Dos fueron las reservas naturales que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) remató durante la administración de Rosario Robles Berlanga.
A saber, se trata de las reservas nacionales Punta Mazo y Monte Ceniza, dos espacios de más de 1,600 hectáreas ubicadas en la Bahía de San Quintín, Baja California, reporta Milenio Diario. La asociación civil Terra Peninsular asegura que compró dichas reservas en 2012 en 10 millones de dólares, por lo que ha interpuesto una demanda en contra de Robles.
De acuerdo con el director de la organización, César Guerrero, cuando en 2017 iban a pagar el predial de los terrenos en la oficina de Catastro de Ensenada, en el lugar les dijeron: “No debes nada porque hay títulos que acaban de ser asignados y sobrepuestos a tus títulos de propiedad”, dijo.
Tras dicho movimiento de la Sedatu en que se sobrepusieron 10 títulos de propiedad, se beneficiaron nueve individuos, quienes se habrían hecho de las reservas mencionadas a un precio que osciló los 55 y 75 pesos por hectárea, es decir, una compra total de 127 mil 523 pesos.
Sin embargo, la venta se hizo por separado a Héctor Bojórquez, ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y también exdiputado local; Daniel Salazar, Everardo Bayón, Mario Gerardo Rivera, Francisco Sesma, Manuel Fernández, Miguel Valadez, Juan Manuel Cota y Guadalupe Díaz.
MONTE CENIZA
Por la Reserva Natural Monte Ceniza, en 2016 Terra Peninsular pagó 4 millones de dólares. Así se asienta en la escritura pública 112761, emitida por el notario público No. 3 de Ensenada, Rodrigo Armada Osorio.
En abril de 2017 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entonces a cargo de Alejandro del Mazo, hizo la entrega del certificado de la Reserva Natural Monte Ceniza como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación; Terra Peninsular recibió dicho documento.
Pese a ello, se realizó la superposición de títulos.
En el Registro Público de la Propiedad, el título 1021351 a nombre de Héctor Bojórquez Quintero, abarca un lote de 300 hectáreas al interior de la reserva entregada a la ONG por Conanp, dicho emplazamiento fue nombrado El Mirador y fue adquirido por 16 mil 700 pesos.
Por su parte, los nueve compradores arguyen que las hectáreas en cuestión en el año de 1984 fueron declarados terrenos nacionales que forman parte del triángulo Tecate-Ensenada-Tijuana. No obstante, dicha zona se encuentra a 120 kilómetros de la Bahía de San Quintín.
Ante la venta indebida, Terra Peninsular presentó un recurso de ampara con el que logró la restitución de los títulos.
Adicionalmente, se demandó a la entonces titular de la Sedatu, Rosario Robles, así como a los nueve implicados, quienes se dicen víctimas de despojo y han contrademandado. El juicio sigue en pie.
“Tenemos miedo de que la sentencia se dicte en nuestra contra y que sigan ganando estos actos de ilegalidad y corrupción, que además se pierdan las tierras, un espacio de valor ambiental, porque sabemos que después los venden a desarrolladores”, expone la organización a través de su dirigente.
djh