento de la detención de presuntos delincuentes.

Sin embargo, la SRE a través del embajador Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, contestó en sesión del Consejo de Derechos Humanos que México reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el relator” de Naciones Unidas.

De acuerdo con la cancillería, el documento de la ONU “no corresponde con la realidad, ni refleja los enormes esfuerzos que se han desplegado para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respecto a los derechos humanos”.

Lomónaco Tonada advirtió que la tortura no puede ser una práctica generalizada cuando el relator Méndez apenas pudo presentar 14 casos documentados.

Además, explicó que fuera del calificativo "generalizada", el Gobierno mexicano acepta seguir trabajando en la prevención y eliminación de la tortura y la aprobación de una Ley General contra la Tortura y otra Ley contra la Desaparición Forzada.

“No compartimos la metodología”, SRE a la CIDH

En el reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.

En respuesta, la en ese entonces titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu, repudió el informe y reiteró que “no compartimos la metodología que dio origen” al documento de 236 páginas que publicó ayer el organismo regional.

Junto con la Segob y la Procuraduría General de la República (PGR), la cancillería emitió un comunicado en la que menciona que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.

“El Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, mencionó la SRE y agregó que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.

La dependencia federal aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.

Por su parte, James Cavallaro, presidente de la CIDH, reiteró que el informe es “muy duro” y llamó al gobierno a reconocer que la crisis de derechos humanos que vive México es “extremadamente grave”.

Para el organismo no gubernamental los casos sintomáticos como los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales o la práctica generalizada de la tortura, no puede ignorarse.

“El informe no refleja los esfuerzos sin precedentes”, SRE a Amnistía internacional

El 14 de enero de 2016, la SRE difundió una tarjeta informativa en la que aseveró que el informe anual de Amnistía Internacional (AI) “no refleja los esfuerzos sin precedentes” que el gobierno emprendió para enfrentar el fenómeno de desaparición forzada.

La cancillería dijo extrañarse de que el reporte de la organización internacional omite señalar que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas no incluye únicamente a personas víctimas de una presunta desaparición forzada, sino a todas las personas extraviadas o no localizadas por cualquier otro motivo.

Por lo anterior, la SRE considera que la cifra de casos que presenta el registro y que utiliza Amnistía Internacional en su informe no es un referente objetivo ni debe ser considerado como tal para evaluar la magnitud real del problema de la desaparición forzada de personas en México.

Sobre el mismo tema, pero un año antes, en febrero de 2015, la SRE descalificó las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, con el argumento de que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.

La actual administración del presidente Enrique Peña Nieto parece mantener una constante negación ante los señalamientos de organismos internacionales sobre la crisis de derechos humanos en México.



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